El fracaso de la receta libertaria de Milei

Julio E. Diaz Sosa

Hace unos años comentaba con un amigo argentino la situación económica del país fruto del gradualismo implementado por el entonces presidente Mauricio Macri. Recuerdo que ese amigo me preguntó qué tal veía las posibilidades de que Macri fuera reelegido en octubre de 2019, y le respondí: “Es difícil gobernar la Argentina por fuera de la lógica peronista. Por consiguiente, veo muy difícil que Macri logre reelegirse en octubre”. Ese amigo coincidió plenamente con mi apreciación y fue lo que terminó sucediendo en los comicios presidenciales de ese año.

Argentina ha sufrido históricamente los embates de dos extremos de irresponsabilidad económica. Por un lado, el populismo macroeconómico que desborda el gasto público a niveles estratosféricos, con la consecuente depreciación del tipo de cambio y una espiral inflacionaria descomunal. Por otro, la receta neoliberal de los noventa, que privatizó gran parte de las empresas públicas y redujo de manera significativa el gasto social, lo que condujo a una ampliación de la desigualdad. Sin embargo, ese ajuste no se alcanzó mediante una mejora sincera en la calidad del gasto, sino a través de un fuerte endeudamiento externo y de una marcada corrupción, que desembocó en el colapso económico de 2001.

En 2023, el presidente Javier Milei y su movimiento La Libertad Avanza prometieron al pueblo argentino devolverle el esplendor de uno de los países más ricos del mundo —como lo fue a principios del siglo XX— y acabar con la “casta” corrupta que, según Milei, representa la clase política del país. Todo ello se ancló en un programa de corte libertario y anarcocapitalista, a lo Murray Rothbard, pero en esencia similar a la receta neoliberal de los noventa. Sin embargo, el relato del “milagro” económico se agotó. Dos años después del giro ortodoxo de Javier Milei, la economía argentina funciona a base de parches, deuda y recortes. La inflación desacelera más por compresión de la demanda y atraso del tipo de cambio que por un ordenamiento duradero de costos y precios. Las tasas de interés se movieron en niveles prohibitivos —cercanas al 80 %— y el Banco Central sigue bajo presión, con reservas frágiles y un riesgo país por encima de los 1,500 puntos. Esta estabilidad de superficie se compra con recesión, caída del salario real y un ajuste tarifario que pulveriza ingresos y contrae el consumo.

El mercado de trabajo refleja crudamente ese camino. El desempleo llegó al 7.9 % en el primer trimestre de 2025 —unos 1.79 millones de personas— y la calidad del empleo se deteriora: la informalidad trepó al 42 % y solo el 46 % de los ocupados tiene un puesto registrado, el mínimo desde 2007. Entre los jóvenes, la desocupación golpea con fuerza (19.2 % en mujeres y 15.1 % en varones), ampliando el “ejército de reserva” que presiona a la baja los salarios y debilita el poder de negociación de la fuerza de trabajo.

El tejido productivo, particularmente las pymes, paga el costo mayor. Cerrar el grifo del crédito, abrir importaciones y sostener tasas reales elevadas devino en una ola de cierres: 10,000 pymes cerraron sus puertas en 2024 y se proyectan 16,500 hasta octubre de 2025. La consecuencia inmediata son más de 220,000 despidos y una industria que se achica: la actividad industrial cayó 8,8 % en 2024 y se prevé otro 3 % adicional en 2025, con la capacidad instalada en apenas 58.8 %. Se consolida así la primacía de la lógica financiera sobre la productiva: el capital especulativo gana; la fábrica pierde.

En la distribución del ingreso, el ajuste también reordena ganadores y perdedores. La pobreza escaló al 52.9 % en el primer semestre de 2024 —unos 24 millones de personas— y la indigencia alcanzó el 18.1 %. La niñez queda particularmente expuesta: el 66.1 % de los menores de 14 años está en situación de pobreza. La desigualdad se profundiza con un coeficiente de Gini de 0,467; el 10 % más rico concentra el 32.3 % del ingreso total, 17 veces más que el 10 % más pobre. Paradójicamente, en este contexto florecen 98 multimillonarios que acumulan cerca de 480,800 millones de dólares, mientras el salario mínimo se ubica entre los más bajos de la región.

