Emigdio Mercedes: Nueva ley de contrataciones no basta para frenar la corrupción estatal
Santo Domingo, 2 de febrero de 2026. — El exdiputado y presidente del Partido Nueva Sociedad (PNS), en proceso de formación, Emigdio Mercedes, advirtió que la reciente entrada en vigencia de la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas no será suficiente para frenar los niveles de corrupción en el Estado dominicano, al considerar que mantiene brechas y debilidades que permiten la manipulación de procesos en beneficio de determinados oferentes.
Mercedes señaló que desde hace tiempo ha venido proponiendo reformas estructurales a la normativa vigente, advirtiendo que, sin esos cambios de fondo, los actos de corrupción continuarán afectando la inversión pública. En sus palabras, “seguirá la incapacidad del Estado para mejorar y ampliar la infraestructura en todo el territorio nacional”.
El exlegislador cuestionó la efectividad de las principales entidades responsables de supervisar la transparencia estatal, como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Cámara de Cuentas (CCRD), la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y los veedores ciudadanos, señalando que, pese a sus esfuerzos, no han logrado controlar los actos de corrupción, debido —según afirmó— a “la tentación, la ambición y la angurria de los servidores públicos”.
Mercedes recordó que la Ley 340-06, que rigió por casi dos décadas, tampoco impidió la corrupción en las compras y contrataciones del Estado. Aunque reconoció que las sanciones establecidas en la nueva Ley 47-25 son importantes, sostuvo que no atacan la raíz del problema.
“Debemos irnos al origen, a lo primero que se produce: las negociaciones de sobornos o comisiones entre funcionarios y proveedores, y esta nueva ley no impedirá ese mecanismo”.
El también expresidente de la Comisión de Finanzas (hoy Hacienda) de la Cámara de Diputados explicó que los sobornos no se canalizan mediante cheques o transferencias, sino en efectivo y, en ocasiones, a través de bienes como relojes, vehículos, muebles o inmuebles.
En ese sentido, hizo un llamado de atención al sector financiero ante retiros sospechosos de grandes sumas en efectivo por parte de suplidores del Estado, los cuales, según indicó, muchas veces presionan al alza la tasa de cambio al convertirse inmediatamente en dólares para su almacenamiento o fuga.
Mercedes sostuvo que cuando un proveedor paga sobornos, esos montos se trasladan al costo final de los bienes, servicios y obras contratadas, encareciendo el gasto público y perjudicando a la ciudadanía. “Si el suplidor no soborna, el país se desarrollará más rápido porque esos recursos se quedarán en el presupuesto nacional”, aseguró.
Como medida concreta, propuso que la ley establezca la obligatoriedad para los oferentes, tanto antes como después de adjudicarse una contratación pública, de presentar sus estados de cuenta bancarios, certificados financieros u otros instrumentos monetarios, sin importar la fecha de emisión, ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Asimismo, planteó que los proveedores ganadores autoricen al sector financiero, tanto nacional como internacional, así como a cooperativas y otras entidades, a remitir dicha información a la UAF, la cual debería investigar todos los retiros de efectivo, exigiendo comprobantes válidos. De no presentarse justificación, dichos retiros serían indicativos de sobornos o comisiones dirigidos a funcionarios públicos.
Mercedes afirmó que este mecanismo no solo promovería procesos más limpios y transparentes, sino que también evitaría que los suplidores comprometan recursos empresariales sin tributar al fisco, violando el Código Tributario (Ley 11-92) y sus modificaciones. Además, evitaría exponer a sus familias a los efectos sociales y morales derivados de escándalos públicos de corrupción.
