En el aniversario del golpe militar de 1976, los argentinos rechazan el revisionismo

BUENOS AIRES, 25 marzo  — Mientras Argentina conmemoraba el domingo la fecha más traumática en la historia moderna del país —el golpe militar de 1976 que trajo consigo una brutal dictadura—, el presidente Javier Milei publicó un video sorprendente en el que exigió justicia, no para los que sufrieron la represión del gobierno militar, sino para las víctimas de las guerrillas de izquierda antes de la toma del poder.

Milei publicó su video mientras decenas de miles de manifestantes que sostenían pancartas de “Nunca más” llenaron el centro de Buenos Aires para conmemorar el 48vo aniversario del golpe y los siete años posteriores, en los que hasta 30.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron en una campaña sistemática que aún atormenta a la nación.

El video del mandatario, un economista de derecha que asumió las riendas del gobierno en diciembre, hacía mención a “los otros muertos” antes del golpe, parte de una controversial iniciativa por cambiar la memoria que tiene Argentina de su historia reciente.

Los opositores consideran que esta causa equipara la violencia de las guerrillas con el terrorismo de Estado, justificando la represión de la junta militar sobre cualquier persona que fuera considerada subversiva.

 “Por una memoria completa para que haya verdad y justicia”, escribió el mandatario el domingo en la red social X, en un mensaje que acompaña al video, en el cual aparecen una serie de personas desconocidas —una mujer cuyo padre y hermana fueron asesinados por grupos guerrilleros, un izquierdista arrepentido y un exfuncionario de inteligencia—, todos ellos recordando la represión de la dictadura en el contexto de una guerra más amplia.

“Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes”, tuiteó la vicepresidenta Victoria Villarruel, junto con la frase: “No fueron 30.000”.

Antes de convertirse en vicepresidenta y líder del Senado, Villarruel era mejor conocida como una activista que visitó en prisión al líder de la junta militar Jorge Rafael Videla, desafió los cálculos de grupos defensores de los derechos humanos que hablan de 30.000 desaparecidos, y fundó una organización que defiende a las víctimas de los milicianos de izquierda. Su tío, Ernesto Guillermo Villarruel, fue acusado de cometer crímenes contra la humanidad en un centro clandestino de detención.

En un dramático despliegue de oposición, argentinos de todas las edades paralizaron el centro de Buenos Aires, donde entonaron canciones, tocaron tambores y agitaron pancartas en las que se insistía: “Fueron 30.000”.

“Este es un ataque contra la memoria, por esto estamos acá con nuestra nieta, para que ella lo entienda”, dijo Mariela Bruno desde la marcha, con su nieta de 8 años, Mía, sujetándose de su brazo entre la neblina generada por el humo de la pirotecnia y de los asados.

Las posturas extremas de Villarruel, alguna vez desestimadas por los argentinos unidos por el dolor de la memoria de su país, ahora son tema de conversación en los círculos convencionales, fracturando un consenso que ha prevalecido a lo largo de 41 años de democracia en Argentina.

“Esta es la primera vez que he visto a un gobierno refutar la narrativa que hemos tenido durante décadas”, dijo Matías Reggiardo, de 46 años y uno de los 500 argentinos que nacieron en cautiverio y fueron robados a sus padres disidentes antes de que las fuerzas armadas los asesinaran. “Es aterrador encontrar en el gobierno de Milei a personas que pongan en duda nuestras historias”.

Hay preocupación también de que cambiar la manera en la que el país percibe la dictadura pudiese poner en riesgo el principal lema del país: “Nunca más”.

“Nuestra sociedad está siendo confrontada por la cuestión de su futuro… si la era de respeto a los derechos humanos bajo la cual hemos vivido durante 40 años está llegando o no a su fin”, declaró Gastón Chillier, un abogado especializado en derechos humanos.

“Es una tendencia global”, añadió, refiriéndose a movimientos extremistas que han ganado ímpetu durante los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, un defensor de la dictadura militar de su país.

Durante años, los grupos defensores de los derechos humanos han elogiado a Argentina como un modelo de progreso al momento de saldar cuentas. A diferencia de Brasil y Chile, que enterraron su pasado, Argentina ha investigado los delitos cometidos y ha enviado a generales a prisión.

