En caso de crisis electoral, esto es lo que debes saber
Por Neal K. Katyal
The New York Times
En 2020, cuando Donald Trump cuestionó los resultados de las elecciones, los tribunales rechazaron decisivamente sus intentos una y otra vez. En 2024, el poder judicial podría ser incapaz de salvar nuestra democracia.
Los renegados ya no son principiantes. Han pasado los últimos cuatro años haciéndose profesionales, diseñando meticulosamente una estrategia en múltiples frentes —legislaturas estatales, el Congreso, poderes ejecutivos y jueces electos— para anular cualquier elección reñida.
Los nuevos desafíos tendrán lugar en foros que han purgado cada vez más a los funcionarios que anteponen el país al partido. Podrían ocurrir en un contexto de márgenes electorales muy estrechos en los estados clave de tendencia electoral incierta, lo que significa que cualquier impugnación exitosa podría cambiar potencialmente las elecciones.
Disponemos de unas pocas semanas para comprender estos desafíos y así poder estar alerta contra ellos.
En primer lugar, en los tribunales ya se han presentado docenas de demandas. En Pensilvania se ha iniciado un litigio sobre si están permitidas las papeletas de voto por correo sin fecha y si se pueden permitir las boletas provisionales. Stephen Miller, exasesor de Trump, presentó una demanda en Arizona alegando que los jueces deberían tener la capacidad de rechazar los resultados de las elecciones.
Muchos estados han cambiado recientemente su forma de votar. Incluso una modificación menor podría dar lugar a impugnaciones legales, y algunas invitan afirmativamente al caos.
Cada vez que un estado cambia una norma electoral o se puede alegar que no la ha seguido, alguien con fundamento legal (como un residente de ese estado o un candidato o partido) puede presentar una demanda. Recientemente, los tribunales de Georgia y Pensilvania han protegido el derecho al voto, pero estas decisiones de tribunales inferiores pueden apelarse dentro del sistema estatal.
Las demandas también llegarán a los tribunales federales. Se sabe que los jueces federales en ocasiones actúan de forma política y cualquiera de los 1200 que hay podría tomar una decisión que sumiría al país en una confusión profunda. En tiempos normales, el sistema judicial corrige a los jueces atípicos mediante procesos de apelación, incluso, si es necesario, ante la Corte Suprema de EE. UU. Pero aquí se trata de un estrecho margen de tiempo, y la confianza pública en el tribunal está en su punto más bajo desde hace casi tres décadas. Por muy imparciales que sean los jueces, si la Corte Suprema interviniera, es muy probable que millones de estadounidenses consideraran injusta la decisión.
En segundo lugar, los funcionarios estatales y las juntas electorales locales también pueden causar estragos negándose a certificar las elecciones, y esta vez dispondrán de nuevas herramientas para fabricar justificaciones que socaven la democracia. Un buen ejemplo es la nueva ley de Georgia que faculta a las juntas locales para investigar el fraude electoral. A primera vista, la ley parece elogiosa, o al menos inocua. Pero podría interpretarse que la ley otorga a una junta electoral el poder de seleccionar uno o dos casos, declarar ilegítimas todas las elecciones y negarse a certificar los votos. Esto está sacado directamente del manual de 2020, cuando Trump supuestamente presionó con éxito a dos funcionarios electorales del condado Wayne en Míchigan para que no certificaran los totales de votos de ese año. Afortunadamente, esa táctica no fue exitosa. Este año puede que sí lo sea.
En 2022, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Conteo Electoral y Mejoramiento de la Transición Presidencial que intentó reducir el riesgo al establecer que, a menos que el estado designe a otro funcionario con antelación, el gobernador de un estado, y no una junta local, debe certificar a los electores. Pero el gobernador también podría estar involucrado en el arreglo o ceder a una campaña de presión.
