El derecho a la protesta sufre amenazas sin precedentes en el mundo

NACIONES UNIDAS, 21 julio (IPS) –  El escritor y filósofo francés Voltaire (1694-1778) dijo una vez: «No estoy de acuerdo con lo que decís, pero defenderé hasta la muerte vuestro derecho a decirlo». Pero este axioma político apenas se aplica a múltiples gobiernos de Asia, África, Europa y América Latina, sin olvidar a América del Norte.

En países como Grecia, Reino Unido, Tailandia, Hong Kong, India, Myanmar, Chile, Francia, República Democrática del Congo y Chipre, el derecho a la protesta y la libertad de expresión están cada vez más en peligro. La represión gubernamental -de la libertad de expresión y del derecho a la protesta- también se ha producido en Sudán, Bielorrusia, Turquía, Colombia, Nicaragua y Venezuela, por citar tan solo un grupo de naciones.

Amnistía Internacional (AI), la organización de derechos humanos con sede en Londres, afirma que los manifestantes de todo el mundo se enfrentan a una potente mezcla de represiones, con un número creciente de leyes y otras medidas para restringir el derecho a la protesta, el uso indebido de la fuerza, la expansión de la vigilancia ilegal masiva y selectiva, el cierre de Internet y la censura en línea, así como los abusos y la estigmatización.

AI afirma que el derecho a la protesta se encuentra «bajo una amenaza creciente y sin precedentes en todas las regiones del mundo», al tiempo que la organización ha lanzado una nueva campaña mundial para hacer frente a la ampliación e intensificación de los esfuerzos de los Estados por erosionar este derecho humano fundamental.

Según AI, «de Rusia a Sri Lanka, de Francia a Senegal, y de Irán a Nicaragua, las autoridades estatales están aplicando un conjunto cada vez mayor de medidas para reprimir la disidencia organizada».

Agnès Callamard, secretaria general de AIl, dijo que en los últimos años «hemos visto algunas de las mayores movilizaciones de protesta en décadas».

Señaló que los movimientos Las Vidas Negras Importan (#BlackLivesMatter), Yo También (#MeToo) y la crisis climática han inspirado a millones de personas en todo el mundo a salir a las calles y a Internet para exigir justicia racial y climática, equidad y medios de vida, y el fin de la violencia de género y la discriminación.

En otros lugares, dijo, la gente se ha levantado por miles contra la violencia policial y los asesinatos, la represión estatal y la opresión.

Mandeep S. Tiwana, director de programas de Civicus, la coalición mundial de la sociedad civil, dijo a IPS que las principales transformaciones políticas de la historia han sido catalizadas por las protestas.

“Las movilizaciones masivas sostenidas han dado lugar a importantes victorias en materia de derechos, como la ampliación del derecho al voto de las mujeres, la descolonización en el Sur global, la aprobación de leyes esenciales de derechos civiles, el desmantelamiento de dictaduras militares, la victoria sobre el apartheid, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el reconocimiento de la emergencia climática y mucho más», dijo.

Añadió que “el ejercicio del derecho a la protesta pacífica es un poderoso freno a la corrupción de alto nivel, al abuso de los poderosos y al autoritarismo. Sin embargo, por ello sigue siendo un derecho muy abusado y muy denostado por las fuerzas antidemocráticas”.

En el último año, según el último Monitor de Civicus, la sociedad civil de todo el mundo se ha enfrentado a una serie de restricciones legales y extralegales.

El Monitor Civicus califica actualmente a 39 países y territorios como abiertos, a 41 como restringidos, a 42 como obstruidos, a 50 como reprimidos y a 25 como cerrados.

Andreas Bummel, director ejecutivo de Democracia Sin Fronteras, dijo a IPS que la capacidad de expresar el disenso y el descontento a través de la protesta pacífica es un derecho humano fundamental y un componente clave de la democracia.

“Restringir y negar este derecho democrático es sencillamente un error. Esta nueva campaña es importante y llega en el momento adecuado», dijo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que su país había copatrocinado una resolución sobre «la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas», durante la 50 periodo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en su sede en Ginebra del 13 junio al 8 de julio.

Esta resolución instaba a los Estados miembros a «facilitar las protestas pacíficas proporcionando a los manifestantes acceso al espacio público a la vista y al oído de su público objetivo y a promover un entorno seguro y propicio para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de reunión, expresión y asociación pacíficas, tanto en línea como fuera de ella».

Amnistía afirma que su campaña «Protege la protesta» tiene como objetivo cuestionar los ataques a las protestas pacíficas, apoyar a las personas afectadas y respaldar las causas de los movimientos sociales que luchan por el cambio de los derechos humanos.

Casi sin excepción, esta ola de protestas masivas se ha encontrado con respuestas obstructivas, represivas y a menudo violentas por parte de las autoridades estatales. En lugar de facilitar el derecho a la protesta, los gobiernos se esfuerzan cada vez más por reprimirla.

