El Constitucional de Perú ordena la libertad del máximo jefe militar en el Gobierno de Fujimori

Lima, 21 diciembre.- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó la liberación del exgeneral Nicolás Hermoza Ríos, el militar con mayor poder durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y que condenaron por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

El TC decidió, en una resolución publicada este viernes, declarar fundada una demanda de habeas corpus presentada por los abogados César Nakasaki y Renzo Miranda.

Los letrados argumentaron que Hermoza Ríos, quien tiene actualmente 90 años, ha cumplido 20 años de prisión y padece de demencia senil, así como de enfermedades como cáncer de próstata, párkinson, hipertensión y diabetes.

Tras analizar aspectos constitucionales y de derechos humanos, así como informes médicos, el TC declaró fundada la demanda «en relación con el derecho a la dignidad humana y el fin constitucional de las penas».

Ordenó, en ese sentido, al Poder Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) «tomar las acciones necesarias para la liberación del beneficiario».

«En este orden de ideas, este colegiado considera que mantener privado de su libertad al beneficiario (…), constituye una afectación de su derecho a la dignidad, pues no tiene sentido alguno el cumplimiento de una condena cuando el sentenciado ni siquiera es consciente de ello», señaló.

Lo que dice el Tribunal

El TC recordó, sin embargo, que Hermoza Ríos fue condenado a 25 años de cárcel por casos como la masacre de los Barrios Altos, cometida en 1991 por el grupo militar encubierto Colina, además de por desaparición forzada.

«Lo que resuelve el Tribunal Constitucional en cuanto al condenado de ninguna forma olvida los hechos cometidos ni menoscaba la memoria de las víctimas; al contrario, este Tribunal Constitucional reivindica la lucha contra toda forma de violencia e injusticia», remarcaron los magistrados.

Perú militar
Fotografía de archivo del exmilitar Nicolás Hermoza Ríos (i). EFE/Str.

En ese sentido, el Constitucional declaró improcedente la solicitud de extinción de la pena e infundada la demanda en relación con la vulneración de los derechos a la salud, a la atención médica especializada y el deber de cuidado, vigilancia y control.

Exhortó, además, al Congreso para que, en uso de sus atribuciones legislativas, «tenga en cuenta las situaciones sobrevenidas a la imposición de la condena que supongan la imposibilidad del cumplimiento de los fines constitucionales de la pena».

Hermoza Ríos, quien asumió como presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y Comandante General del Ejército entre 1992 y 1998, se le consideró en esa época el «tercer hombre fuerte» de Perú, tras Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.

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