El Gobierno Dominicano presenta plan de reestructuración administrativa para ahorrar 25 mil millones de pesos
Santo Domingo, 16 de septiembre – El gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, presentó este lunes una ambiciosa propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública, con la meta de lograr un ahorro de 25 mil millones de pesos.
Este plan incluye la fusión y eliminación de diversos ministerios y entidades estatales, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del aparato gubernamental y eliminar duplicidades que generan ineficiencia en el uso de los recursos públicos, explicó el Presidente Luis Abinader.
Durante el evento «La Semanal con la Prensa», el presidente Abinader explicó que la intención de esta propuesta es crear una administración pública más coherente, alineada con las prioridades de su gobierno.
A través de la fusión de ministerios y la eliminación de instituciones redundantes, el mandatario busca mejorar la eficiencia operativa del Estado, reduciendo los costos operativos y burocráticos. Según sus palabras, el proceso de fusión y eliminación comenzará de inmediato, y se espera que el 80% de las propuestas sean enviadas al Congreso Nacional para su aprobación y ejecución.
El presidente señaló que para llevar a cabo este proceso, se ha creado una unidad de reforma que será liderada por el ministro de Administración Pública, con Darío Castillo a la cabeza, y que será gestionada por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
Este organismo será el encargado de planificar y ejecutar la reestructuración, asegurando que cada paso se dé de forma coordinada y eficiente. La meta es avanzar hacia una gestión estatal más moderna y ajustada a las necesidades del país.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, detalló que al menos seis ministerios serán objeto de fusión. Entre ellos, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) se integrará al Ministerio de Educación (Minerd), mientras que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) será fusionado con el Ministerio de Hacienda, creando una nueva entidad que se denominará Ministerio de Hacienda y Economía. Estas fusiones buscan concentrar funciones y eliminar la duplicación de tareas que, hasta ahora, habían ralentizado los procesos gubernamentales.
Por otro lado, el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) será suprimido y reemplazado por un «Secretariado Administrativo» que dependerá directamente del Ministerio de la Presidencia.
Otras instituciones también serán absorbidas o fusionadas, como el Instituto Agrario Dominicano (AID), que pasará a formar parte del Ministerio de Agricultura, y el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria, que será integrado al Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria.
En cuanto a los programas sociales, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) se fusionará con el programa Supérate, mientras que la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Fonvivienda y Familia Feliz se integrarán al Ministerio de la Vivienda.
Asimismo, los Comedores Económicos serán absorbidos por el Plan Presidencial Contra la Pobreza, más conocido como Plan Social, con el fin de concentrar esfuerzos y mejorar la eficacia en la distribución de recursos a las poblaciones más vulnerables.
Entre las eliminaciones estratégicas se encuentran instituciones como la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, el Consejo de Desarrollo Dominicano del Exterior (Condex) y el Consejo Nacional de Población y Familia, entre otras. El gobierno entiende que estas entidades ya no cumplen con los objetivos para los cuales fueron creadas, o bien que sus funciones pueden ser absorbidas por otros organismos.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, también presentó medidas adicionales para reducir el gasto público. Entre ellas se incluye la eficientización del uso de la publicidad estatal, que será limitada a las instituciones que realmente la necesiten.
Además, se prohibirá la compra de vehículos no utilitarios, los gastos destinados a eventos generales y celebraciones de aniversarios, así como la impresión de memorias institucionales, las cuales deberán ser digitalizadas a partir de ahora.
Otra medida clave es la congelación de la cantidad de empleados públicos en cada institución, retroactiva a agosto de 2024, con excepción de la contratación de policías, militares, personal médico y docentes.
Además, se establecerán nuevas restricciones para los viajes al exterior, los cuales deberán ser aprobados por el órgano rector correspondiente, y las delegaciones oficiales no podrán exceder las tres personas, a menos que se cuente con una autorización especial.
