EE.UU. revoca parole humanitario: medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela quedan expuestos a deportación
La Corte Suprema de EE.UU. permite revocar el “parole” humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, dejando en el limbo a más de medio millón de personas
Washington, 30 de mayo —El futuro de más de 500.000 migrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela quedó hoy en grave incertidumbre, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera permitir que la administración de Donald Trump avance en la revocación del programa de “parole” humanitario que les otorgaba residencia temporal y permiso de trabajo.
La decisión, emitida este 30 de mayo en Washington, abre la puerta a una posible deportación acelerada de cientos de miles de personas, mientras siguen los litigios en tribunales inferiores sobre la legalidad de este recorte masivo de derechos.
Según reportó Reuters, este fallo ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos, abogados migratorios y comunidades locales que dependen de la mano de obra de estos migrantes.
El programa de “parole” humanitario fue lanzado por la administración de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023, como respuesta a la crisis humanitaria y política que sacude a estos países.
Permitía el ingreso legal de hasta 30.000 personas al mes, siempre que contaran con un patrocinador financiero en Estados Unidos y superaran rigurosos controles de seguridad. Según cifras oficiales, más de 530.000 migrantes de esas nacionalidades ya habían ingresado al país bajo esta modalidad, accediendo a permisos temporales de residencia y empleo.
La administración Biden había defendido la iniciativa como una alternativa ordenada y segura para reducir los cruces fronterizos irregulares, especialmente a través de México, y para atender las necesidades humanitarias de quienes huían de contextos de violencia, represión política y colapso económico. Sin embargo, desde que Trump retomó la presidencia en enero, la política migratoria ha dado un giro radical.
El 20 de enero, apenas asumido, Trump firmó una orden ejecutiva para terminar todos los programas categóricos de “parole”. En marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció oficialmente la revocación de los permisos ya otorgados, reduciendo abruptamente los plazos de estadía de los beneficiarios.
El gobierno argumentó que, al cancelar el “parole”, los migrantes quedarían sujetos a un proceso de deportación acelerada conocido como expedited removal, facilitando su salida del país.
La medida fue impugnada rápidamente por grupos de migrantes, patrocinadores y organizaciones de derechos humanos, quienes llevaron el caso a tribunales federales. En abril, la jueza Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, dictaminó que la ley federal de inmigración no permitía la terminación masiva del programa y que cada caso debía evaluarse individualmente.
El 5 de mayo, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito respaldó temporalmente esa decisión. Sin embargo, el Departamento de Justicia, liderado por el procurador general D. John Sauer, llevó el caso a la Corte Suprema, argumentando que las decisiones de los tribunales inferiores “interferían con políticas migratorias democráticamente aprobadas” y que la autoridad del Ejecutivo en materia de “parole” es completamente discrecional.
La Corte Suprema, al aceptar la apelación de emergencia, no emitió una argumentación escrita. Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, de tendencia liberal, expresaron su desacuerdo en opiniones disidentes.
Jackson criticó duramente la mayoría, afirmando que el tribunal “claramente arruinó” su evaluación sobre qué parte sufriría más daño si se permitía la revocación mientras el litigio seguía abierto.
Según USA Today, Jackson subrayó que la mayoría “subestimó las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de manera precipitada las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos, mientras sus reclamos legales están pendientes”.
El “parole” humanitario es un mecanismo legal que existe desde los años 50. CNN recordó que fue utilizado, por ejemplo, durante la administración Eisenhower para admitir a decenas de miles de húngaros que huían de la represión soviética.
Durante décadas, se ha usado para responder a crisis específicas: desde los balseros cubanos en los años 60, pasando por los refugiados vietnamitas tras la caída de Saigón, hasta los desplazados por conflictos recientes como el de Ucrania.
Lo que distingue al caso actual es la magnitud de la revocación. Según abogados de los migrantes, citados por The New York Times, se trata del mayor intento de “ilegalización masiva” de personas en situación regular en la historia moderna de EE.UU.
“Todos ellos siguieron la ley y las reglas del gobierno de Estados Unidos”, señalaron los representantes legales, “y ahora enfrentan separación familiar, deportación acelerada y retorno a países donde muchos corren peligro de persecución, violencia e incluso muerte”.
El impacto social y económico es igualmente significativo. Según datos recabados por USA Today, muchos de estos migrantes han sido incorporados a sectores clave de la economía, como la salud, la construcción, la agricultura y la manufactura. Un sindicato reportó que casi el 20% de los empleados en una fábrica de autopartes participa en el programa de “parole”.
Líderes comunitarios y alcaldes de varias ciudades advirtieron que la cancelación abrupta provocaría “graves daños económicos y sociales”, desestabilizando sectores que ya sufren de escasez de mano de obra.
La situación es aún más incierta para quienes intentaron ajustar su estatus legal. El 14 de febrero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió la tramitación de beneficios para cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos e incluso ucranianos que ingresaron bajo programas de “parole”, alegando la necesidad de implementar “banderas de verificación adicionales” para detectar posibles fraudes.
El fallo de la Corte Suprema se suma a otra decisión tomada apenas el 19 de mayo, cuando el tribunal permitió que la administración de Trump avanzara con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 venezolanos.
Ambas decisiones han sido vistas por analistas como señales de que el nuevo gobierno busca desmantelar de manera rápida y sistemática las políticas migratorias adoptadas bajo Biden.
La controversia legal gira en torno a si la secretaria de Seguridad Nacional tiene facultades para terminar programas como el “parole” de forma general o si está obligada a hacer revisiones caso por caso.
Aunque la ley de inmigración otorga discrecionalidad al Ejecutivo, las cortes inferiores consideraron que la terminación masiva sin evaluación individualizada excedía esos límites. CNN subrayó que la administración Biden, antes de otorgar los permisos, realizó revisiones individuales para cada solicitante, algo que ahora la administración Trump intenta revertir con una cancelación general.
El efecto humano es incalculable. Talia Inlender, subdirectora del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles, declaró a LA Times: “Va a forzar a la gente a una elección imposible.
Quienes se queden enfrentan detención y deportación, mientras que quienes se vayan estarían renunciando a sus solicitudes”. Añadió que “estas personas hicieron todo bien: aplicaron a través de un programa legal, fueron evaluadas, cumplieron con cada requisito. Quitarles el piso de esta manera es ofensivo para nuestra idea de justicia”.
En paralelo, crece la presión internacional. Gobiernos de América Latina han expresado su preocupación por el impacto de un retorno masivo de migrantes en contextos ya frágiles.
Venezuela enfrenta una profunda crisis política y humanitaria; Nicaragua está sumida en un régimen autoritario; Cuba sufre un colapso económico agravado por las sanciones; y Haití vive una situación de violencia generalizada con bandas armadas que controlan amplias zonas del territorio. Deportar a cientos de miles de personas a estos contextos puede agravar la inestabilidad regional.
Por ahora, el caso sigue en manos de los tribunales inferiores, donde se discutirán los méritos legales de la revocación. Sin embargo, la administración de Trump tiene luz verde para avanzar en los procedimientos de cancelación del “parole” y deportación acelerada.
Como destacó USA Today, “este fallo podría transformar la situación migratoria de más de medio millón de personas en cuestión de semanas, con consecuencias humanas, legales y políticas de enorme alcance”.
La historia del “parole” humanitario en Estados Unidos ha sido, hasta ahora, una herramienta para atender emergencias humanitarias y ofrecer protección temporal a quienes huyen de crisis devastadoras.
La decisión de desmantelarlo para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela marca un giro histórico que, según defensores de derechos humanos, redefine el papel de EE.UU. como país de refugio.
