¿Dónde están los resultados del combate a la corrupción?
Felipe Ciprián
Una de las banderas que levantó más alto el gobierno de Luis Abinader fue la lucha contra la corrupción, tras captar el voto castigo por el inmenso interés del pueblo dominicano por extirpar el tumor que acaba con el patrimonio público en todos los gobiernos.
Fiscales y policías tomaron por asalto la sede de la Cámara de Cuentas el 22 de febrero de 2021 y cargaron con todo tipo de documentos de trabajo de ese órgano de control externo de la administración pública.
Con el pretexto de luchar contra la corrupción, el gobierno aprovechó el repudio popular a los corruptos para destruir al principal partido de oposición –el PLD-, y tratar de perpetuarse en el poder.
Por esa razón el ministerio público de este gobierno no ha perseguido a uno solo de los más de 20 ministros y funcionarios de alto nivel que han sido destituidos de sus funciones en medio de escándalos públicos de prácticas corruptas.
La mal llamada independencia del ministerio público se detiene cuando los sospechosos de corrupción son exfuncionarios del actual gobierno, que ninguno ha sido llamado a interrogatorio y mucho menos ha sido allanado, arrestado, llevado engrillado a una cárcel con un expediente bautizado con un mote denigrante como se ha hecho con dirigentes opositores.
Si alguien lo duda, que pregunte cuál fiscal ha molestado a los exministros botados del gobierno por Abinader en tres años y medio de gestión.
El último escándalo, muy sonoro él, lo destapó en octubre pasado el propio gobierno porque a sabiendas de que la oposición tenía conocimiento de la magnitud del fraude, trató de exhibirse como implacable.
Hablo de los convenios del Intrant para la instalación de semáforos y otras soluciones en la capital, que forzaron la “licencia” de Hugo Beras y la suspensión del contrato suscrito con una firma privada por un monto de RD$1,317.3 millones, “tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación”.
Contra el PLD sí
Mientras nadie toca a los suyos para que respondan en la justicia por sus actos, Abinader y sus socios en el PRM lanzaron desde el gobierno una cacería selectiva que llevó a la cárcel de forma administrativa a exfuncionarios y familiares inmediatos del expresidente Danilo Medina.
Aunque Abinader suele decir que no traza pautas al ministerio público para perseguir la corrupción, su discurso al país del 8 de octubre de 2020 es un expediente completo en su contra que lo inculpa de ordenar la persecución política contra sus oponentes.
Esa noche, al hablar 53 días después de subir al gobierno, Abinader acusó a los dirigentes del PLD de transformar el gobierno en “un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado”.
El gobernante dijo más al afirmar que “la máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad”.
Pero como el PLD no había inaugurado la corrupción gubernamental en un país que había sido gobernado antes por Salvador Jorge Blanco, Jacobo Majluta, Antonio Guzmán e Hipólito Mejía, para solo citar a los compañeros de partido de Abinader, había que buscar sus cómplices.
En ese discurso Abinader señaló expresamente y por su nombre a la Cámara de Cuentas de entonces, a la que acusó de ser cómplice directa de la corrupción peledeísta.
Sus palabras textuales fueron: “Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado”.
Comienza la cacería
Reconozco que el ministerio público nunca ha esgrimido el carácter “independiente” con que lo bautizó Abinader y sus socios en el gobierno.
Y no puede hacerlo porque su persecución de la corrupción se ha ceñido estrictamente al guion elaborado por su jefe, que va dirigido en exclusiva contra el PLD y las agresiones nunca vistas contra la Cámara de Cuentas que él estigmatizó.
Cincuenta días después del discurso de Abinader, se inició la cacería. Fueron allanadas las residencias de exfuncionarios y las de los hermanos de Danilo, y todos fueron enviados a la cárcel con un derroche de exhibicionismo, y horas después, fueron filtradas a la prensa las imputaciones que se llevarían al juez para “legalizar” su apresamiento y el vejamen de que eran objeto por parte del gobierno.
Simultáneamente comenzaron a ser llamados los miembros de la Cámara de Cuentas desde la Procuraduría General de la República, donde se les interrogó durante meses hasta que el 22 de febrero de 2021, trullas de policías guiados por fiscales hicieron un allanamiento en las oficinas de ese órgano auditor independiente de la administración pública.
La Cámara de Cuentas es un poder constitucional independiente del gobierno, por lo que en un régimen de derecho no es posible que una dependencia del poder Ejecutivo como lo es la Procuraduría General, se constituya en un supra poder para humillar a sus miembros y catear sus oficinas.
Por increíble que parezca, lo cierto es que el ministerio público se burló de las competencias constitucionales asignadas expresa y únicamente a la Cámara de Cuentas cuando irrumpió en sus oficinas y se incautó del material de trabajo del órgano externo de control de las cuentas del Estado.
Eso motivó que los acosados miembros de la Cámara de Cuentas acudieran al Tribunal Constitucional para solicitar una sentencia que determinara que el ministerio público estaba ante un conflicto de competencia, porque no podía trazarle pautas del trabajo de ese órgano ni pedirle que entregara insumos de sus investigaciones.
Como era evidente que el Tribunal Constitucional fallaría reconociendo la autonomía de la Cámara de Cuentas y sus atribuciones, así como poniendo de manifiesto la arbitraria acción de acoso de la Procuraduría, el gobierno apresuró la elección de una nueva cámara.
Una vez electos los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas encabezada por un hombre de la confianza y el entorno de Abinader, estos hicieron formal desistimiento del recurso que estaba en el Tribunal Constitucional, y así lo aceptó la Procuraduría.
¿Cuántos años de prisión cayeron sobre los miembros de la Cámara de Cuentas que Abinader acusó de ser cómplices de los ladrones del PLD?
¿Cuáles son los resultados judiciales de los interrogatorios a los miembros de la Cámara de Cuentas y qué utilidad tuvieron los camiones de materiales que se llevaron los fiscales del allanamiento de las oficinas de ese órgano de control externo del Estado?
De eso solo quedan los atropellos, daños morales y las humillaciones hechas por la Procuraduría contra esos servidores públicos.
La nueva Cámara de Cuentas de Abinader rápidamente se convirtió en un modelo de inoperancia, de discordias y de denuncias de acoso sexual presentadas contra el presidente de ese organismo por dos integrantes del mismo.
¿Dónde están las auditorías de la nueva cámara? ¿No fue la falta de auditorías serias lo que motivó a Abinader a acusarla de ser parte del blindaje de los funcionarios del PLD corruptos?
¿Acaso esta Cámara es parte del blindaje de los escándalos de este gobierno?
Nadie se haga el tonto
La lucha contra la corrupción que encarnó la Marcha Verde fue instrumentalizada como voto para el PRM por Abinader y críticos fecundos que luego se acotejaron en el gobierno del “cambio” como funcionarios o como suplidores de servicios de prensa.
Abinader y su ministerio público no persiguen a sus socios corruptos del PRM y los críticos fecundos de pasados gobiernos, ahora son mudos y sordos ante el vendaval de penurias, despilfarro, corrupción e impunidad que impera.
Que Abinader actúe así no me sorprende, pero que gente que se ganó un espacio de credibilidad en el pueblo se convierta en cómplice por acción y por omisión, simplemente me apena.
Esos tribunos populares deben ser consecuentes y montarse en el camión para pedir al pueblo que vote por la reelección, como lo hace Guillermo Moreno, dando su cara, su voz y su sabiduría.
¡Pobre del que se deja asesinar su alma para contribuir a hundir al país!
Listín Diario
