El juicio a opositores nicaragüenses comienza en la prisión y sin acceso a sus familias
Managua, 1 feb (EFE).- El juicio en Nicaragua contra más de 40 líderes opositores, empresarios, activistas, periodistas y exguerrilleros sandinistas, acusados por la Fiscalía por traición a la patria o lavado de dinero, comenzó este martes en el lugar donde guardan prisión y sin acceso a los familiares, denunció un organismo humanitario.
El primero de una serie de juicios se realiza en la sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, donde funciona la prisión conocida como «El Chipote», según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y familiares de los opositores acusados que fueron detenidos previo a las controvertidas elecciones de noviembre pasado, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega para su quinto mandato.
A ese lugar, señalado por organismos humanitarios, como el Cenidh, de ser un «centro de torturas», se hicieron presentes Miguel Parajón, padre de Jader Parajón, y Zenobia González, madre de Yaser Mahumar Vado -dos de los acusados-, quienes aseguraron a los periodistas que las autoridades le negaron el ingreso al complejo, pese a que el Ministerio Público anunció que serían juicios orales y públicos.
En la víspera, el Ministerio Público dijo que los juicios contra los opositores, a los que tildó de «delincuentes y criminales», serían orales y públicos.
Sin embargo, de acuerdo con el Cenidh, la jornada se desarrolla bajo fuerte presencia policial y aislamiento en «El Chipote», una sede ubicada en las afueras de Managua, y al que no tuvo acceso Efe.
ORGANISMO HUMANITARIO: ES FARSA JUDICIAL
«Ya empezó la primera farsa judicial en el ‘Chipote’ (cárcel de la Policía). Recibimos información de la exagerada presencia de antimotines (policías antidisturbios). Se impidió el ingreso a los familiares y no hay comunicación con defensores. Se repiten las ilegalidades de la audiencia inicial», aseguró el Cenidh en su denuncia.
Hasta ahora, las autoridades no han informado quién o quiénes fueron los primeros opositores en ir a juicio, aunque los organismos opositores y de derechos humanos presumen que fueron los activistas Parajón y Vado.
Las organizaciones opositoras Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Unidad Nacional Azul Blanco, demandaron la nulidad de los juicios contra los disidentes.
La Alianza Cívica argumentó que los juicios deberían declararse nulos debido a que el proceso penal ha estado plagado de ilegalidades «desde que fueron detenidos arbitrariamente, sin informar la causa o razones de detención, e incluso sin orden o mandamiento judicial como lo exige la Constitución».
«Los presos políticos estuvieron prácticamente desaparecidos e incomunicados durante más 80 días y sometidos a audiencias secretas y acusaciones basadas en leyes inconstitucionales y con graves inconsistencias técnicas», alegó ese grupo en un escrito, en el que demandó la liberación inmediata y sin condiciones de los opositores.
«Los procesos judiciales están basados en cargos infundados, con ausencia y obstáculos para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, sometidos a prisión preventiva en vulneración a los estándares de derechos humanos, falta de efectividad del recurso de exhibición personal o habeas corpus», sostuvo esa organización.
FISCALÍA: SON CRIMINALES Y DELINCUENTES
De acuerdo con el Ministerio Público, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.
Entre los acusados se encuentran los siete dirigentes opositores que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios en los que fue reelegido Ortega con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Según la Fiscalía, que dirige la expolicía Ana Julia Guido, los acusados serán procesados «por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos», entre otros.
Los familiares de los acusados, poco más de 40, sostienen que los denominados «presos políticos» son inocentes, y han pedido públicamente su libertad, así como la anulación de los juicios.
En tanto Ortega se refirió a los denominados «presos políticos» un día después de las votaciones del 7 de noviembre pasado, a los que tildó de «hijos de perra de los imperialistas yanquis».
