El Congreso como motor del desarrollo, no del retroceso
Marlyn Sánchez
El Poder Legislativo es piedra angular del sistema de democracia representativa que ha adoptado la República Dominicana, pues está llamado a legislar y fiscalizar en representación del pueblo. Está de más insistir en la importancia de este órgano, pero es necesario recordar la necesidad urgente de que su labor sea realizada con los más altos niveles de eficiencia.
El Congreso dominicano se encuentra entre los más costosos de la región. Su costo guarda relación con el número de legisladores que lo conforman y los beneficios que estos disfrutan. Los 222 legisladores dominicanos (190 diputados y 32 senadores) además de su salario base que puede ser desde 175,000 a 400,000 pesos, dependiendo la cámara a la que pertenezca, disfrutan de otros beneficios ampliamente conocidos por la población: las odiosas exoneraciones, gastos de representación, viáticos para acudir a las reuniones de comisiones y a las sesiones del pleno, entre otros.
Sin embargo, constantemente la calidad de la labor legislativa del Congreso dominicano es cuestionada.
En los últimos años se han incrementado las críticas a la débil labor que muchos de nuestros legisladores realizan, incluyendo votar por la aprobación de proyectos de ley sin leerlos y estudiarlos a profundidad; flacos argumentos al momento de defender o rechazar proyectos de gran relevancia para la sociedad y su funcionamiento y la incapacidad para tomar una decisión sobre proyectos trascendentales para el sistema político y judicial dominicano que resulta en eternos procesos de debates estériles y proyectos que perimen una y otra vez.
Además, en el pasado reciente varios legisladores se han visto involucrados en procesos de investigación judicial a nivel nacional e internacional. Según la última edición del Latinobarómetro (2021), en la República Dominicana el 33% de las personas tenía mucha confianza o algo de confianza en el Congreso, si bien este porcentaje se ubica por encima del promedio de la región (20%), es significativamente inferior a la confianza que tienen los dominicanos en el presidente (61%) y en el Gobierno (51%).
Muchos actores, de diversos sectores de la sociedad, han resaltado la necesidad de una renovación estructural en el Congreso. Diversas propuestas se han debatido, desde la revisión de los requisitos para ser legislador hasta de la estructura bicameral del órgano.
Personalidades del mundo jurídico e incluso legisladores han propuesto que el país considere un sistema unicameral, argumentando que este permitiría reducir el número de representantes e incrementar la eficiencia legislativa. Tanto la estructura bicameral como la unicameral tienen elementos favorables y desfavorables para el contexto específico de la República Dominicana, pero la cultura política dominicana es la que determinará sus efectos reales.
Por ello, es justo considerar que el debate sobre la productividad o calidad del Congreso no debe basarse únicamente en el número de iniciativas aprobadas o conocidas por las cámaras, sino que también debe ponderar la calidad de sus resultados. El país no se beneficia de la aprobación de un alto número de leyes y resoluciones si estas limitan el desarrollo, en lugar de impulsarlo.
Un claro ejemplo de ello son los préstamos que muchas veces son aprobados a vapor por las cámaras y que en más de una ocasión han llevado al país a buscar una salida alternativa a cumplirlos por el peso económico que implican. Para incrementar la calidad del Congreso la sociedad debe analizar cuáles son los elementos que inciden en que el proceso de conocimiento de un proyecto sea tan extenso, que el resultado sea débil o que no se logre tomar una decisión, y atacarlos.
Este momento en que la clase política, junto a la sociedad civil, están desarrollando un proceso de diálogo de reformas en pro de la institucionalidad, transparencia y el fortalecimiento de la democracia, entre otros aspectos, es una oportunidad para que se ponderen nuevos mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia de nuestro Poder Legislativo.
Al resto de la población nos queda la tarea de dar constante seguimiento a la labor de los legisladores y continuar exigiendo la madurez política que necesita nuestro Congreso para ser siempre empuje del desarrollo del país y nunca motor de su retroceso.
