“Boletín ‘Seguridad Social para Todos’ revela megaescándalo de corrupción en SENASA y pide frenar su conversión en monopolio estatal”
Por La Redacción
Santo Domingo, 5 octubre. — Una publicación reciente del boletín “Seguridad Social para Todos”, que analizó a fondo las denuncias de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), advierte que los diputados y senadores deben retirar cuanto antes sus proyectos de convertir a esa institución en un monopolio estatal único.
También urge fortalecer los mecanismos de prevención y sanción contra los fraudes públicos y privados, sostiene el documento.
Según el artículo del boletín, la corrupción en SENASA va mucho más allá de los casos tradicionales, y en varios aspectos supera incluso las irregularidades que se denuncian en el antiguo IDSS.
La publicación cita investigaciones de periodistas como Nuria Piera, Julissa Céspedes, Edith Febles y Alicia Ortega, señalando diez modalidades de corrupción que estarían en curso:
- Contrataciones multimillonarias “grado a grado” sin rendición de cuentas ni fiscalización.
- Pagos por procedimientos ficticios a médicos, clínicas y farmacias privadas, supuestamente cubiertos por SENASA.
- Sobrefacturación en centros privados con complicidad de funcionarios de la entidad.
- Derivación de miles de pacientes hacia proveedores privados preferidos, cuando podrían recibir atención en hospitales públicos.
- Doble contabilidad y falsificación de informes financieros mensuales y anuales reportados a la SISALRIL.
- Compra irregular de vacunas que el Ministerio de Salud Pública entrega gratuitamente a clínicas privadas.
- Instalación de prótesis de baja calidad en pacientes de escasos recursos.
- Operación de un call center paralelo para simular autorizaciones y entregas de servicios médicos.
- Destrucción de datos institucionales clave para ocultar la verdadera situación de SENASA.
- Falsificación del balance de reservas técnicas para disimular déficits reales.
El boletín admite que muchas de estas denuncias parten de informaciones periodísticas y fuentes no oficiales, por lo que su verdadera magnitud debe aclararse mediante pesquisas que emprendan las autoridades competentes.
Sin embargo, alerta que el retraso promedio en el pago a las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) asciende al 48 % durante más de cuatro meses, según cifras de la SISALRIL, lo que indicaría “un cúmulo de irregularidades sin precedentes en la ARS pública”.
La publicación subraya que el escándalo daña la credibilidad y la sostenibilidad de una institución que alguna vez fue referencial, al depender de su gestión unos 7,8 millones de dominicanos, muchos de ellos en situación de pobreza.
Refiere también que los proyectos de ley que promueven convertir a SENASA en un monopolio estatal eliminando la libre elección del afiliado surgen de una ilusión sobre su desempeño que, tras las denuncias, ha quedado vacía.
Según el boletín, proponer estatizar unilateralmente SENASA ahora equivale a un atentado contra el derecho universal a la salud, pues se abandona la pluralidad y el equilibrio necesarios para contener tanto el afán de lucro público como privado.
Se defiende el carácter mixto del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y del Seguro Familiar de Salud (SFS) como mecanismos de control mutuo entre lo público y lo privado.
El boletín concluye que, ante este colosal escándalo, lo más sano es que esos proyectos estatizantes sean retirados y que el Congreso enfoque sus esfuerzos en normas que fortalezcan los mecanismos de fiscalización, auditoría y sanción de conductas corruptas, sin sacrificar la libre elección que tienen los afiliados del sistema.
Mientras tanto, en el plano institucional el caso ya genera reacciones. En el ámbito legislativo, el PLD ha exigido investigaciones, auditorías y que los responsables respondan ante la justicia por lo que llamó un “mega fraude” en SENASA.
Y desde el gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la transferencia de RD$12,500 millones —tomados de excedentes del Seguro de Riesgos Laborales— para fortalecer al SENASA en medio de la crisis. De esos fondos, RD$6,000 millones irán directamente a la ARS pública, cita la publicación
