El ilícito, irritante y peligroso comercio de impostores en el sistema político
Juan Temístocles Montás
Los que hemos ejercido la actividad política durante años sabemos que el fortalecimiento de la democracia en nuestro país ha sido un proceso complejo que ha enfrentado grandes desafíos. Particularmente, desde 1978 hasta acá, la democracia dominicana ha tenido que hacer frente a crisis económicas y sociales que, en la mayoría de los casos, generaron tensiones políticas y sociales que se lograron superar.
Al mismo tiempo, el país ha ido avanzado en la dirección de reducir las disparidades económicas extremas, poniendo en marcha importantes reformas económicas y sociales. Ha sido en democracia que la República Dominicana logró convertirse en un país de desarrollo humano alto.
No ha sido fácil. Y hay que reconocer que, al día de hoy, persisten serios desafíos. Entre otros, está inconcluso aún el reto de construir un verdadero Estado de derecho. Hoy, existe una crisis de confianza en las instituciones democráticas y en los líderes políticos, asociada al hecho de que los ciudadanos perciben cada día más que sus líderes se preocupan más por sus propios intereses que por el bienestar común, lo que está conduciendo al debilitamiento de la credibilidad del sistema democrático.
Esa situación le abre la puerta a la posibilidad de ascenso de líderes autoritarios y al auge del populismo, lo que muy bien puede conducir a la erosión de las normas democráticas, al fomento de la intolerancia y al socavamiento de los principios fundamentales de la democracia.
Un elemento que está erosionando la credibilidad en nuestra democracia en la actualidad es la recurrente práctica (del Gobierno y del partido de Gobierno) de comprar dirigentes opositores. Nunca como ahora eso había ocurrido. Más de 32 alcaldes, 15 diputados, 45 directores municipales, y una importante cantidad de regidores fueron comprados por el Gobierno ante de la celebración de las elecciones municipales de febrero. Un vil mercado en que se compra-venden impostores de la política.
Con todo y que en las elecciones municipales obtuvieron una importante mayoría en los ayuntamientos y juntas municipales, la cacería de nuevos funcionarios opositores electos y dirigentes de los partidos opositores ha continuado.
Lo lamentable y preocupante es que esa compra de funcionarios electos y dirigentes políticos se hace con recursos públicos, lo que representa una práctica descarada de corrupción.
Principios fundamentales de la democracia, como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana están siendo socavados por esta práctica que distorsiona el proceso político y debilita la confianza en las instituciones democráticas.
Además, con la compra de lideres opositores el Gobierno está propiciando una concentración indebida de poder en sus manos, lo que debilita los controles y equilibrios necesarios para prevenir el abuso de poder y proteger los derechos y libertades individuales. También, le crea obstáculo a la competencia política en la medida que limita la capacidad de los otros actores políticos para participar en igualdad de condiciones en el proceso democrático.
La compra de funcionarios electos y líderes políticos mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones políticas y en el sistema democrático en su conjunto. El resultado inmediato de esa práctica es el desencanto con la política y el proceso político, lo que conduce a una mayor apatía y desafección hacia la democracia. En el mediano y largo plazo, el resultado podría ser la catástrofe para la democracia.
Ya hay señales a las que debemos prestarle atención. El último Latinobarómetro, el correspondiente al 2023, sólo un 36% de los dominicanos se siente satisfecho con la democracia en nuestro país; cuando, sólo unos ocho años atrás, un 54% manifestaban lo propio.
El actual gobierno se ha vendido como un abanderado de la lucha contra la corrupción. Pero la compra de lideres opositores, utilizando los recursos públicos, constituye una vergonzosa práctica de corrupción que hiere de muerte la democracia dominicana y que pone en peligro lo que hasta ahora se ha logrado en la creación de una sociedad tolerante.
Para preservar la integridad de la democracia, es fundamental combatir la compra de dirigentes políticos. Lamentablemente, instituciones de la sociedad civil que en otras circunstancias levantaban sus voces para exigir transparencia y manejo responsable de los recursos públicos, ahora no dicen esta boca es mía.
