Elecciones en Cuba abren interrogantes sobre participación ciudadana
Una ciudadana vota el 27 de noviembre en un centro electoral de La Habana, durante los comicios de delegados (concejales) a las asambleas municipales del Poder Popular, principales instancias de gobierno a nivel local en Cuba. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
Luis Brizuela
LA HABANA, 2 Dic (IPS)- El abstencionismo en las elecciones locales en Cuba parece confirmar un creciente desinterés ciudadano hacia mecanismos de representación y participación establecidos, en contraste con la política para aumentar la autonomía territorial y la gestión del desarrollo endógeno.
De acuerdo con el Consejo Electoral Nacional en los comicios del domingo 27 votó 68,58% de los 8,3 millones de cubanas y cubanos habilitados para hacerlo, a fin de elegir a 12 427 delegados municipales para una gestión de cinco años según estipula la Ley Electoral de 2019.
El delegado (concejal), tiene entre otros encargos constitucionales promover la participación de la comunidad en la gestión de sus problemas; así como informar a la administración municipal sobre las opiniones, necesidades y dificultades de sus electores, y trabajar en su solución en lo que les corresponda.
Al 31 % del total de electores que no concurrió a las urnas, se añade más de 10 % de personas que votaron en blanco o anularon el sufragio, cifras récord para este país insular caribeño de sistema político socialista donde años atrás las tasas de asistencia a las urnas sobrepasaban 90-95 %.
En los comicios de hace cinco años votó 89,02 % del electorado, y poco más de 8 % de los sufragios quedaron en blanco o se invalidaron.
Durante las experiencias electorales más recientes, los referendos sobre la Constitución de 2019 y el nuevo Código de las Familias, aprobado el 25 de septiembre, participó 90,15 % y 74.01 % del electorado, respectivamente.
“No voté, como tampoco lo hice en las pasadas elecciones. No tengo nada en contra de las personas propuestas. Tienen una biografía más o menos similar, pero del futuro, de lo que harán para transformar el barrio, no dicen nada”, aseguró a IPS Mercedes, una contadora de 55 años residente en La Habana que pidió omitir su apellido.
“Una revisión y renovación de mecanismos y funciones en el sistema del Poder Popular me parece una tarea urgente para lograr un mayor nivel de empoderamiento popular y de eficacia en la gestión de gobierno a todos los niveles”: Ovidio D’Angelo.
La ley prohíbe efectuar campañas proselitistas por cualquier candidato y solo se colocan en espacios públicos las biografías para que las y los electores conozcan aspectos relevantes de su trayectoria estudiantil y laboral.
“Los delegados que he conocido podrán haber tenido las mejores intenciones, pero en la práctica los resultados son casi nulos”, indicó al dialogar con IPS, Aliesky Ramírez, un informático de 38 años con domicilio en la oriental ciudad de Holguín.
Los delegados rinden cuenta de su gestión de manera periódica, pero “en esas reuniones escuchas cada año los mismos planteamientos, que el pan no tiene calidad, que el barrio sigue sin una simple lámpara para alumbrar de noche, que faltan carros para recoger la basura con frecuencia o no hay presupuesto para ampliar el alcantarillado. Uno se cansa de la falta de soluciones”, argumentó Ramírez.
Dos electores examinan las biografías de candidatos a delegados (concejales) a las asambleas municipales del Poder Popular, en los comicios del 27 de noviembre, en La Habana. La ley prohíbe las campañas proselitistas, pero los ciudadanos consideran que sería oportuno la presentación por los aspirantes de planes de gestión de los barrios urbanos y los asentamientos rurales. Foto: Jorge Luis Baños / IPS
Para Félix Bruzón, un ingeniero jubilado de 70 años de la occidental provincia de Mayabeque, “ser delegado exige mucho sacrificio. Es alguien con las mismas dificultades del pueblo que ni siquiera cobra por la carga extra de tramitar problemas, además de mantener su trabajo y hogar”.
Bruzón recordó que “no siempre se eligen a los mejores, porque tampoco mucha gente quiere asumir esa responsabilidad y desgastarse. Después que asume, el delegado choca con los “no hay recursos” o “tenemos prioridades más urgentes” de las instancias superiores. Y esa persona luego tiene que dar la cara a quienes lo eligieron”.
Del total de delegados electos, 43,87 % son mujeres y 12,52 % jóvenes de hasta 35 años.
La nominación primero en reuniones barriales como candidatos, y posteriormente la votación del futuro delegado de forma directa y secreta, es el momento del proceso electoral cubano en el cual la ciudadanía selecciona directamente a sus representantes.
Los delegados electos en cada circunscripción conforman la Asamblea Municipal del Poder Popular, principal órgano del poder del estado en los 168 municipios del país, y que al constituirse para un periodo de un lustro elige entre sus integrantes a un presidente y vicepresidente.
De acuerdo con la ley, la Asamblea Nacional de Poder Popular, el unicameral parlamento local, deben integrarla hasta 50 % de delegados de base, mientras que el resto proviene de representantes de organizaciones políticas y de masas que deben ser ratificados por la ciudadanía, tras una selección por parte de comisiones de candidatura.
Corresponde a los legisladores, unos 605 en la actualidad, elegir cada cinco años al presidente y vicepresidente de la República, al igual que al Consejo de Estado, en sufragios de segundo grado, un proceso que debe transcurrir el próximo año.
