El sistema de salud dominicano: ¿derecho o privilegio?

Por Nikauris Esmaylins Taveras Villar

La Constitución de la República Dominicana reconoce la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, la brecha entre lo que establece la ley y lo que viven miles de dominicanos a diario es cada vez más alarmante. En la práctica, este derecho se transforma en un privilegio, muchas veces accesible solo para quienes cuentan con recursos económicos o logran sortear la maraña burocrática impuesta por las aseguradoras.

En la actualidad, hablar de modelo de salud significa sumergirse en una de las fibras más sensibles de la sociedad. Lo que debería representar un espacio de alivio, confianza y esperanza se convierte con demasiada frecuencia en un escenario marcado por la frustración, la impotencia y el desamparo de quienes acuden en busca de atención.

La degradación de los servicios médicos ha dejado de ser una simple percepción ciudadana para transformarse en una realidad palpable, que revela una estructura cada vez más deshumanizada y reducida a la frialdad de procesos robóticos, mecanizados sin el más mínimo interés de obtener resultados significativos en la salud.

Visitar un centro médico se ha vuelto una experiencia realmente desalentadora, incluso en situaciones de emergencia. Personas con dolencias severas, en medio del dolor, reciben con frecuencia una respuesta que suena más a sentencia que a ayuda: “Autorización del seguro”. Esa frase, repetida sin empatía, demuestra cómo la existencia humana ha sido postergada a un segundo plano, subordinada a trámites administrativos que desplazan lo urgente. Lo que plantea una pregunta ineludible: ¿dónde queda la ética médica? ¿Qué pasó con el juramento hipocrático que antepone la vida por encima de cualquier protocolo?

Lo más preocupante es que este panorama no es exclusivo del sector público. En los centros privados, donde se espera una atención más ágil y eficaz, se repite el mismo patrón: autorizaciones que retrasan intervenciones vitales, códigos que complican lo sencillo y formularios que deben completarse incluso cuando la persona atendida apenas puede hablar. Es como si la existencia pudiera esperar mientras se imprime un papel o se recibe una llamada de confirmación.

La estructura asistencial ha olvidado que detrás de cada expediente hay una historia, una familia, un ser humano. La atención médica ha comenzado a perder su esencia más noble. En muchos casos, el trato que reciben los usuarios carece de calidez, y lo que debería ser una vocación se ha reducido a una tarea cumplida sin alma, sin contacto humano, sin compromiso.

En este contexto, la atención pública deja de ser un servicio equilibrado para convertirse en un modelo disfuncional, donde la gratuidad no garantiza calidad ni dignidad. Aunque en el sector estatal no se exige un pago directo por la atención, la precariedad de los recursos, la escasez de insumos y la influencia de intereses políticos —donde muchas veces los cargos se asignan por favores políticos más que por mérito profesional— deterioran el derecho real a la asistencia sanitaria.

Paul Farmer, médico y antropólogo, afirmaba que “la idea de que algunas vidas valen menos que otras es la raíz de todos los problemas de salud en el mundo”. En República Dominicana, esa idea se refleja en la indiferencia hacia quienes, aun accediendo al sistema público, se enfrentan a la negligencia, el abandono o la discriminación silenciosa de un modelo que prioriza relaciones de poder antes que el bienestar humano.

Incluso los propios profesionales reconocen el colapso. Muchos trabajan en condiciones precarias, con recursos limitados y sin apoyo suficiente. Pero eso no justifica la pérdida de sensibilidad ante el dolor humano. Una persona atendida necesita más que una receta: necesita ser escuchada, comprendida y tratada con respeto.

La crisis institucional llega al corazón del sistema: el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que debería ser el escudo de los más vulnerables, ha sido golpeado por escándalos de corrupción. Investigaciones periodísticas recientes, como las presentadas por la periodista Nuria Piera en su programa “N Investiga”, revelaron una red de fraude en la que se facturaron más de 4,000 procedimientos que nunca se realizaron. Además, se descubrió un “call center paralelo” que operaba al margen de los canales oficiales, manipulando procesos y autorizaciones de manera irregular.

Estas acciones no solo representan una irregularidad a los fondos públicos, sino un atentado directo contra millones de dominicanos que dependen del modelo asistencial para sobrevivir. El desvío de recursos destinados al cuidado de los más necesitados no es solo corrupción: es una forma de violencia estructural.

El doctor Senén Caba, expresidente del Colegio Médico Dominicano, lo expresó sin rodeos: “El pueblo dominicano está pagando el precio de una política que convierte la salud en un botín de negocios”. Esta afirmación resume con claridad el drama de un sistema que, aunque mantiene una fachada pública, opera bajo una lógica privada, centrada en la rentabilidad.

Los hospitales están deteriorados: ascensores dañados, laboratorios sin reactivos, equipos obsoletos y una escasez alarmante de especialistas. En muchos centros, los estudios médicos resultan tan costosos que se convierten en un lujo inalcanzable para el ciudadano promedio. Y en las clínicas privadas, aunque el deterioro no siempre es físico, sí es humano: el médico dedica menos tiempo a escuchar y más a llenar formularios, presionado por aseguradoras y metas financieras.

El usuario ha dejado de ser el centro del modelo asistencial; ahora es solo un número, un código, un trámite, una existencia más que puede ser postergada.

La crisis de SeNaSa, las denuncias de corrupción, la degradación de los hospitales públicos y la privatización encubierta son síntomas de una enfermedad más profunda: la indiferencia del Estado y del sector privado frente al bienestar de la población. Mientras se destinan fondos a oficinas diplomáticas en el extranjero, los centros médicos locales colapsan. Mientras se celebran contratos millonarios, los usuarios esperan en sillas de plástico a que se les autorice una prueba.

Frente a este panorama, la única salida es una reforma estructural que devuelva la atención sanitaria a su verdadero lugar: un derecho humano, no una mercancía. No bastan los cambios administrativos ni las auditorías ocasionales. Se necesita voluntad política real, inversión sustancial, transparencia radical y una transformación ética que vuelva a poner al ser humano en el centro del modelo asistencial.

La ciudadanía no puede permanecer indiferente. Es momento de romper la normalización del maltrato, la demora interminable y la negligencia. La asistencia médica debe doler solo cuando estamos enfermos, no cuando buscamos atención. Exigir un sistema justo, eficiente y humano no es un privilegio, es una necesidad colectiva.

Es evidente que el sistema de salud dominicano está en crisis. La vida no puede depender de una autorización ni de una firma. Mientras eso siga ocurriendo, seguiremos haciéndonos la misma y dolorosa pregunta: ¿Es la salud en nuestro país un derecho… o un privilegio?

Referencias

Paul Farmer y equidad en salud

Farmer, P. (2003). Pathologies of power: Health, human rights, and the new war on the poor. University of California

Michel Foucault y la deshumanización de la medicina

Foucault, M. (1963). El nacimiento de la clínica: Una arqueología de la mirada médica. Fondo de Cultura Económica.

Investigación de Nuria Piera sobre SeNaSa

Piera, N. (2025). LO QUE DESCUBRIÓ NURIA PIERA: Explota la crisis en SeNaSa [Video]. YouTube.