En tercer lugar, hay que enfrentarse a las legislaturas estatales: podrían hacer acusaciones infundadas de fraude e interferir para conseguir que se nombre una lista diferente de electores para el Colegio Electoral como ocurrió en 2020. El año pasado, en un caso llamado Moore contra Harper, la Corte Suprema puso fin a muchas de esas tácticas (información: argumenté el caso ante el tribunal). Pero una legislatura estatal podría ignorar la ley e intentarlo de todos modos, sobre todo si el gobernador de ese estado está alineado políticamente y aprovecha la lista alternativa.
En cuarto lugar, el Congreso tiene el poder de cambiar la elección completa. Las reglas son complejas; incluso como profesor de derecho apenas puedo entenderlas.
La buena noticia es que, con la ley de 2022, el Congreso ha reducido las posibilidades de que se produzca alguna medida maliciosa. El limite para que un miembro del Congreso objete el voto de cualquier estado es más alto: la objeción debe ser firmada por al menos el 20 por ciento de los miembros de ambas cámaras para que pueda ser tomada en consideración y quizás debatida y votada. Para ser aprobada, una objeción debe ser apoyada por mayoría simple en ambas cámaras. Solo se admiten dos categorías de objeciones: si el voto de alguno de los electores no fue “emitido regularmente” o si los electores no fueron “certificados legalmente”.
La mala noticia es que las reglas son tan complicadas que podrían estirarse, para mal, y dar al Congreso el poder de seleccionar al próximo presidente sosteniendo objeciones falsas. No me malinterpreten, tal maniobra es totalmente incoherente con la ley de 2022, pero puede intentarse y crear caos. Del mismo modo, si un gobernador certifica una lista falsa, será difícil para el Congreso arreglarla.
Antes de 2020, la mayoría de los estadounidenses no tenían motivos para temer este problema. Los partidos políticos actuaban en gran medida de buena fe y la mayoría comprendía que nuestras normas democráticas básicas eran sacrosantas. En un mundo en el que un partido sigue consumido por las denuncias de fraude electoral de 2020 (como puso de manifiesto la falta de respuesta de JD Vance en el debate) y está dispuesto a afirmar lo mismo en 2024, tenemos mucho que temer.
No hace falta mucha imaginación para ver a un agente de mala fe en el Congreso intentando colar falsas teorías de fraude electoral y sumir al país en la incertidumbre el 6 de enero. El límite del 20 por ciento de los votos está pensado para evitar teorías excéntricas de fraude electoral, pero hoy en día más del 20 por ciento del Congreso podría inclinarse a apoyar una teoría así. Y algunos estrategas republicanos se están preparando para argumentar que la Ley de Reforma del Conteo Electoral de 2022 es inconstitucional e inválida.
He aquí otra observación: Si ningún candidato obtiene la mayoría del Colegio Electoral, ya sea por fechoría o por un simple empate, entonces la Constitución envía las elecciones al Congreso. La fechoría puede ocurrir el 6 de enero, por ejemplo, cuando el Congreso anule los votos de los electores por no estar “dados regularmente”. Si por la razón que sea ningún candidato obtiene la mayoría de los votos electorales, la Cámara decidirá la presidencia en virtud de unas arcanas reglas electorales en las que los estados, y no una mayoría de la Cámara, eligen al presidente.
La cruda realidad es que no hay soluciones inmediatas a una posible crisis electoral. El personal para desencadenar una —en los tribunales, las asambleas legislativas y los poderes ejecutivos— está en gran medida desplegado.
Dos votaciones del 5 de noviembre serán tremendamente importantes para sortear el caos. Una es la votación presidencial. Si cualquiera de los candidatos gana decisivamente en el Colegio Electoral, cualquier disputa quedará sin trascendencia.
La otra es la elección para el Congreso. Un punto clave aquí es que serán la nueva Cámara y el nuevo Senado, no los actuales, los que tomarán las decisiones el 6 de enero. El Congreso necesita desesperadamente personas con principios que antepongan la democracia a los intereses personales y a la política partidista.
Los estadounidenses deberían votar por candidatos que compartan su compromiso con la democracia y que piensen críticamente antes de aceptar rumores electorales. El próximo mes debe servir para garantizar un gobierno continuo del pueblo y para el pueblo.
Neal K. Katyal es profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Fue procurador general interino en el gobierno de Obama.
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