A juicio de analistas, los resultados electorales aportan multiplicidad de lecturas, desde la falta de confianza en un mecanismo participativo que aporta pocas soluciones reales y en el cual un porcentaje significativo de ciudadanos parece no sentirse representado, hasta muestra de descontento social y un voto de castigo a la gestión gubernamental.
Muchas personas y familias se sienten exhaustas por carencias cotidianas derivadas de la crisis multifactorial que atraviesa el país, y cuyos signos más evidentes son el desabastecimiento de alimentos, medicinas, al igual que frecuentes cortes eléctricos de hasta 12 horas diarias en la mayoría de las provincias.
En tan compleja situación ha influido el embargo estadounidense reforzado en los últimos cuatro años, al igual que la pandemia de covid.
Vista de una calle de La Habana durante la jornada electoral del 27 de noviembre. Las cifras oficiales confirman que más de 31 % de las personas habilitadas para votar no acudió a las urnas, mientras que más de 10 % de quienes ejercieron el sufragio votaron en blanco o anularon el sufragio, cifras record para este país insular caribeño. Foto: Jorge Luis Baños / IPS
Se añaden los impactos en agosto del incendio en la base de supertanqueros en la occidental ciudad de Matanzas, y del poderoso huracán Ian en el occidente de la isla a fines de septiembre, y que solo en la provincia de Pinar del Río dejó más de 100 000 viviendas afectadas y considerables daños en la agricultura, incluido el importante sector del tabaco.
“Que nosotros hagamos esto (las elecciones) demuestra que Cuba sigue su camino sin detenerse”, declaró a los medios el presidente Miguel Díaz-Canel tras ejercer el sufragio.
El mandatario consideró que el proceso electoral expresa que Cuba “mantiene su estabilidad política y social, independientemente de la asfixia económica que nos están tratando de implantar para que la población por el descontento, la desesperanza y el agobio debido a las carencias, haga el anhelado estallido social que quiere el gobierno imperial”, esto último en alusión a Estados Unidos.
Los comicios ocurrieron en medio de una fuerte campaña en redes sociales de sectores opositores y activistas quienes llamaron a abstenerse o votar no. Calificada por las autoridades de “mercenarios a sueldo” de Washington, un segmento de la disidencia interna buscó sin éxito colocar candidatos en las boletas.
Los desechos se acumulan en una calle del municipio de Diez de Octubre, en La Habana. La recogida de basura es una de las quejas más recurrentes de la ciudadanía en las reuniones de rendición de cuenta de los concejales en los municipios de Cuba. Foto: Jorge Luis Baños / IPS
Más autonomía municipal requiere mayor participación
Desde 2011, el programa de reformas económicas conocidos como Lineamientos proyectó la necesidad de aprovechar aún más las potencialidades de las comunidades y colocar el desarrollo local como una política de primer orden.
La Constitución conceptualiza el municipio como “la sociedad local”, reconoce su autonomía y le encomienda lograr la satisfacción de las necesidades de la demarcación.
En julio de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la Política para impulsar el desarrollo territorial, mientras en abril de 2021, el decreto No.33 Para la gestión estratégica del desarrollo territorial, abrió el diapasón para impulsar este tipo de iniciativas, como parte de un proceso hacia la descentralización.
Corresponde a los gobiernos municipales conducir y gestionar las Estrategias de desarrollo local.
Para el investigador social Ovidio D’Angelo, “la autonomía municipal tiene carácter multidimensional, no solo porque implica cambios sustanciales en las funciones del gobierno –y un gran desafío para la asunción de sus atribuciones y competencias necesarias-, sino porque se proyecta en ámbitos de interrelaciones y tramas sociales diferentes a las tradicionales”, marcadas por el verticalismo y la centralización.
“El tema plantea, colateralmente, la función del delegado y la participación popular, como la base posible de todo desarrollo social, territorial y nacional”, significó en un intercambio con IPS el integrante del equipo de trabajo del gubernamental Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS).
D’Angelo convino en que pocas veces el delegado tiene opciones de solución de problemas cotidianos de la comunidad, “porque dependen de las posibilidades y dedicación de instituciones de otro nivel”.
Pero en otras ocasiones, “tampoco dispone de competencias para la gestión de procesos complejos de la comunidad, ni se proyecta hacia situaciones determinantes de los problemas de la cotidianeidad que se derivan de políticas, prioridades o visiones de nivel nacional, sobre las cuales los pobladores pueden hacer propuestas interesantes”.
En este sentido consideró oportuno despojar de formalismos al proceso de elección de los delegados de circunscripción y enriquecerlo, quizás, con agendas y proyecciones de los candidatos, “sobre las problemáticas de las comunidades o barrios, cómo movilizar alianzas multiactorales y poblacionales generativas para contribuir a su solución, desde sus propias capacidades o en busca de apoyos necesarios”.
A su juicio, la revisión y renovación de mecanismos y funciones en el sistema del Poder Popular “me parece una tarea urgente para lograr un mayor nivel de empoderamiento popular y de eficacia en la gestión de gobierno a todos los niveles”.
“En la crítica situación actual del país, esto no supone un deseo, sino una necesidad imperante”, aseguró D’Angelo.
