¿Es posible una nueva Policía?
Entre proclamas como “dar p’abajo a los delincuentes”, por un lado, y “la Policía es asesina”, por el otro, se debate una institución sin respuestas.
Y es que hace apenas dos meses la mayoría de la población demandaba al Gobierno enfrentar la delincuencia con severidad; después que la Policía Nacional embistió con varias ejecuciones de “sospechosos”, la queja ahora es por violación a los derechos humanos.
¿Cómo sortear esta disyuntiva? ¿Es que no puede haber un punto de equilibrio? Parece que no, porque el propósito de estas operaciones es crear rápidas percepciones de que la Policía Nacional mantiene el control. Pura estrategia de efectos sin reparar en los derechos violados. Se trata de “cacerías estacionales” de presuntos delincuentes, un patrón disuasivo con pocas sorpresas en los últimos treinta años.
Van y vienen gobiernos y la Policía Nacional sigue atada a las mismas “soluciones”. En realidad, son remedios que, como simples anestésicos, atenúan los síntomas, pero no curan las causas. Es obvio que la institución no va a admitir la ineficacia de sus primitivos tratamientos. A este punto, abordar la delincuencia precisará del tiempo que la institución perdió y de la determinación que ningún gobierno empeñó.
Hoy la palabra reforma es insuficiente; realmente se precisa de una refundación institucional, aunque no me agrada lo estrambótico del término. Mientras, la población demanda una conducta de primer mundo para un órgano nacido del autoritarismo del viejo submundo militar. El asunto así resulta básico: la delincuencia es otra y la policía es la misma. De manera que el problema de la policía es la policía.
No vamos a hacer diagnósticos. Se conocen todos. Por más circunloquios la conclusión no será diferente: la policía es parte del mismo problema y la delincuencia no se acaba con delincuencia impune.
Así como de lo viejo no puede nacer lo nuevo —por aquella sentencia bíblica de que no puede echarse vino nuevo en vasijas viejas—, la corrosión de la estructura policial es tal que cualquier reforma sin cambiar las bases fundacionales terminará malograda. Aferrarnos a la idea de que la actual policía es reformable es seguir perdiendo el tiempo. Lo sano terminará infectándose. Cambiar la policía es un tema crucial para la nación y una decisión de alta política.
La nueva policía se formará en paralelo, como una incubadora de gestación a partir de otra visión. Esa que reúna las comprensiones más avanzadas de la policía de los nuevos tiempos. Es que no hay policías buenos con mala formación. La Embajada de los Estados Unidos ha expresado su interés en auxiliar la reforma policial dominicana; su mejor aporte debiera ser patrocinar acuerdos de colaboración con academias policiales de prestigio como la Oficina Federal de Investigaciones del condado de Stafford, Virginia, o la Academia de Capacitación de la Policía del Capitolio en Cheltenham, Maryland, o el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (FLETC) en el condado de Glynn, Georgia, por citar algunas.
Un trabajo conjunto de alto nivel logrará proponer la filosofía, las bases conceptuales y los perfiles de la nueva policía, así como el programa de formación más consistente con esas definiciones. Más que una formación militar al viejo modelo, el nuevo policía se debe capacitar como un sujeto civil con entrenamiento policial al margen del carácter de cuerpo armado que la Constitución le da en el artículo 255.
Para incentivar el ingreso de los jóvenes a la Academia, el Estado subsidiará la matrícula, los ordenadores, los libros, la dieta, y el internamiento en los casos que lo requieran. Ser policía debe dejar de ser una afrenta para convertirse en un servicio de protección social con igual respeto que el que inspira un maestro.
Mientras esa generación de nuevos policías se forme, se deben mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, capacitación y entrenamiento de la vieja policía al tiempo de implementar las adecuaciones de sus estructuras organizacionales y operativas a las bases que soportarán su refundación.
La nueva policía se insertará en el cuerpo del orden cuando se modifique la Ley Orgánica de la Policía Nacional, sobre todo en lo que respecta al cambio de un diseño de mando vertical por uno horizontal. Esto significa dividir al país en cuatro o cinco departamentos regionales funcionalmente autónomos.
Esta configuración administrativa evitará la concentración de los mandos, los recursos y las decisiones en una sola dirección, condición que ha sido fuente de corrupción y de inequidad en la formulación, distribución y asignación presupuestaria, así como en la contratación y nombramientos del personal policial. En ese esquema, el Consejo Superior Policial seguirá siendo el órgano de dirección institucional y normativo de la Policía Nacional y asumirá la coordinación general de los departamentos regionales a través de un director ejecutivo; tendrá a su cargo la nominación, ante el presidente de la República, de los distintos directores departamentales.
Tan pronto termine el ciclo de preparación del personal de mando, técnico y operativo de la nueva policía, se le asignará la gestión de uno de los departamentos regionales creados, para que sirva de modelo para implementar en los demás, según evaluación metódica de resultados.
La idea, con la autonomía de los departamentos regionales, es acercarlos a las necesidades de la comunidad y así poder tomar las decisiones financieras de sus jurisdicciones sin las pesadas burocracias de una jerarquía centralizada, así como generar una dinámica de sana competencia, de tal suerte que los incentivos institucionales que puedan crearse beneficiarían a aquellos que reporten mejores índices de desempeño. Es también una manera de darle visibilidad a lo que hoy son los comandos regionales, cuyo trabajo se opaca bajo la sombra del poderoso director general.
Lo cierto es que, a pesar de tener la regencia de un Consejo Superior Policial, el director general sigue siendo un jefe único con amplios poderes para, según la ley, administrar los recursos financieros destinados a la Policía Nacional en el Presupuesto General del Estado, modelo que solo lo beneficia — pasa al retiro como un millonario—, así como a los encargados de departamentos con presupuesto, esos que el propio director general nombra, en algunos casos, con la previa autorización del Consejo Policial Superior. La descentralización implicará igualmente la desconcentración de funciones administrativas sensibles a favor de órganos independientes adscritos al Consejo Superior Policial, como son las de compras y contrataciones públicas.
Los cambios en la Policía Nacional tampoco serán repentinos ni se agotarán en una sola gestión de gobierno. Se trata de una refundación de hondo calado que debe comprometer las administraciones necesarias, por eso este proyecto tiene que ser propuesto como un plan ordenado por ciclos, contenidos en una ley con perspectiva de agenda que establezca sus bases y alcances. Esperar cambios de lo que necesita cambios es negar toda posibilidad de cambios, y los de la Policía Nacional no esperan por más.
El propósito de estas operaciones es crear rápidas percepciones de que la Policía Nacional mantiene el control. Pura estrategia de efectos sin reparar en los derechos violados. Se trata de “cacerías estacionales” de presuntos delincuentes, un patrón disuasivo con pocas sorpresas en los últimos treinta años.
