Eje Caracas-La Habana: entre la crisis y la presión de Trump

Ramón Cardozo Álvarez

DW: TV Alemania

Según lo establecido en la Constitución venezolana, el próximo 10 de enero de 2025 deberá iniciarse un nuevo período presidencial. Una eventual juramentaciónde Nicolás Madurocomo presidente en esa fecha terminaría de consumar el fraude electoral y profundizará aún más la larga y aguda crisis política, social y económica que atraviesa el país desde hace más de una década. Al mismo tiempo, su principal aliado estratégico e ideológico en el hemisferio, el régimen cubano, también se encuentra sumido en una grave crisis económica que, tras más de seis décadas en el poder, parece incapaz de superar por sí solo.

El panorama para los aliados caribeños se torna aún más complejo con el inminente cambio de mando en Estados Unidos. El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumirá nuevamente la presidencia, lo que ha llevado a muchos analistas a anticipar un posible endurecimiento de la política de Washington hacia el eje Caracas-La Habana. Esta nueva realidad geopolítica en el hemisferio podría acentuar la inestabilidad de ambos regímenes dictatoriales, cuyas dinámicas políticas se encuentran significativamente entrelazadas.

Cuba y Venezuela: una relación simbiótica

Las relaciones entre el castrismo cubano y el chavismo venezolano se remontan a diciembre de 1994, cuando Hugo Chávez, apenas unos meses después de que su causa por el intento fallido de golpe de Estado fuera sobreseída, realizó su primera visita a La Habana, siendo recibido personalmente por Fidel Castro. Durante ese encuentro, en un discurso pronunciado en la Universidad de La Habana, Chávez manifestó abiertamente su admiración por Castro y la Revolución Cubana, dejando clara la afinidad ideológica entre la llamada «revolución bolivariana” y el proyecto político cubano.

Una vez que Chávez alcanzó el poder en Venezuela, la alianza «estratégica e ideológica” con Cuba comenzó a estrecharse e institucionalizarse a través de acuerdos clave, como el Convenio Integral de Cooperación (2000), la promoción de organizaciones internacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP, 2004) y la implementación de iniciativas como Petrocaribe (2005).

Existe una notable opacidad en ambos regímenes respecto al alcance preciso de los compromisos bilaterales y los programas de cooperación suscritos. Los convenios, acuerdos y proyectos se cuentan por cientos, abarcando sectores como energía, salud, educación, cultura, agricultura, tecnología, industria, seguridad, defensa y Fuerzas Armadas. Sin embargo, dos han sido los pilares de esta relación: por parte de Venezuela, el soporte económico al régimen cubano, sobre todo mediante el suministro de petróleo subsidiado, permitiéndole mitigar los efectos económicos de la desaparición de la Unión Soviética; y por parte de Cuba, el respaldo para la perpetuación del régimen chavista en el poder, a través del asesoramiento y apoyo en la implementación de un modelo de control social autoritario inspirado en el sistema castrista.

A partir de 2002, Venezuela comenzó a suministrar a Cuba 53.000 barriles diarios de petróleo, con pagos altamente diferidos y a precios preferenciales fijos. Para 2005, esta cuota se incrementó a 153.000 barriles diarios, lo que representaba aproximadamente el 90% del petróleo consumido por Cuba en ese momento. Según el estudio «La cooperación Sur-Sur entre Venezuela y Cuba” (2010), realizado por el experto internacionalista Carlos Romero, se estima que entre 1999 y 2009 la ayuda acumulada de Venezuela a Cuba ascendió a 18.000 millones de dólares. En contraprestación, Cuba comenzó a trasladar a Venezuela a más de 13.000 trabajadores cubanos, la mayoría de ellos provenientes del sector salud, para dar apoyo a las llamadas misiones sociales de Chávez. De acuerdo con Romero, «a fines de 2007, las autoridades cubanas calculaban que había 39.000 «colaboradores” en Venezuela.

El apoyo de Cuba a Venezuela trascendió ampliamente las misiones sociales. Aunque desde 2005 Cuba ya desempeñaba labores de «adoctrinamiento» dentro del Ejército venezolano, fue a partir de la firma de dos acuerdos en 2008 cuando, según Reuters, las fuerzas armadas cubanas adquirieron un amplio poder de intervención en el sector militar de Venezuela. El general retirado Antonio Rivero, quien se desempeñó como director nacional de Protección Civil durante el gobierno de Chávez, reveló en 2013 al diario español ABC que alrededor de 400 asesores cubanos participaron en la reorganización de las fuerzas de seguridad venezolanas y en la reestructuración de sus organismos de inteligencia, con el objetivo de garantizar la lealtad interna y prevenir posibles golpes de Estado contra Chávez. Además de su influencia en la Fuerza Armada venezolana, Cuba extendió su injerencia a sectores estratégicos del país, como telecomunicaciones, petróleo, identidad nacional, cultura y salud.