“Por eso, como la mayor organización de derechos humanos del mundo, hemos elegido este momento para lanzar esta campaña, dice AI. “Ha llegado el momento de levantarnos y recordar en voz alta a los gobernantes nuestro derecho inalienable a protestar, a expresar nuestras quejas y a exigir cambios de forma libre, colectiva y pública», añade en un comunicado publicado el 19 de julio.

Una serie de problemas como la crisis medioambiental, la creciente desigualdad y las amenazas a los medios de vida, el racismo sistémico y la violencia de género han hecho que la acción colectiva sea cada vez más necesaria. Los gobiernos han respondido introduciendo leyes que imponen restricciones ilegítimas al derecho a la protesta.

Por ejemplo, dice AI, «hemos visto prohibiciones generales de las protestas, como se vio en Grecia y Chipre durante la pandemia de covid-19.

En Reino Unido, una nueva ley contiene disposiciones que otorgan a los agentes de policía amplios poderes, incluida la capacidad de prohibir las «protestas ruidosas», mientras que en Senegal, las manifestaciones políticas en el centro de Dakar están prohibidas desde 2011, impidiendo las protestas cerca de los edificios gubernamentales.

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Los gobiernos de todo tipo también utilizan cada vez más los poderes de emergencia como pretexto para reprimir la disidencia.

Esto se observó en el punto álgido de la pandemia de covid-19 en países como Tailandia, mientras que en la República Democrática del Congo, un «estado de sitio» impuesto por el gobierno ha proporcionado a los militares y policías amplios poderes para restringir las protestas en las provincias de Ituri y Kivu del Norte desde mayo de 2021.

Los gobiernos de todo el mundo, critica AI, justifican las restricciones argumentando que las protestas constituyen una amenaza para el orden público y estigmatizando a los manifestantes, tachándolos de «alborotadores», «instigadores» o incluso «terroristas».

Al presentar a los manifestantes bajo este prisma, aduce, las autoridades han justificado los enfoques de tolerancia cero: la introducción y el uso indebido de leyes de seguridad vagas y draconianas, el despliegue de una policía de mano dura y la adopción de medidas preventivas de disuasión.

Este enfoque se observó en Hong Kong, donde la Ley de Seguridad Nacional y su amplia definición de «seguridad nacional» se han utilizado arbitrariamente, entre otras cosas, para restringir las protestas.

Y, en India, la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas contra el terrorismo y el delito de «sedición» se han utilizado repetidamente contra manifestantes pacíficos, periodistas y defensores de los derechos humanos.

Aunque hace largo tiempo que los gobiernos recurren a tácticas agresivas para controlar las protestas, es un hecho que las fuerzas de seguridad han aumentado el uso de la fuerza en los  años recientes.

Según AI, las llamadas armas menos letales, como las porras, el spray de pimienta, los gases lacrimógenos, las granadas de aturdimiento, los cañones de agua y las balas de goma, son utilizadas habitualmente de forma indebida por las fuerzas de seguridad.

Y, desde principios de la primera década del siglo,  AI ha documentado una tendencia a la militarización de las respuestas estatales a las protestas, incluido el uso de fuerzas armadas y equipo militar.

En países como Chile y Francia, las fuerzas de seguridad, equipadas con material antidisturbios, suelen estar respaldadas por vehículos blindados, aviones militares, drones de vigilancia, pistolas y armas de asalto, granadas de aturdimiento y cañones de sonido.

Durante el levantamiento masivo que siguió al golpe de Estado de febrero de 2021 en Myanmar, los militares utilizaron fuerza letal ilegal contra manifestantes pacíficos. Más de 2000 personas han muerto, según los observadores, y más de 13000 han sido detenidas desde que los militares tomaron el poder.

Las personas que sufren desigualdad y discriminación, ya sea por motivos de raza, género, orientación sexual, identidad de género, religión, edad, discapacidad, ocupación, condición social, económica o migratoria, también se ven más afectadas por las restricciones a su derecho a la protesta y sufren una represión más dura.

Por ejemplo, las mujeres, las personas LGBTI y las no conformes con el género se enfrentan a diferentes tipos de violencia de género, marginación, normas sociales y legislación.

En países como Sudán, Colombia y Bielorrusia, las mujeres han sido agredidas sexualmente por participar en protestas, mientras que en Turquía, por ejemplo, las marchas del Orgullo gay están prohibidas desde hace años.

“Nuestra campaña llega en un momento crítico. El valioso derecho a la protesta se está erosionando a un ritmo aterrador, y debemos hacer todo lo posible para contrarrestarlo», dijo Callamard.

En los últimos años han sido asesinados innumerables manifestantes, y es en parte por ellos por lo que ahora debemos alzar nuestras propias voces y defender nuestro derecho a decir la verdad al poder mediante protestas en las calles y en Internet.