EE. UU. lleva a Nicolás Maduro ante la Justicia por narcoterrorismo y conspiración para inundar su país de cocaína
Washington, 3 de enero de 2026 (El País) – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, será juzgado en los Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas destructivas y corrupción, según confirmó este sábado la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.
El caso, de proporciones históricas y jurídicas inéditas, se llevará a cabo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, jurisdicción que ha concentrado algunos de los procesos más relevantes en la lucha de Washington contra el narcotráfico transnacional.
La fiscal Bondi, en una comunicación oficial difundida a través de redes sociales y confirmada por el Departamento de Justicia, afirmó que tanto Maduro como su esposa, la exdiputada y primera dama Cilia Flores, serán llevados ante la justicia norteamericana en suelo estadounidense, bajo el amparo del derecho penal federal.
La funcionaria describió a la pareja presidencial como “presuntos narcotraficantes internacionales” y difundió un documento de 25 páginas en el que se detallan las imputaciones, que incluyen múltiples delitos asociados al narcotráfico y al uso ilegítimo de estructuras gubernamentales con fines criminales.
Según el pliego acusatorio, los delitos que se le atribuyen al presidente venezolano no se circunscriben exclusivamente a su etapa como jefe de Estado, sino que datan de sus primeros años en la administración pública.
En este sentido, la acusación sostiene que desde sus días como diputado en la Asamblea Nacional, Maduro utilizó su influencia institucional para proteger operaciones de tráfico de cocaína, con apoyo de las fuerzas del orden venezolanas.
Posteriormente, como ministro de Relaciones Exteriores, habría extendido pasaportes diplomáticos a miembros de redes criminales y facilitado vuelos de repatriación de capitales provenientes del narcotráfico desde México hasta Venezuela.
Ya en el cargo de presidente, según el documento, Maduro ha permitido el florecimiento de una estructura de corrupción alimentada por el narcotráfico, en beneficio propio, de su entorno gubernamental y de su núcleo familiar.
La operación que condujo a la captura del mandatario fue ejecutada durante la madrugada del sábado por fuerzas especiales estadounidenses en territorio venezolano. Las autoridades norteamericanas han divulgado imágenes del traslado de Maduro a bordo del buque militar USS Iwo Jima, lo que confirma que fue evacuado del país y actualmente se encuentra bajo custodia de Estados Unidos.
La intervención militar, sin precedentes en tiempos recientes, fue calificada por el presidente Donald Trump como “exitosa y necesaria”, al tiempo que agradeció a las fuerzas armadas por su actuación y afirmó que la pareja presidencial ya no se encuentra en suelo venezolano.
En un comunicado posterior, Trump declaró que Estados Unidos se reserva el derecho de ejercer una autoridad provisional sobre Venezuela “hasta tanto se garantice una transición política segura y legítima”.
La afirmación ha generado reacciones inmediatas en foros internacionales y gobiernos regionales, en tanto implica un escenario de intervención que recuerda a experiencias pasadas de ocupación militar con fines políticos.
Por su parte, el gobierno de Venezuela, a través del Ministerio de Exteriores, calificó las acusaciones como una “patraña jurídica y política”, y denunció el operativo militar como una agresión imperialista y una violación flagrante de la soberanía nacional.
Diversas figuras del chavismo han exigido pruebas de vida del mandatario y han calificado la intervención como un acto de guerra que desconoce el derecho internacional. En paralelo, voceros de la oposición venezolana han emitido comunicados ambiguos, mientras en la ciudadanía reina la incertidumbre sobre la gobernabilidad inmediata del país.
El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de cincuenta millones de dólares por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro, a quien identifica como el jefe del llamado Cartel de los Soles, una presunta organización criminal integrada por altos mandos militares venezolanos involucrados en operaciones de tráfico de drogas.
Además, la administración Trump lo vincula con la banda criminal conocida como el Tren de Aragua, una red delictiva venezolana que ha expandido su influencia en América Latina y que, según informes de inteligencia, habría servido como canal de distribución de estupefacientes y blanqueo de capitales.
La fiscal general también precisó que entre los delitos imputados se encuentran conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, y posesión de armamento prohibido, incluyendo ametralladoras y dispositivos explosivos. Estos cargos, de acuerdo con la legislación federal estadounidense, podrían conllevar penas de cadena perpetua.
El senador republicano Mike Lee, inicialmente crítico respecto a la legalidad del ataque militar, aseguró posteriormente que había sido informado por el secretario de Estado Marco Rubio sobre la legitimidad del procedimiento.
Rubio, una de las figuras más activas en la política estadounidense respecto a Venezuela, reiteró que Maduro “no es presidente legítimo” y que el régimen chavista actúa como una “organización narcoterrorista con control institucional de un país”.
El procesamiento de Nicolás Maduro marca un antes y un después en la política hemisférica. A diferencia de otros casos recientes de presidentes latinoamericanos procesados en Estados Unidos —como el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico— Maduro será juzgado cuando aún se considera en funciones, un hecho sin precedentes.
En el pasado, otros líderes como Manuel Noriega, en Panamá, fueron capturados y enjuiciados por Estados Unidos, pero solo después de haber perdido el poder.
La Fiscalía también ha trazado paralelismos históricos con el caso del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, procesado en el mismo tribunal neoyorquino, así como con Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, quien fue entregado en 2024 a las autoridades estadounidenses por uno de los hijos de Guzmán para evitar su juicio.
Sin embargo, tanto Guzmán como Hernández y Zambada fueron juzgados como ciudadanos privados o expresidentes, nunca como mandatarios en ejercicio, lo que coloca el caso Maduro en una dimensión jurídica y diplomática absolutamente singular.
Analistas en Washington y en diversas capitales latinoamericanas han advertido sobre las implicaciones geopolíticas de este evento. Mientras algunos gobiernos, particularmente los alineados con la Casa Blanca, han respaldado la operación como parte de la lucha global contra el narcotráfico, otros han expresado alarma por lo que consideran una vulneración de los principios básicos del derecho internacional.
Asimismo, organismos multilaterales como la OEA y la ONU aún no han emitido declaraciones oficiales, aunque se prevé que el Consejo de Seguridad aborde la situación en los próximos días.
El juicio que enfrentará Nicolás Maduro en los Estados Unidos podría abrir un capítulo inédito en las relaciones hemisféricas, así como en el debate sobre el alcance extraterritorial de la justicia estadounidense.
Por el momento, las acusaciones son claras: el mandatario venezolano, en el poder desde 2013, habría utilizado su posición política para facilitar el tráfico masivo de cocaína hacia Estados Unidos, construyendo una red de impunidad y corrupción estatal con ramificaciones internacionales.
La fiscal Bondi concluyó su comunicado asegurando que Maduro y Flores pronto enfrentarán a la justicia, y que Estados Unidos está preparado para juzgar a quienes considera una amenaza directa a la seguridad de su población.