El frente externo, lejos de ordenarse, se ata aún más a la dependencia financiera. La negociación de un nuevo acuerdo con el FMI por 20,000 millones de dólares para refinanciar los 44,000 millones previos confirma que la gobernabilidad macro se sostiene a crédito. La deuda total —que oscila entre 320,000 y 480,000 millones de dólares, según estimaciones— impone un calendario de vencimientos exigente (9,219 millones en 2025) y condiciona la política económica, reduciendo los márgenes para impulsar una estrategia industrial propia.

La legitimidad política del experimento también acusa el desgaste. En la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo sufrió una derrota legislativa cercana a 14 puntos porcentuales; el capital extranjero frena inversiones, los bancos locales hablan de “mala praxis” y Wall Street baja el pulgar. La promesa de un shock con rebote rápido no llegó: lo que se consolidó fue un esquema que beneficia a exportadores con costos en pesos y precios en dólares, a segmentos financieros que capturan renta vía tasas y carry trade, y a grupos transnacionales con acceso al crédito; del otro lado, pymes, asalariados y jubilados ven licuarse su poder de compra y su patrimonio.

Siempre les he dicho a varios amigos que el éxito económico de cualquier gestión de gobierno depende del manejo de la economía política, y advertí que el programa de ajuste de Milei estaba supeditado a ello. Por consiguiente, para poder salir del punto muerto se requiere un viraje. Una desinflación sostenible no puede descansar solo en anclas cambiarias y recesión: necesita acuerdos de precios y salarios por cadena, reglas claras y coordinación público-privada. El crédito productivo, con la banca pública como palanca, debe volver a tasas reales compatibles con la inversión pyme. Hace falta, además, una política industrial que priorice complejos estratégicos (alimentos, metalmecánica, salud, energía, software) con compras públicas, contenido local y metas de empleo. Una reforma tributaria progresiva —que grave rentas financieras y patrimonios offshore y alivie a pymes y personas físicas— permitiría recomponer ingresos sin recortar derechos. En paralelo, la renegociación de la deuda debe alinearse con un sendero de crecimiento e inversión, no al revés. Y la recuperación del salario mínimo, junto con una movilidad jubilatoria que siga la inflación y la recaudación, es condición para recomponer la demanda y reducir la pobreza.

La conclusión es clara: el ciclo de ajuste, endeudamiento y apertura acrítica no produjo milagros; produjo recesión, desigualdad y desindustrialización. Si Argentina quiere estabilizar sin devastar, necesita un programa que vuelva a poner en el centro la producción, el trabajo y la soberanía de decisiones. Ese cambio no será espontáneo: requiere organización social, acuerdos amplios y la convicción de que la economía debe volver a moverse en beneficio de las mayorías.

Referencias:

INDEC – EPH: Mercado de trabajo (tasas de desocupación y empleo; series trimestrales).

INDEC – Distribución del Ingreso / Coeficiente de Gini (tabulados trimestrales).

INDEC – Incidencia de la pobreza y la indigencia (informes semestrales).

INDEC – Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (series mensuales).

Reuters – Coberturas 2024–2025 sobre inflación, política monetaria, pases del BCRA y reservas.

Ámbito Financiero – Seguimiento del riesgo país (EMBI+).

ENRE – Cuadros tarifarios y resoluciones sobre electricidad (actualizaciones 2024–2025).

Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) – Informes de coyuntura 2024–2025 sobre pobreza e indigencia (estimaciones no oficiales).

IPA / ENAC – Relevamientos sectoriales 2024–2025 sobre cierres de pymes y empleo (estimaciones privadas).

Nota: Las cifras puntuales pueden variar en cada actualización oficial; las fuentes listadas permiten verificar los últimos datos disponibles y contrastarlos con estimaciones privadas.

Hoy