Doce comunidades, once del PP, piden al Gobierno que cese sus políticas contra el turismo
Sevilla, 23 oct.- Once comunidades autónomas gobernadas por el PP, la ciudad autónoma de Melilla (regida también por los populares) y Canarias, donde gobierna Coalición Canaria con el apoyo del PP, ha suscrito este jueves la denominada ‘Declaración de Sevilla’ en la que exigen al Gobierno que abandone las políticas que «atacan y desprestigian al turismo» y «deje de alentar los movimientos antiturismo».
El documento, que se ha hecho público en el marco de la feria de innovación en el turismo (TIS), reúne a Andalucía, Aragón, Canarias (donde CC gobierna en coalición con el PP), Murcia, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, la Rioja, Extremadura y Melilla, regiones que concentran en torno al 70 % del turismo nacional y el 75 % del internacional.
Lealtad institucional
El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha dicho que con esta declaración reivindican el turismo como una gran industria nacional y exigen al Gobierno de España el respeto a las competencias exclusivas de las comunidades en ordenación turística y territorial.
Desde la defensa de la industria turística como motor económico, estas regiones rechazan el «discurso simplista y culpabilizador del Gobierno para atacar y desprestigiar al turismo a través de las acusaciones permanentes de que el principal motor económico del país sea el responsable de su falta de acción».
Además, denuncian la quiebra de la lealtad institucional por parte del Gobierno, que se evidencia por la ausencia de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023, una situación que les «obliga a coordinar y elevar sus propuestas fuera de los cauces oficialmente establecidos».
Los firmantes abogan por separar vivienda y turismo y aseguran que «la crisis de acceso a la vivienda» supone «un problema estructural ajeno al turismo y provocado por el fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y distintos factores que requieren acciones decididas sobre la base de un diagnóstico correcto del problema y no en la búsqueda continua de culpables».
Las viviendas de uso turístico
Las viviendas de uso turístico (VUT), cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica competente, son una figura de alojamiento que contribuye a la revitalización de los centros urbanos y complementa nuestra oferta, «no la causa de la desigualdad ni de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a todo el país», añaden.
La declaración también aborda el fenómeno de la masificación turística que consideran que es una consecuencia directa de la «ineficacia del Gobierno Central para frenar la migración interna desde la España vaciada».
Asimismo reclaman la revisión del Real Decreto sobre el Registro Único de viviendas turísticas y consideran urgente definir el alquiler de temporada que sí es competencia exclusiva del Estado y que se haga bajo criterios temporales coherentes con la normativa turística autonómica.
En cuanto al transporte, critican la «visión mercantilista del Gobierno en la gestión de los aeropuertos regionales» y proponen que se realice conjuntamente con las Comunidades Autónomas en función de objetivos de desestacionalización y desconcentración de la demanda y plantean que se facilite la integración de los aeropuertos con la red ferroviaria. EFE