Mano de obra haitiana irregular, subsidios estatales y presión internacional: las raíces del estancamiento salarial y la informalidad laboral en la República Dominicana

Por Lic. J. Stanley Hernández

En la República Dominicana, el mercado laboral formal está siendo erosionado por una combinación de factores económicos y políticos que convergen en una situación de creciente desequilibrio salarial, informalidad estructural y competencia desleal en los sectores más pujantes de la locomotora que tira del país y la llamamos economía. 

La afluencia masiva de mano de obra ilegal proveniente de Haití, el uso desarticulado de ayudas sociales estatales y la presión de organismos internacionales para evitar las deportaciones han creado un entorno en el cual los salarios no logran ajustarse al alza pese al incremento del costo de vida. 

Esta realidad se agrava por la paradoja de que las organizaciones que más abogan por los derechos de los migrantes haitianos, simultáneamente desinvierten en el desarrollo de Haití, contribuyendo indirectamente a perpetuar su inestabilidad.

1. La ley de oferta y demanda: una presión estructural a la baja

Como explicó Alan Greenspan en La era de las turbulencias (2007), la mano de obra responde a las mismas reglas económicas que cualquier otro bien o servicio: a mayor oferta, menor precio. En este caso, la entrada continua de trabajadores haitianos sin estatus migratorio regular ni permiso laboral, dispuestos a aceptar condiciones de subsistencia y sin seguridad social, mantiene deprimidos los salarios de sectores intensivos en mano de obra como la construcción, la agricultura y el turismo.

Según el Banco Central (2024), la canasta básica dominicana se situó en RD$45,255.74 en junio de 2024, mientras que el salario mínimo más alto, vigente en empresas grandes, es de RD$27,988.80 (Comité Nacional de Salarios, 2025). Los trabajadores haitianos ilegales perciben salarios aún inferiores: en el sector construcción, ganan en promedio mucho menos que un dominicano con igual escolaridad (Peguero y Vargas, 2022). Esta brecha no refleja productividad, sino evasión de obligaciones legales por parte de los empleadores, principalmente en los sectores mencionados (evasión del pago de seguridad social, AFP, seguro de riesgos laborales, etc.)

2. El mito de “los dominicanos no quieren trabajar” y el peso de las ayudas sociales

Se repite con frecuencia que los dominicanos rehúsan trabajar en sectores duros como la construcción. Sin embargo, el análisis de los incentivos reales demuestra lo contrario. En un entorno donde los ingresos laborales no permiten cubrir necesidades básicas, muchos ciudadanos optan por una combinación de economía informal y acceso a programas sociales como el bono gas, bono luz, alimentación escolar y el plan Quédate en Casa. Esta red de subsidios reduce el incentivo para integrarse al trabajo formal cuando este no ofrece una mejora económica tangible y mas bien incentiva el retiro de la oferta de mano de obra dominicana en el sector formal.

3. La permisividad institucional y la deducibilidad fiscal de la informalidad

En sectores como la construcción, es común que los empleadores declaren pagos a mano de obra informal —frecuentemente haitiana— como gastos deducibles ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pese a que estos trabajadores no estén inscritos en la seguridad social ni paguen impuestos. En contraste, otras industrias deben cumplir estrictamente con las normas laborales para que sus pagos sean admitidos como deducción fiscal. Esta dualidad de criterios crea una competencia desleal que favorece la informalidad.

4. Estado como principal empleador y concentración del empleo formal

El Directorio de Empresas y Establecimientos 2023 (ONE) confirma que el mayor empleador formal del país es el Estado, con 633,597 trabajadores en el sector de Administración Pública y Defensa, representando el 15.4% del empleo formal. El 61.5% del empleo formal se concentra en grandes empresas (más de 151 empleados), que apenas constituyen el 1.5% del total de empresas, evidenciando una estructura laboral altamente centralizada y dependiente de pocos actores. Para matizar la gravedad de la situación cito al economista Miguel Collado Di Franco, quien en la revista de Economía Dominicana 2023 aporta el siguiente dato: El número de dependientes de ingresos mensuales recurrentes del gobierno pasó de 36.6% en junio de 2019 a cerca de 53.6% en la actualidad. ¿Cómo se explica este incremento? Por el aumento del número de beneficiarios de subsidios o transferencias directas de los programas de Supérate. También lo ha hecho por el incremento de los empleados y los jubilados públicos.

