Drogas en América Latina: de la criminalización a un modelo de salud más humano
Este es un artículo de opinión de Sergio Fernández-Artamendi, director del Máster en Intervención Psicológica en Adicciones, de la española Universidad Loyola Andalucía
SEVILLA, España (IPS) – El 17 de junio de 1971 el presidente estadounidense Richard Nixon declaró el abuso de drogas como el “enemigo público número uno de Estados Unidos”. Fue diez años después de que la Convención de Naciones Unidas prohibiera la producción y suministro de diversas sustancias. Nixon ofreció una ofensiva mundial con el fin de acabar con este “enemigo” y con los problemas relacionados con las fuentes de suministro.
Este es el motivo por el que, habitualmente, se escoge esta fecha para situar el inicio de la “Guerra contra las Drogas”.
¿En qué consiste esta estrategia? En primer lugar, en un enfoque de criminalización del consumo y la posesión de drogas. En segundo lugar, en una política intervencionista global para frenar la producción de estas sustancias, particularmente en Latinoamérica como suministrador principal de drogas a los Estados Unidos y otros países occidentales.
Los resultados de la Guerra contra las drogas
Esta estrategia, continuada por Ronald Reagan y activa aún en nuestros días, ha derivado en un elevado número de personas encarceladas en Estados Unidos por consumo, posesión o tráfico de drogas, particularmente afroamericanos e hispanos. Pero también ha tenido consecuencias en Latinoamérica y, sobre todo, en Centroamérica, por el intervencionismo político y militar para acabar con los poderosos cárteles que producen y transportan drogas desde países como México o Colombia.
Cincuenta años después, se calcula que Estados Unidos ha gastado más de un un billón (millón de millones) de dólares en la guerra contra las drogas.
Diversos países centroamericanos viven una constante inestabilidad y corrupción política, así como conflictos e inseguridad ciudadana derivada de las batallas del narcotráfico, mientras en casos como el de México son miles los fallecidos. Mientras tanto, los países norteamericanos y de la esfera occidental siguen liderando el consumo de alcohol y otras drogas, en un fracaso evidente del control de la oferta.
No es de extrañar por ello que en los últimos años haya ido creciendo el consenso en torno al fracaso de la guerra contra las drogas, con diversas entidades abogando por políticas centradas en la salud. En palabras de Kofi Annan, cuando era secretario general de las Naciones Unidas (1997-2006), “las medidas basadas en ideologías represivas deben ser sustituidas por políticas más humanas y eficaces a partir de evidencias científicas, principios de salud pública y respeto a los derechos humanos”.
Retomando aquel día de 1971, es interesante recordar que Nixon propuso algo más, que pasó bastante inadvertido: una nueva organización de las agencias del Gobierno responsables de la rehabilitación de las personas con adicciones, con el objetivo de trabajar juntas en investigación y educación.
El ejército peruano durante una campaña contra la producción de cocaína en el valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro. Foto: Shutterstock / David Huamani Bedoya
De la criminalización a la construcción de un modelo sanitario
La propuesta de crear un nuevo modelo de salud se fundamenta en dos pilares. Por una parte, la descriminalización del consumo. Por otra, la implementación de estrategias sanitarias. Su eficacia y eficiencia constituyen el modelo a seguir.
Uno de los ejemplos de descriminalización es el de Portugal. A finales del siglo pasado, este país despenalizó las pequeñas posesiones de drogas. Pero, además, desplegó un modelo sanitario y de reducción de daños con programas de sustitución de heroína por metadona e incluyendo la atención a los consumidores en el sistema sanitario. Los usuarios dejaron de ser tratados como delincuentes desde las instituciones para pasar a la esfera sanitaria, con resultados muy positivos.
Lamentablemente, algunas medidas fueron revertidas y este modelo aún requiere de mejoras en áreas como la reducción de daños. No obstante, este enfoque claramente más humanizado ha logrado reducir el estigma y ha facilitado la recuperación.
El autor, Sergio Fernández-Artamendi
La otra estrategia necesaria es el desarrollo de una red de apoyo social y sanitaria para los consumidores. Esto debe incluir tanto estrategias de prevención basadas en la evidencia como el acceso a tratamientos eficaces.
Pero ¿qué es la prevención basada en la evidencia? Se trata de estrategias y programas preventivos adecuadamente evaluados y validados, de eficacia probada, conforme a estándares internacionales. En los últimos años hemos visto el éxito de experiencias ambiciosas como ‘Planet Youth’, que, más que un programa en sí mismo, se trata de una metodología de elaboración de programas.
¿Cómo funciona este modelo? En primer lugar, se realiza una evaluación de las necesidades específicas de cada comunidad. A continuación, se despliegan múltiples actuaciones preventivas eficaces adaptadas a estas necesidades, en las que se integren las instituciones locales y regionales.
En función de la comunidad, estas medidas podrán incluir: formación en prevención a personal sanitario, policías y otros profesionales, aumento de la oferta de ocio saludable y actividades culturales gratuitas para los jóvenes, escuelas para padres, puntos informativos en zonas de ocio nocturno, toques de queda para menores de ciertas edades, etc. Su aplicación, en distintos países del mundo (incluido Chile) suponen un buen modelo de trabajo.
Jóvenes de diferentes nacionalidades an Antioquia, Colombia. Foto: Shutterstock / Alexandre Laprise
Cómo mejorar este modelo de salud
Sabemos que las estrategias de control de la oferta (subida de precios, limitación de acceso, reducción de la disponibilidad o control estatal de la oferta) son medidas eficaces para la reducción del consumo y el uso problemático de drogas. Pero no son la única estrategia.
Debemos desplegar también programas de prevención con carácter social y comunitario y basados en la evidencia. También estrategias de reducción de daños, asistencia sanitaria y tratamientos eficaces y accesibles. Para ello, es necesario disponer de instituciones comprometidas con estos objetivos, a nivel local y nacional, pero también internacional ya que, por supuesto, se necesitan recursos.
Además, estas estrategias deben implementarse primero en los países occidentales (principales consumidores), con el fin de reducir la demanda de sustancias. Pero también en América Latina.
La inestabilidad política, la corrupción, la debilidad institucional, la falta de recursos o el analfabetismo funcional en las zonas más vulnerables son grandes obstáculos para el abordaje de los problemas de adicción en muchos países. Pero incluso en estos contextos, con los medios adecuados, la prevención y particularmente la prevención comunitaria puede ser eficaz.
El prohibicionismo y las estrategias de guerra contra las drogas no parecen arrojar buenos resultados tras décadas de inversiones milmillonarias y daños sociales incalculables. Las medidas de control son necesarias, pero no deben ser la única estrategia.
Las adicciones son un problema de salud pública y como tal requieren medidas sanitarias. Este enfoque, más humano, permite proteger y rehabilitar a los consumidores, ofreciéndoles recursos eficaces y reconstruyendo sus comunidades para darles un futuro mejor.
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.
