El comité del asalto al Capitolio plantea posibles cargos criminales contra Trump
Washington, 2 mar (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y uno de sus asesores legales, John Eastman, participaron en una «conspiración criminal» para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, según apuntó el comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
En un documento judicial presentado este miércoles, los investigadores del comité apuntan a dos posibles delitos: conspiración para defraudar a EE.UU. y obstrucción a un proceso oficial del Congreso.
«La evidencia e información disponible establece que hay una creencia honesta de que Trump y otros pudieron haber estado implicados en actos criminales y/o fraudulentos, y que la asistencia legal del acusado fue utilizada para avanzar estas actividades», señalan los investigadores ante el juez.
En concreto, indican que Trump y Eastman trabajaron conjuntamente para tratar de convencer al entonces vicepresidente Mike Pence para que obstaculizara la certificación de los votos del Colegio Electoral, que daban la victoria al candidato demócrata y actual presidente, Joe Biden.
Por ello, señalan «al expresidente y miembros de su campaña por haber estado implicados en una conspiración para defraudar a EEUU».
Se trata de la acusación más sería planteada hasta ahora por el comité que investiga el asalto al Capitolio.
Este grupo de legisladores, formado por una mayoría de congresistas demócratas, tiene como objetivo determinar por qué ocurrió el asalto, quién fue responsable y qué puede hacerse para evitar otro suceso similar.
Con ese propósito, ha solicitado acceso a documentos y ha citado a declarar a aliados de Trump, que en algunos casos se han negado a cooperar, lo que ha provocado que el exasesor presidencial Steve Bannon sea acusado de desacato por la vía penal.
Aunque el comité no tiene capacidad para presentar cargos criminales, tiene previsto divulgar un informe sobre su investigación, que podría trasladarse al Departamento de Justicia para que evalúe posibles acciones criminales.
