El Supremo condena a dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa al fiscal general
Madrid, 20 nov.- El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Justo una semana después de que acabase el juicio -el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, el alto tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados.
Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo disienten de la decisión de sus compañeros, lo que ha hecho que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia.
La resolución, según ha adelantado el Supremo, impondrá también a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el abono de las cosas procesales del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció este empresario.
A falta de conocer los argumentos, cinco de los siete magistrados han considerado que el fiscal general del Estado incurrió en un delito de revelación de datos reservados recogido en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».
La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en julio de 2022.
El Gobierno respeta pero no comparte la condena
El Gobierno ha expresado su respeto a la decisión del Tribunal Supremo aunque no la comparte y ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximo días.
Fuentes del Ejecutivo han hecho estas consideraciones tras conocer la decisión del Alto Tribunal. A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno insiste en su respeto a la justicia pese a no compartir el fallo.
Asegura que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que garantiza que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho.
De la misma forma, el Gobierno ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad» en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.
El Ejecutivo, con Pedro Sánchez, a la cabeza, siempre había defendido la inocencia del fiscal general y había asegurado que el tiempo le daría la razón y pondría las cosas en su sitio.
No obstante, había expresado en todo momento su respeto a la justicia y que asumía la responsabilidad de sus manifestaciones en caso de que García Ortiz, como finalmente ha ocurrido, fuera condenado. EFE
Un correo con la admisión de dos delitos
Durante seis jornadas, García Ortiz se sentó en el banquillo acusado de filtrar a la prensa un correo del abogado de González Amador en el que reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda con el objetivo de llegar a un acuerdo con el fiscal que le investigaba. Este empresario está procesado por dicho fraude en un juzgado de Madrid.
Las acusaciones, en sus exposiciones finales, destacaron que la información de dicha confesión sirvió para elaborar la nota de prensa con la que la Fiscalía aclaró que era la pareja de Díaz Ayuso quien ofrecía un pacto al fiscal y no al revés, como se había difundido en varios medios y había transmitido el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
La sentencia deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García Ortiz, que ahora podrá presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo tribunal como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Durante el juicio, García Ortiz negó rotundamente haber filtrado el 13 de marzo de 2024 el mencionado correo y recalcó que «la verdad no se filtra; la verdad se defiende».
Su defensa subrayó el valor del testimonio de varios periodistas que aseguraron que conocieron dicho correo antes que el fiscal general del Estado.
Siete acusaciones solicitaron para él un arco de penas que oscilaba de entre 3 y 6 años de prisión, y hasta 12 años de inhabilitación, así como la suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, mientras que la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que ejercía la defensa, pedían la absolución.
Las acusación particular la ejerció la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y las populares el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). EFE
