Directores de ciertos organismos estatales siguen superando el sueldo del Presidente de la República
Santo Domingo, 20 de junio – Las discrepancias salariales en el sector público dominicano han generado una gran controversia, evidenciando una falta de uniformidad y equidad en los sueldos de los empleados estatales.
Sorprendentemente, algunos asistentes técnicos perciben salarios más altos que los ministros, mientras que directores de ciertos organismos superan incluso el salario del presidente de la República.
Actualmente, la nómina estatal, que incluye entre 700,000 y un millón de empleados, debería estar bajo un estricto escrutinio. Sin embargo, los esfuerzos para regular y normalizar estos salarios no han avanzado significativamente. Un ejemplo es el anteproyecto de ley destinado a regular la nómina estatal, que aún no ha sido despachado desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
El caso de un asistente técnico de Edesur Dominicana, cuyo salario supera al de cualquier ministro, y el de un director del Banco Central de la República Dominicana, que gana más que el presidente Luis Abinader, son muestras claras de estas discrepancias.
Aunque existen puestos con altos requerimientos académicos y técnicos que justifican salarios elevados, como los del Banco Central y otros organismos de regulación financiera y fiscal, otros cargos parecen carecer de un criterio profesional definido, siendo ocupados por políticos del partido en el poder sin las cualificaciones adecuadas.
La Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado establece los sueldos para el Gobierno Central y las entidades descentralizadas, con rangos que van desde menos de 10,000 pesos, como el de un obrero de las alcaldías, hasta más de 1,600,000 pesos para la máxima autoridad del Banco Central. Según el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, esta normativa, promulgada en 2013, presenta defectos debido a los topes salariales establecidos.
En la actualidad, el presidente de la República percibe un salario mensual de 450,000 pesos, mientras que la vicepresidenta, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y los magistrados del Tribunal Constitucional ganan 400,000 pesos. Otros altos funcionarios, como los ministros, la procuradora general de la República, el contralor y el defensor del pueblo, reciben 300,000 pesos mensuales.
El artículo 5 de la Ley 105-13 establece que «ningún servidor público del Estado dominicano podrá devengar un salario mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado». Sin embargo, esta misma ley permite que las instituciones descentralizadas establezcan su régimen de remuneraciones. Por ejemplo, dos asistentes técnicos de Edesur Dominicana tienen salarios de 335,000 pesos, más altos que el de cualquier ministro.
Además, los directores de Aduanas e Impuestos Internos ganan 630,919 y 598,772 pesos respectivamente, superando el salario de su superior inmediato, el ministro de Hacienda, y el del presidente de la República.
En 2021, Participación Ciudadana analizó estas «diferencias abismales» en los salarios públicos e instó al Estado a corregir estas anomalías, argumentando que vulneran el derecho de los trabajadores a tener sueldos dignos y de calidad. Años después, la situación permanece sin cambios.
En julio de 2022, durante un período de optimización del gasto debido a la pandemia del COVID-19, el superintendente de Electricidad, Rafael Velasco Espaillat, y los miembros del Consejo Directivo de dicha institución se aumentaron el salario en un 26 %, llevándolo de 596,000 a 751,000 pesos mensuales. Esta acción generó críticas, incluyendo las del presidente Abinader, quien calificó la medida de «imprudente». La controversia llevó a Velasco Espaillat a renunciar, y al ministro Castillo a reconocer que se violaron las normas al aumentarse los sueldos sin la aprobación del MAP.
En agosto de ese mismo año, Castillo presentó un reglamento de aplicación de la ley en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, pero esto cambió. «Decidimos que no valía la pena reglamentar esa ley con las dificultades que tiene para su aplicación; era mejor cambiar la ley», dijo el funcionario.
El MAP entonces preparó un anteproyecto de modificación de la Ley 105-13 y lo envió a la Consultoría Jurídica, aunque aún no ha sido sometido al Congreso Nacional. La nueva propuesta eliminaría los topes salariales y establecería que los salarios del presidente y de los ministros se determinarán en función de los sueldos mínimos, facilitando la creación de escalas salariales para otros niveles y permitiendo la captación de mejores talentos.
Durante el periodo 2000-2004, Castillo fue director de la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) – hoy el MAP-, dependencia de la entonces Secretaría Técnica de la Presidencia. En ese tiempo, hubo un intento de cuantificar la nómina pública a través de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Más de 20 años después, pese a que la Ley de Función Pública ordena una plataforma con la nómina estatal, aún no se sabe con exactitud su magnitud. El ministro estima que son más de 700,000 empleados, sin contar las 393 alcaldías y juntas municipales.
Actualmente, el MAP trabaja en la creación del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Sigei), mediante el cual se establecerá el número exacto de empleados y las instituciones donde trabajan. Una vez implementado, el Sigei podría revelar que el Estado emplea hasta un millón de personas. Castillo reconoce que todavía hay instituciones, incluso del Gobierno Central, que no tienen sus nóminas en el MAP.
Con datos de Diario Libre
