Empresario y altos mandos militares implicados en red de sobornos por más de RD$108 millones en instituciones públicas
Santo Domingo, 11 julio. – El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la compañía Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase), ha sido acusado formalmente por el Ministerio Público de operar una estructura de corrupción que, desde el año 2012 hasta el 2025, facilitó la obtención de contratos millonarios para brindar servicios de seguridad a entidades estatales como las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
De acuerdo con la acusación, Rodríguez González habría pagado sobornos que superan los 108 millones de pesos dominicanos a funcionarios militares y civiles de alto rango, a cambio de la asignación y mantenimiento de estos contratos, en violación directa a las leyes de contratación pública y al marco normativo anticorrupción del país.
Según los detalles ofrecidos en la solicitud de medida de coerción presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por la procuradora adjunta Mirna Ortiz, desde mediados del año 2012 Rodríguez González comenzó a realizar pagos ilegales a una red de oficiales que ocupaban funciones clave en las instituciones públicas mencionadas.
Estas autoridades, lejos de velar por el cumplimiento de sus funciones institucionales, facilitaron la contratación de Senase a pesar de que las entidades disponían de departamentos internos de seguridad cuya responsabilidad era garantizar la protección de su personal, instalaciones y bienes.
Esta duplicidad de funciones, según el órgano acusador, no solo resultó innecesaria sino que también configuró un esquema sistemático de estafa al Estado, mediante la simulación de necesidad de servicios tercerizados de seguridad.
La investigación establece que los sobornos eran negociados en reuniones privadas, muchas de ellas realizadas en restaurantes, donde Rodríguez González acordaba con los oficiales el porcentaje que debían recibir por garantizarle la contratación y la permanencia de su empresa en los contratos estatales.
Los pagos se realizaban tanto mediante transferencias bancarias directas a las cuentas de los funcionarios como en efectivo, y en algunos casos, a través de depósitos dirigidos a familiares cercanos.
Entre los implicados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, quien se desempeñó como director de Seguridad de Edesur; el coronel Andrés Pacheco Varela, director de seguridad de Edenorte y oficial activo de la Fuerza Aérea Dominicana; el coronel Luis Ernesto Vicioso Bocio, jefe de seguridad de Edeeste; el coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández, responsable de la seguridad y miembro del Comité de Compras del Inaipi; y el coronel Elías Caamaño Pérez, jefe de seguridad de Senasa.
La red de beneficiarios de los pagos también incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, así como al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien se desempeñaba como director de seguridad física de Edenorte.
Este último, según documentos oficiales, habría recibido durante el período comprendido entre 2020 y 2025 un total de RD$35,319,179.54 en sobornos, a través de transferencias a sus cuentas personales o las de su esposa, cuñado y hermana. En Edesur, el Ministerio Público señala que el esquema de corrupción operó desde 2012 hasta el 2020, siendo Robles Díaz su principal ejecutor durante ese tiempo. En el caso de Senasa, entre 2016 y 2019, el coronel Elías Caamaño Pérez habría recibido RD$3,032,505.34 por concepto de pagos mensuales pactados como parte del acuerdo ilícito. En cuanto a Inaipi, los pagos de cohecho ascienden a RD$12.8 millones.
En defensa de Rodríguez González, su abogado Carlos Balcácer declaró públicamente que su cliente fue forzado a realizar dichos pagos y que lejos de beneficiarse, resultó ser una víctima del sistema de corrupción.
Balcácer afirmó que “el Estado no ha perdido un solo peso” y que los fondos pagados por Rodríguez González equivalían al 10 % de la facturación mensual de su empresa, exigidos por los funcionarios públicos como condición para la continuidad de los contratos.
No obstante, el Ministerio Público contradice esta versión y sostiene que Rodríguez González obtuvo beneficios directos de este esquema, como la eliminación de trabas burocráticas y la exclusividad en la prestación de servicios, lo que le permitió operar sin competencia y con respaldo institucional.
La acusación también apunta que la empresa Senase movilizó entre los años 2014 y 2024 más de RD$7,000 millones, cifra que el Ministerio Público califica como un incremento patrimonial desproporcionado, reflejo de actividades propias del lavado de activos.
El Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva para los implicados y que el proceso sea declarado complejo, dada la magnitud de la red y el volumen de pruebas recabadas.
La primera audiencia del caso fue aplazada para el lunes próximo, a solicitud de las defensas, que pidieron un plazo adicional para examinar el expediente. En total, el proceso judicial involucra a nueve personas, ocho de ellas oficiales militares en servicio activo o retirado, y un civil.
El caso ha puesto de relieve la profundidad de las prácticas corruptas en el aparato estatal dominicano, donde estructuras enteras dentro de las instituciones públicas fueron utilizadas como instrumentos para desviar fondos públicos hacia fines privados, en perjuicio de la transparencia y la legalidad administrativa.
