Empresa agrícola y su propietario condenados a pagar RD$60 millones por daños ambientales en Ocoa
SANTO DOMINGO, 28 enero. – Un tribunal del Distrito Judicial de San José de Ocoa condenó a la empresa Agroforestal MACAPI y a su propietario, Manuel Castillo Pimentel, al pago de una indemnización de RD$60 millones por causar severos daños ambientales en la zona de Loma Redonda, como parte de una sentencia que también impone dos años de prisión suspendida al agroempresario.
La decisión fue adoptada por el juez Alfis Brandeli Castillo Castillo, del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de San José de Ocoa, quien acogió la acusación presentada por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), órgano del Ministerio Público.
La sentencia, emitida el 11 de mayo de 2023 y marcada con el número 00010/2023, fue notificada al Ministerio Público el 10 de diciembre de 2025. En ella se establece que Agroforestal MACAPI y Castillo Pimentel violaron múltiples disposiciones de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Ley 57-18 Sectorial Forestal.
Además de la condena penal, el tribunal ordenó a los responsables realizar la reparación ambiental del área afectada, estimada en unas 100 tareas, mediante un plan de reforestación con especies nativas que será supervisado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También deberán pagar una multa equivalente a cinco mil salarios mínimos (RD$50 millones) a favor del Estado dominicano, así como una indemnización de RD$10 millones por los daños morales ocasionados, al haberse constituido el Ministerio Público en actor civil en el proceso.
El procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, valoró la sentencia como un paso importante en la defensa judicial del medio ambiente y resaltó que, además de las sanciones económicas, el tribunal ordenó el cumplimiento de medidas de reparación ambiental concretas, así como el pago de las costas penales del proceso.
Según la acusación, los daños ambientales provocados por la empresa incluyeron la deforestación de más de 150 tareas, la eliminación de especies nativas como nin, jobo de puerco, guama, palo hediondo, lino, caimito, bayahonda y jabilla, entre otras, así como la alteración de una fuente hídrica que quedó al borde del colapso. También se construyó una explanada de 13 mil metros cuadrados y varios caminos de entre tres y cuatro metros de ancho, con una longitud total de nueve kilómetros.
El caso fue impulsado desde julio de 2022 por fiscales de la Proedemaren, incluyendo a Rudy Alberto Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta, quienes representaron al Ministerio Público durante el proceso.