El impacto de la crisis venezolana en Cuba

A partir de 2013 comenzaron a evidenciarse de manera clara las fallas estructurales de la economía venezolana. La caída sostenida de los precios del petróleo, combinada con políticas económicas desacertadas que produjeron el desmantelamiento del aparato productivo nacional, incluyendo su industria petrolera, marcó el inicio de un ciclo de contracción económica que rápidamente se transformó en una crisis multidimensional. Esta situación se agravó posteriormente con las sanciones establecidas por la administración Trump en 2017 y la llegada del COVID 19 en 2020.

La grave crisis venezolana tuvo un fuerte impacto en su capacidad para apoyar a Cuba. Para 2020, los envíos de petróleo venezolano rondaban apenas los 40.000 barriles diarios. Aunque en 2023 se incrementaron a un promedio de 51.500 barriles diarios, en 2024 volvieron a caer a 32.600 barriles diarios, de acuerdo con información de Reuters. México intentó aliviar la situación suministrando 20.000 barriles diarios durante el mismo año, pero estos esfuerzos fueron insuficientes para estabilizar la grave crisis energética en la isla, que enfrentó apagones constantes, incluidos tres cortes nacionales en solo dos meses, paralizando el transporte y generando largas filas en las estaciones de servicio.

Además, la devaluación de la moneda local y la dolarización parcial de la economía cubana han incrementado significativamente las desigualdades sociales en la isla. A esto se suma el incumplimiento de las metas de producción agrícola y la persistente escasez de alimentos básicos. Este contexto ha generado un profundo descontento en la población, que se ha manifestado en protestas populares en los últimos años. Estas protestas han sido duramente reprimidas por el gobierno, al tiempo que se ha desencadenado la mayor ola migratoria en la historia reciente de Cuba.

Para el internacionalista Carlos Romero, las causas de la crisis cubana trascienden a la drástica reducción del subsidio energético venezolano y obedecen fundamentalmente «a las contradicciones de la política económica, al fracaso de la apertura económica (Pymes y cuentapropistas), sumado a la caída del turismo extranjero y del monto de las remesas». En la misma línea, el economista Carmelo Mesa-Lago argumentaba en un artículo publicado en el New York Times, en 2019: «Durante los últimos 60 años, Cuba no ha podido financiar sus importaciones con sus propias exportaciones ni generar un crecimiento adecuado y sostenible sin ayuda y subsidios sustanciales de un país extranjero… Los problemas de Cuba son resultado del ineficiente modelo económico de planificación centralizada, empresas estatales y colectivización agrícola que sus líderes han seguido a pesar del fracaso de esos modelos en todo el mundo.»

El equipo de política exterior de Trump

Aunque el pragmatismo en política exterior y la naturaleza cambiante de las relaciones internacionales dificultan prever con certeza las futuras políticas de Trump hacia Latinoamérica, su historial durante el primer mandato, junto con el perfil del equipo nominado para implementar su política exterior, ofrecen pistas sobre el rumbo que podrían tomar sus decisiones.

A las nominaciones de Marco Rubio como Secretario de Estado, de Carlos Trujillo como Subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, y de Mike Waltz como Asesor de Seguridad, Trump sumó el 14 de diciembre, la de Richard Grenell como «Enviado Presidencial para misiones especiales” y, el 29 de diciembre, la de Mauricio Claver-Carone como «Enviado Especial del Departamento de Estado para América Latina”. Al designar a Grenell, Trump afirmó: «Ric trabajará en algunos de los lugares más conflictivos del mundo, entre ellos Venezuela y Corea del Norte».

Tanto Grenell como Claver-Carone, este último de ascendencia cubanoamericana, formaron parte del primer gobierno de Trump. Grenell, quien asumió múltiples responsabilidades durante la administración de Trump, mantuvo en septiembre de 2020 una reunión en Ciudad de México con Jorge Rodríguez, representante del régimen de Maduro, con el objetivo presunto de explorar una transición negociada del poder en Venezuela. Por su parte, Claver-Carone se desempeñó como jefe de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y participó activamente en la formulación de políticas de línea dura contra los gobiernos de Venezuela y Cuba.

El marcado perfil de línea dura del equipo de política exterior de Donald Trump hacia los regímenes de Cuba y Venezuela, junto con el reconocimiento de la estrecha interconexión entre ambos, sugiere que la futura estrategia de la Casa Blanca no solo se enfocaría en intensificar las sanciones y la presión diplomática, sino que podría apuntar de manera específica a socavar el eje Caracas-La Habana. Este enfoque intentaría debilitar los mecanismos de apoyo mutuo que ambos gobiernos han establecido para perpetuarse en el poder.