El chantaje sobre la ley y la razón
Por CÉSAR PÉREZ
La generalidad de los políticos y generadores de opinión se lamentan de la falta de debilidad de nuestras instituciones política, al tiempo de reclamar su fortalecimiento. Algunos llegan a decir que esa debilidad constituye un lastre que limitan significativamente el desarrollo integral del país. Pero, esa debilidad persistirá mientras persista en nuestra cultura política esa propensión a recurrir al terrorismo verbal, a la amenaza y hasta al chantaje como medio para imponer sus puntos de vista o de sus opciones, a sus adversarios y a quienes perciben como tales. El debate sobre el proyecto de ley integral sobre Trata de Personas Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes constituye un lastimoso ejemplo, no solo de intolerancia y violencia verbal, sino de recurso al miedo y la mentira para imponer sus posiciones
Esa ley, como todas, parte de un preámbulo o declaración de intención donde se plasma claramente su objetivo, que no es otro que limitar al máximo la trata de personas. Una práctica ilícita en la que se cometen las más degradante explotación y abuso a personas vulnerables, reduciéndolas a condición de esclavos a hombres y/o niños en centros de trabajos y a mujeres y/o niñas en burdeles como objeto sexual. Por lo tanto, constituye otra falacia más de sectores ultranacionalistas y del conservadurismo, decir que la misma está diseñada para promover “campos de refugiados haitianos en el país”. Un mito, un fantasma para promover el miedo sobre el tema migratorio. Esa ley nada tiene que ver con la migración haitiana, con la venezolana, ni con la no poca que viene de otros países de la región.
Con ella, los organismos internacionales buscan enfrentar una de las prácticas migratorias más degradantes que se difunde en todo el mundo, organizadas por redes criminales, buscando coordinar políticas que ayuden a enfrentar esas redes. Si se lee detenidamente el contenido del proyecto de ley, si se sabe leer, no se encontrará nada que pueda lesionar la soberanía del país. El mundo se mueve a dos velocidades, una es la que impulsan nuevas sensibilidades sociales y políticas que defienden los valores universales de los derechos humanos, al tiempo de proteger un ambiente de libertad y democracia. La otra es la de aquellos que promueven en la población los más bajos instintos de intolerancia y miedo a la diversidad. Aquí, a esta última la promueve un variopinto sector que siempre se ha opuesto a la práctica de la democracia.
En el caso que nos ocupa, resulta inaceptable que sectores de las élites dirigentes de principales iglesias dirijan un desafinado coro de tergiversación y falacias sobre el espíritu del referido proyecto de ley y que el partido que hace seis 8 años, como gobierno, firmó sus contenidos, el PLD de entonces, hoy la rechace impúdicamente; al igual que comunicadores reaccionarios de vieja data recurran a la mentira y manipulación, hayan obligado al gobierno a retirarlo de las cámara legislativas. De ese modo, se evidencia la debilidad institucional en que discurre el sistema político dominicano, narigoneado por sectores del liderazgo eclesial y otros sectores de los poderes facticos que condicionan a unos legisladores que, de hecho, más que representantes del pueblo, representan esos y sus propios intereses.
Si el gobierno retrocede ante el embate de la bestia de la intolerancia, lo hace no sólo porque el tema migratorio en nuestro país constituye un recurso de campaña política, sino porque en su seno tiene parte de esa bestia. Porque esa parte ha jugado un papel determinante en la deriva conservadora de su discurso. Comete otro yerro, retirando nuevamente una iniciativa legislativa, sumando cinco con la de ahora, a saber: 1.- Fideicomiso de Punta Catalina, 2.- Creación de impuestos a varios servicios para el presupuesto del 2021, 3.- Ciberdelincuencia, criticada por limitar la libertad de expresión, 4.- Creación del Ministerio de Justicia, además de las dudas sobre cómo tratar la Ley Extinción de Dominio y en la aplicación de otras iniciativas de diversas facturas.
Retirar iniciativas de cualquier índole no es malo de por sí, a veces lo aconseja la coyuntura o la inteligencia, pero cuando se cede a la presión de sectores ultras conservadores o de clara tendencia facha en cosas fundamentales, sobre todo si trata de iniciativas de organismos intencionales tendentes a garantizar derechos humanos de todas las generaciones, se cae en la inconsistencia institucional y en deterioro de la imagen del país a nivel internacional. Cediendo ante el chantaje manipulador de los ultras que quieren que este país se sustraiga de compromisos internacionales de los que como país somos signatarios, no sólo damos demostración de inconsistencia, sino de insolvencia. Además, nos separa de los vientos de cambios que soplan en la región.
La inconsistencia es el peor enemigo de la institucionalización de cualquier sistema político, crea incertidumbre y el chantaje termina imponiéndose sobre justicia, la ley y la razón. Este podría ser uno de los factores determinante de la sangría del talento joven que se va del país, llevándose luego a sus padres, por falta de confianza sobre nuestro futuro y por una debilidad institucionalidad que socaba nuestra identidad nacional. No va lejos una nación que pretende construir su identidad sobre la base de la manipulación de los hechos del pasado y del presente
