EEUU destaca esfuerzo de la presente gestión contra la corrupción,pero advierte que sigue siendo un caso grave; insiste en violaciones a derechos de los haitianos.

Santo Domingo, 13 abril – Estados Unidos reconoce los esfuerzos de la presente administración del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción administrativa, pero advierte que el problema sigue siendo grave en la República Dominicana.

En su informe anual sobre derecho humano colgado en el portal web de su embajada en Santo Domingo, el Departamento de Estado Norteamericano hace mención de los casos de antiguos funcionarios de la administración anterior que están siendo procesados por la comisión de supuestos actos de corrupción, pero igualmente de los de la presente gestión que han sido investigados y sometidos a la justicia también por alegados actos dolosos.

Señala concretamente que durante el mandato del presidente Abinader, la Procuraduría General de la República inició una serie de casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias, en su mayoría de la administración anterior, pero también miembros de la administración actual.  No obstante, la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave, tal y como ha precisado esa nación en informes anteriores.

Sin embargo, en el que se enjuicia el desempeño en materia de derechos humanos del resto de las naciones del mundo,  se puntualiza que la ley prevé sanciones penales para la corrupción de funcionarios y en un cambio con respecto a años anteriores señalado por los observadores independientes, es que el gobierno aplicó la ley con eficacia, considerando que la Procuraduría General de la República investigó a los funcionarios presuntamente corruptos.

“Los representantes de las ONG dijeron que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas, era tradicionalmente la falta de voluntad política para procesar a los individuos acusados de corrupción, particularmente a los individuos bien conectados o a los políticos de alto nivel”, también dice el informe.

Cita que varias organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos particulares, denunciaron periódicamente actos de corrupción por parte de diversos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como la policía, los funcionarios de inmigración y los funcionarios de prisiones.

“En ocasiones, el gobierno recurrió a castigos no judiciales por corrupción, como el despido o el traslado de militares, policías, jueces y funcionarios menores”, destaca.

Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emite anualmente un informe en el que juzga el desempeño de los gobiernos del mundo en materia de derechos humanos y en este informe correspondiente al 2021 la carga de manera más contundente contra China, Rusia, Venezuela, Nicaragua y Cuba.

EEUU dice en RD se violentan derechos de haitianos inmigrantes

En el informe correspondiente al año 2021, Estados Unidos insiste en afirmar que en República Dominicana se violentan los derechos humanos de los haitianos inmigrantes, en su gran mayoría indocumentados.

Al respecto señala que la sociedad civil y las organizaciones internacionales informaron de que los funcionarios dominicanos negaron los servicios de atención sanitaria y documentación a las personas de ascendencia haitiana y a los migrantes haitianos.

“Los afro dominicanos y los ciudadanos de ascendencia haitiana sufrieron discriminación al acceder a diversos servicios gubernamentales”, cita el informe.

El documento destaca que  en ocasiones, los hospitales entregaron erróneamente certificados de nacimiento de color rosa (que indican la condición de extranjero) a los hijos de padres que “se suponía” que eran migrantes haitianos por el color de su piel, su acento o su nombre.

“La policía detuvo a ciudadanos de ascendencia haitiana para su deportación o para la comisión de supuestos delitos basándose en el color de su piel, su acento, su lugar de residencia o su nombre”, continúa.

Además, denuncia que en algunos organismos públicos, como forma de impedirles el acceso a sus documentos, se impedía sistemáticamente a los ciudadanos de ascendencia haitiana aparcar sus vehículos o utilizar el baño.

El referido informe hace mención de que en noviembre, el país comenzó a deportar a las haitianas embarazadas y a las personas de origen haitiano que habían dado a luz recientemente, como parte de las políticas migratorias recién instituidas para frenar la prevalencia de inmigrantes indocumentados.