Envían a juicio de fondo a Emmanuel Rivera Ledesma y red acusada de estafar más de RD$700 millones en proyectos inmobiliarios fraudulentos
Santo Domingo, 2 de mayo. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio en contra del empresario Emmanuel Rivera Ledesma y otros implicados en una presunta red criminal acusada de estafar a cientos de personas por más de 700 millones de pesos, mediante ofertas de viviendas en proyectos inmobiliarios inexistentes o fraudulentos.
Durante la audiencia preliminar, el magistrado acogió la acusación presentada por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, disponiendo que los acusados enfrenten juicio de fondo por los hechos imputados.
Junto a Rivera Ledesma, fueron enviados a juicio Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López. También están incluidos en la decisión las empresas Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos INDIARDQ y CDR Equipos Pesados.
El tribunal decidió modificar las medidas de coerción para la mayoría de los imputados, sustituyendo la prisión preventiva y el arresto domiciliario con brazalete electrónico por garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica. Sin embargo, mantuvo la prisión preventiva para Emmanuel Rivera Ledesma y Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, debido al riesgo procesal que representan.
Por otro lado, el juez dictó auto de no ha lugar a favor de María Gabriela Rivera Pichardo, Franklin Benjamín Martínez Jonkson, Moisés Benjamín Castro Balbi y Eric Joan Dorrejo Medina, al considerar que los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público en su contra eran insuficientes. En consecuencia, también dispuso el cese de las medidas de coerción que pesaban sobre ellos.
El juez estableció que los hechos señalados en la acusación y la solicitud de apertura a juicio del Ministerio Público han sido admitidos para su discusión en el juicio de fondo, así como las pruebas presentadas por la parte acusadora.
Según las investigaciones del Ministerio Público, la red utilizó como vehículos societarios a las empresas Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL. A través de estas estructuras, implementaron un esquema de fraude inmobiliario que incluyó delitos de estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos.
Durante la investigación se recolectaron evidencias que indican que Rivera Ledesma utilizó nombres de figuras públicas para ganar la confianza de las víctimas, haciendo creer que contaba con respaldo de personalidades que en realidad no conocía. También se documentó el estilo de vida ostentoso de varios miembros de la red, financiado con el dinero de las personas estafadas.
En un intento por evadir responsabilidades, el principal acusado, Emmanuel Rivera Ledesma, habría ejecutado diversas maniobras para evitar que las víctimas se querellaran o para persuadirlas de retirar las denuncias, incluso buscando que firmaran nuevos contratos y realizaran actos que entorpecieran el proceso judicial.