Dos casos de violación grupal estremecen a la República Dominicana

Por Manuel Jiménez

Santo Domingo, 2 de septiembre. – La República Dominicana vive días de indignación y debate tras destaparse dos casos de violación sexual en grupo que han puesto a prueba a la justicia y han sacudido a la opinión pública.

Uno de ellos involucra a una adolescente de 13 años en San Francisco de Macorís; el otro a una joven de 21 años en Villa González, provincia Santiago.

Los relatos de las víctimas, los expedientes judiciales y las respuestas del Ministerio Público configuran un escenario en el que se mezclan el drama humano, el cuestionamiento social y las debilidades de un sistema que todavía no logra dar respuestas contundentes a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

El caso de Villa González: la violación que salió a la luz en redes sociales

El 26 de agosto, una joven de 21 años descubrió con horror que había sido víctima de una violación grupal ocurrida meses atrás, cuando comenzaron a circular en redes sociales videos que documentaban el abuso.

El hecho se produjo el 17 de marzo en una residencia del municipio Villa González, tras una salida a un bar local.

Según el expediente del Ministerio Público, la víctima estaba en compañía de su amiga Nayeli Sierra Cabrera en el bar El Polo York.

Al sentirse indispuesta, fue supuestamente auxiliada por Yamir Fernando Pérez Toribio (alias “Ferere”) y un cómplice identificado como Erik Castro Álvarez o Eriberto Castro Díaz (alias Álvarez o Pochon). Ambos se ofrecieron a trasladarla a un centro de salud, pero en lugar de hacerlo, la llevaron a la residencia de “Ferere”, donde la sometieron a una violación múltiple.

El documento judicial es contundente: “Fue forzada por los imputados, quienes ejercieron poder, control y dominio total sobre la víctima, turnándose cada uno de ellos, como si fuera un objeto, para cometer esta violación grupal”.

Los agresores grabaron los hechos y difundieron los videos cinco meses después, lo que marcó un doble impacto en la víctima: primero la agresión, luego la humillación pública.

Hasta el momento, han sido arrestados seis hombres: Yamir Fernando Pérez Toribio, José Alfonso Rubiera Rodríguez (alias Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (alias Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (alias El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio (alias Bebé) y Oniel Rafael Pichardo Martínez (alias Contreras). El séptimo implicado, Erik Castro Álvarez, sigue prófugo.

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Asimismo, busca autorización para identificar la dirección IP de quienes divulgaron los videos.

El relato de la víctima

La joven narró a las autoridades que esa noche salió al colmado con su amiga Nayelis. Ambas consumieron bebidas alcohólicas, hasta que perdió el conocimiento.

Lo último que recuerda es haber estado en la puerta de un hospital en compañía de los imputados, antes de despertar al día siguiente en su propia cama, con dolores abdominales y en estado de confusión.

“Cuando despierto, me siento aturdida, con dolor de cuerpo, y vuelvo a dormir. Cuando reviso el celular, encuentro mensajes de mi amiga preguntando qué me pasó. Días después una vecina me dice de los videos, y ahí todo cobra sentido. No pude verlos completos, pero me reconocí”, relató.

El testimonio revela además contradicciones en la versión de su amiga Nayelis, quien le aseguró a la madre de la víctima que ella se había quedado con su pareja esa noche, ocultando lo ocurrido.

“Me dio vergüenza, quería quedarme en Santo Domingo, pero mi mamá me dijo que tenía que enfrentarlo”, confesó la joven.

El caso de San Francisco de Macorís: una menor drogada y agredida

El segundo caso ocurrió el 13 de agosto en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Una adolescente de 13 años fue drogada y violada por un grupo de jóvenes en una vivienda donde compartía con amigas de entre 11 y 15 años.

De acuerdo con la investigación, los agresores suministraron sustancias narcóticas a las menores. La víctima perdió el conocimiento y fue entonces cuando aprovecharon para cometer la agresión.

La adolescente tuvo que ser ingresada en un hospital para recibir atención médica. El Ministerio Público imputó a dos adultos, quienes recibieron tres meses de prisión preventiva.

Sin embargo, los tres menores de edad que también participaron en el abuso no han sido procesados, pese a estar identificados en el expediente.

Debate social y vacío judicial

La revelación de estos casos ha generado intensos cuestionamientos hacia la justicia y la forma en que las autoridades abordan los delitos sexuales.

 En particular, la falta de acción contra los menores de edad imputados en el caso de San Francisco de Macorís ha abierto un debate sobre la efectividad de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Organizaciones feministas y de derechos humanos han advertido que la impunidad en casos de violencia sexual contra menores fomenta un clima de desprotección y revictimización.

“El silencio judicial frente a los menores identificados envía un mensaje equivocado: que la violencia contra las niñas puede quedar sin sanción”, advirtió una activista local.

El peso de la revictimización

El caso de Villa González no solo expone la brutalidad del abuso, sino también la revictimización que implica la difusión de los videos.

La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, ha pedido en reiteradas ocasiones que se eliminen imágenes de agresiones sexuales de las redes sociales, advirtiendo que quienes las difunden se convierten en “violadores digitales”.

Este fenómeno, cada vez más frecuente, multiplica el daño hacia las víctimas, obligándolas a enfrentar no solo el trauma del abuso, sino también la humillación pública.

Lo que sigue

Ambos procesos judiciales están en curso. En Santiago, la Fiscalía insiste en la captura del prófugo y en que el caso sea declarado complejo. En San Francisco de Macorís, la sociedad espera que los menores identificados enfrenten algún tipo de sanción o medida, más allá de la responsabilidad de los adultos detenidos.

La presión social y mediática mantiene el tema en la agenda pública, mientras las víctimas luchan por rehacer sus vidas en medio del dolor y la exposición.