En el filo de la navaja: La crisis migratoria en República Dominicana: Una realidad incontrolable
Por la Redacción
La Dirección General de Migración (DGM) acaba de ejecutar un operativo en el sector San Isidro Labrador de Santo Domingo Este, luego de que los residentes alzaran su voz de alarma ante la abrumadora presencia de haitianos indocumentados. La situación se ha vuelto crítica con la renta irregular de casas y colchones, una práctica que necesariamente involucra la complicidad de dominicanos en busca de ingresos adicionales.
Esta problemática no es exclusiva de San Isidro Labrador. En la cercana Urbanización Italia, ubicada a lo largo de la autopista de San Isidro, se presenta un caso similar. A pesar de las intervenciones de los inspectores de Migración, la presencia de inmigrantes indocumentados persiste y aumenta. Los residentes locales se sienten cada vez más impotentes y abandonados por las autoridades, quienes parecen incapaces de controlar el flujo migratorio.
Este portal ha destacado la alarmante presencia de haitianos indocumentados en la zona de Punta Cana. Allí, los inmigrantes ilegales rivalizan con los dominicanos en el mercado laboral, ocupando puestos en diversos sectores como el comercio, el transporte, los servicios, hoteles, restaurantes e incluso en la seguridad de edificios y labores de limpieza. Esta situación pone en desventaja a los trabajadores locales y crea tensiones económicas y sociales.
En el norte del país, ciudades como Santiago, Mao, Esperanza, Montecristi, Villa Vásquez y Dajabón asumen ya como normal la presencia de haitianos ilegales. Este fenómeno es especialmente preocupante en Santiago, donde algunos residentes han amenazado con expulsar a los extranjeros por su cuenta ante la ineficacia de la DGM. La incapacidad del gobierno para controlar esta situación pone en riesgo la estabilidad social y la seguridad de las comunidades afectadas.
Migración proclama a los cuatro vientos que deporta mensualmente a miles de haitianos, pero la pregunta persiste: si tenemos una frontera supuestamente sellada y operativos constantes, ¿cómo es posible que la afluencia de estos inmigrantes sea cada vez mayor? La respuesta parece residir en una vulnerabilidad en la frontera que permite el paso libre de haitianos, a pesar de la presencia de miles de soldados. Este fallo, que algunos asocian con la corrupción y el «macuteo» en los puntos de control fronterizo, debe ser abordado de manera urgente y eficaz.
Ahora bien, no se puede atribuir toda la culpa al gobierno. Los dominicanos que participan en el tráfico de indocumentados y alquilan propiedades a haitianos sin permiso de residencia son también responsables de esta crisis. Un ejemplo alarmante es Ciudad Juan Bosch, un proyecto concebido para la clase media baja dominicana, que ahora enfrenta serias preocupaciones por el incremento de inmigrantes ilegales. Los residentes, que alguna vez encontraron en este lugar un refugio seguro, ahora viven bajo la sombra de la incertidumbre y la inseguridad.
La realidad es que poco a poco estamos comprometiendo nuestros espacios territoriales y residenciales. Si no se toman medidas contundentes, llegaremos a una situación incontrolable en la que cualquier intento de regulación será demasiado tarde. Enfrentaremos críticas, condenas y amenazas de países y organismos internacionales que, en lugar de abordar la crisis haitiana, esperan que República Dominicana absorba la presión social y económica de nuestro vecino.
El momento exige que las autoridades dominicanas implementen políticas migratorias efectivas y robustas, asegurando la integridad de nuestras fronteras y responsabilizando a quienes facilitan el tráfico y la permanencia de indocumentados.
Debemos ser firmes en proteger nuestros intereses nacionales, al mismo tiempo que promovemos una solución internacional a la crisis haitiana. Sin una acción decidida y coordinada, la estabilidad y el bienestar de la República Dominicana seguirán en peligro, comprometidos por una crisis que no podemos, ni debemos, manejar solos.