Por ello, resulta evidente que la desatinada estrategia de subsidios y ayudas sociales termina desincentivando el empleo dominicano y tiene como efecto directo que el 46.4% de los dominicanos contribuyentes tenga sobre sus hombros la manutención del 53.6% del resto de los dominicanos. 

5. Geopolítica migratoria: el incentivo que representa la inestabilidad en Haití

La situación en Haití —caracterizada por crisis institucional, violencia generalizada y colapso de los servicios públicos— actúa como un incentivo natural para la migración masiva hacia República Dominicana. No obstante, lo que agrava esta presión migratoria es el rol de organismos internacionales que, lejos de invertir en la reconstrucción de Haití, concentran su accionar en impedir que los migrantes sean repatriados y en exigir a la República Dominicana que les provea servicios.

La paradoja es clara:

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU) opera con un presupuesto ordinario de US$3,720 millones (2025), pero no construye hospitales, escuelas ni infraestructura en Haití, o sea, para sus capacidades, contribuye muy poco a mejorar la situación del vecino país.
  
• La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con un llamamiento anual de US$15,000,000 millones para 2024, tampoco ejecuta proyectos estructurales en Haití, contrariamente, alienta a los vecinos a cruzar ilegalmente la frontera para establecerse en el lado dominicano y aquí les protegen con su dominio económico de los medios de comunicación y su eminente capacidad para influir en la opinión pública.
  
• Human Rights Watch (HRW), con presupuestos estimados en US$111 millones anuales, y Amnistía Internacional, con entre US$500 millones anuales, destinan sus recursos a campañas de presión contra las deportaciones desde República Dominicana, pero no realizan inversiones tangibles en Haití.
  

Estas organizaciones se han convertido en los principales grupos de presión para evitar que los haitianos en situación migratoria irregular sean retornados a su país, pese a que su presencia masiva desestabiliza el equilibrio salarial dominicano, y en muchos casos, socava la capacidad del Estado para ofrecer servicios básicos a su propia población. 

Resulta evidente que el rol de los benevolentes organismos internacionales consiste en la  externalización del problema haitiano hacia República Dominicana, sin corresponsabilidad internacional en su solución, por lo tanto constituye una forma cruda de dumping humano y social.

Ninguna de estas entidades invierte de manera considerable en áreas críticas como salud, educación o seguridad en Haití. Con tan solo tres millones de dólares podrían construir un hospital funcional en el país vecino, pero en vez de ello, prefieren financiar campañas que fomentan una estampida migratoria hacia República Dominicana, bajo el pretexto de que en Haití no hay hospitales. Lo mismo ocurre con las escuelas y la seguridad: con una fracción mínima de sus holgados presupuestos podrían hacer una diferencia significativa, pero optan por ejercer presión externa sin asumir responsabilidades estructurales.

6. Impacto económico y social

Los salarios promedio en sectores como alojamiento y comidas (RD$14,621.67) están por debajo de lo que muchas familias pueden obtener combinando subsidios. Esta realidad explica por qué muchos dominicanos optan por mantenerse en la informalidad. Mientras tanto, el trabajador haitiano irregular representa una opción atractiva para el empresario, pues evade cargas sociales y salariales, al tiempo que goza de la protección discursiva de organismos que no invierten en su país de origen.

Conclusión

El problema del estancamiento salarial en la República Dominicana no se resuelve elevando la productividad ni simplemente con buena voluntad del empresariado. Es estructural y responde a una combinación tóxica de incentivos mal diseñados, presión migratoria masiva, ausencia de cooperación internacional efectiva con Haití y permisividad institucional. Urge una política integral que incluya: disminuir la migración, eliminar la deducibilidad fiscal de la contracción de mano de obra extranjera, reorientar los subsidios sociales hacia la formalización del empleo, y nunca dejar de exigir corresponsabilidad internacional en la reconstrucción de Haití. De lo contrario, la República Dominicana seguirá pagando sola un costo que le corresponde al sistema internacional asumir.

Lic. Stanly Hernández R.

Abogado Hernández • Muñiz • Peña

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