En la década de 2000, los gobiernos izquierdistas de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, impulsaron el ajuste de cuentas del país. Los Kirchner revocaron los indultos que se les habían otorgado a los integrantes de la dictadura y convirtieron el centro clandestino de detención más famoso del país, la Escuela de Mecánica de la Armada, en un Museo de la Memoria que ha sido reconocido por la UNESCO.

“Para aquellos que todavía se niegan a reflexionar y que tanto admiran todo lo que viene de ‘afuera’, en el mundo han saldado la discusión respecto de lo que pasó en Argentina durante la última Dictadura cívico-militar”, escribió Fernández de Kirchner en X.

El gobierno de Milei ha ofrecido una postura diametralmente opuesta.

Durante su campaña, el libertario radical le restó importancia a los crímenes de la dictadura militar, calificándolos de “excesos”. Villarruel se ha referido al terrorismo de Estado como “un conflicto armado interno” y propuso convertir el Museo de la Memoria en escuelas.

Ambos han rechazado los estimados de que hubo 30.000 desaparecidos, haciendo mención de una comisión independiente que sólo identificó a 8.960. Los activistas coinciden en que la cifra es imprecisa debido a la negativa del Estado a devolver cuerpos y presentar evidencia.

“La quieren hacer difícil para nosotras, pero bueno”, señaló Carmen Arias, de 82 años, quien se sumó al grupo de madres argentinas que buscan conocer el destino de sus hijos desaparecidos después de que su hermano menor desapareció en 1977. Las mujeres, conocidas como Las Madres de Plaza de Mayo, han marchado en círculo cada jueves en la misma plaza de Buenos Aires durante 47 años con el fin de protestar.

“Mientras tengamos vida vamos a seguir. Y después seguirán los jóvenes que vienen atrás nuestro”, declaró Arias el jueves, levantando la voz por encima de la multitud que se manifestaba en contra de Milei.

Los manifestantes temen el avance furtivo del autoritarismo. En los primeros 100 días al frente del país, el gobierno de Milei ha prohibido las protestas que incluyan el bloqueo de caminos, eliminó el Ministerio de las Mujeres y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, ordenó el cierre de la agencia noticiosa estatal Télam —bajo el argumento de que tenía un sesgo político—, y eliminó ciertas restricciones sobre el uso de fuerza letal por parte de la policía. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha planteado la idea de desplegar al ejército para combatir la espiral de violencia causada por el narcotráfico, lo que solía ser un tema tabú que sacaba a relucir dolorosos recuerdos.

Sin embargo, para sus simpatizantes, Milei y Villarruel han reivindicado los agravios en torno al establishment político de izquierda que obtuvo la paz del país y, dicen, escribió su historia.

“La sociedad argentina debe reconocer que hubo muchas mentiras que nos excluyeron de la memoria de nuestro pasado”, comentó Arturo Larrabure, cuyo padre fue mantenido como rehén y posteriormente asesinado por un grupo guerrillero marxista.

Los manifestantes dicen que no tienen inconveniene en expandir las iniciativas de conmemoración nacional, pero se muestran recelosos de reescribir una pesadilla que ni siquiera ha terminado.

“Un lado tiene mas que esconder que el otro”, dijo Osaldo Bonomo, de 69 años, el domingo.

Fue apenas hace 10 años que Reggiardo descubrió que había estado viviendo en una mentira, que su padre no era un policía cualquiera con un temperamento explosivo que lo había rescatado de las calles, sino un integrante de los escuadrones de la muerte que secuestró a su madre.

Grupos defensores de los derechos humanos aún trabajan para dar con el paradero de cientos de bebés que fueron robados. Aún se llevan a cabo 17 juicios, y para el jueves se prevé el veredicto en un caso que involucra la desaparición y tortura de 23 mujeres embarazadas.

“Pienso en las madres que marchan todas las semanas en la plaza, e imagino a mi propia madre embarazada, hambrienta y torturada, y se me salen las lágrimas”, explicó Reggiardo. “Justificar eso es un problema para mí”.

AP