El 92 y el 46, los números claves en el juicio político al presidente de Ecuador

Quito, 9 may (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador someterá a un juicio político al presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, cuyo futuro depende de una votación en la Cámara en la que la oposición requiere de 92 votos para la censura y el oficialismo 46 para evitarla.

En ese rango giran actualmente las definiciones en Ecuador, que asiste a un nuevo escenario difícil de su historia política actual, en medio de una situación económica, social y de seguridad crítica que aqueja a casi todos, especialmente a los pobres.

La Asamblea debe convocar a una sesión del pleno en el plazo de cinco días para el juicio político contra Lasso, luego de que este martes la Cámara, dominada por la oposición, aprobara el trámite final del proceso.

Para el jurista Ramiro Aguilar, la oposición en la Asamblea logró este martes dar oxígeno a su propuesta de juicio político, que no había prosperado el pasado fin de semana en la Comisión de Fiscalización del Legislativo.

Este martes, con 88 votos a favor, de 116 legisladores presentes, así como 23 en contra y 5 abstenciones, el pleno de la Cámara aprobó el llamamiento a juicio político al presidente Lasso por el supuesto delito de peculado.

Fue la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que lidera el expresidente progresista Rafael Correa (2007-17), quien propuso la moción para agilizar la interpelación al jefe del Estado.

Para lograrlo, la oposición junto las voluntades de varios grupos parlamentarios como el propio UNES, así como el conservador Partido Social Cristiano, el movimiento indígena Pachakutik y algunos independientes.

Tras finalizar la votación, en el pleno se levantaron voces que reclamaban anticipadamente la victoria, pues mientras los legisladores de UNES gritaban a todo pulmón «Fuera, Lasso fuera», en los pasillos el oficialista Juan Fernando Flores advertía de que el proceso de censura había fracasado.

Flores recordó que la oposición alcanzó sólo 88 votos, cuatro menos que la cifra mínima para lograr la censura, aunque otros advirtieron de algo similar con la votación del oficialismo, que solo logró 23, la mitad de los 46 que necesita para evitarla.

Aguilar sostuvo que el problema, al final, va a ser de «suma y resta» de votos, en el que jugarán un papel importante quienes han estado simultáneamente a uno y otro lado del vaivén político.

El analista advirtió del «desangre» que ha sufrido en los últimos días el Partido Social Cristiano, que apoya la censura, pero que a visto desafiliarse a varios legisladores de su grupo parlamentario.

También advirtió de la división en las filas del movimiento indígena Pachakutik, en el que hay dos facciones, una claramente identificada con la censura y otra que en ocasiones se ha alineado con el oficialismo.

Para Aguilar, todo dependerá de esos grupos que podrían inclinar a uno u otro lado la balanza política, en un momento en que han circulado rumores de la supuesta «compra de conciencias» de legisladores.

Sin embargo, más allá de la acusación, la supuesta malversación en contratos para el transporte de crudo para la exportación, el proceso contra Lasso tendrá un carácter eminentemente político y podría constituirse en una interpelación a toda su gestión, que está a menos de quince días de cumplir dos de los cuatro años para los que fue electo.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tiene cinco días para convocar a la sesión del pleno para el juicio político, plazo que va hasta el próximo domingo, fecha también establecida para el cambio de dignidades en la Cámara.

La oposición, que goza de mayoría en el pleno, podría asumir el control de las dignidades de la Asamblea, lo que también es otra vuelta de tuerca en el laberinto político que le ha tocado vivir al Gobierno de Lasso.

El propio mandatario, incluso, ha advertido de la posibilidad de llamar a la denominada «muerte cruzada», por la que podría disolver la Asamblea, llamar a elecciones anticipadas y ejercer el cargo a través de decretos ejecutivos, una opción que podría chocar con la Corte Constitucional.

Además, esa posibilidad podría generar, según han advertido varios movimientos sociales, un estallido de protestas de grupos que aseguran haber sido golpeados por las políticas neoliberales de Lasso.

Fernando Arroyo León