Escándalo por vínculos con narcotráfico reaviva debate político y exige respuestas al PRM
Santo Domingo, 18 de octubre. – El tema del narcotráfico volvió esta semana al centro del debate político nacional luego de conocerse que dos exfuncionarios vinculados al actual gobierno —uno asesor honorífico del Poder Ejecutivo y otro de la Alcaldía del Distrito Nacional— son investigados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) por presunto tráfico de sustancias ilícitas.
El presidente del Senado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ricardo de los Santos, afirmó que las responsabilidades deben ser estrictamente individuales y que el Gobierno ha mantenido una posición firme de no proteger a nadie.
“Cada quien que cometa un ilícito, no importa quién sea, debe enfrentar la justicia”, declaró a los medios de comunicación. Recordó además que el presidente Luis Abinader “ha sido claro en que no habrá vacas sagradas” y que “todo aquel que haya cometido algún error debe pagar por él”.
Consultado sobre si los casos afectan la imagen del PRM, De los Santos insistió en que el partido “se ha manejado con responsabilidad y al más alto nivel” ante este tipo de situaciones.
Llamados desde la oposición
Desde la oposición, el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, pidió abordar el tema con una visión de Estado y no como un instrumento de confrontación partidaria.
“La gente involucrada en el narcotráfico siempre busca penetrar las instituciones. Esa ha sido una constante en todos los países”, señaló. No obstante, advirtió que el partido oficialista debe fortalecer sus mecanismos de control interno ante la recurrencia de casos que involucran a figuras investigadas por autoridades estadounidenses.
“Ya son demasiados los casos que han salido a la luz, y eso está dañando la imagen del PRM y del sistema político dominicano”, expresó Paz, quien subrayó que el narcotráfico y la corrupción “no tienen color político”.
“El PRM debe hacer la profilaxis que corresponda, y toda la clase política debe aplicar el máximo rigor. No se trata de desacreditar al sistema, sino de construir una mejor República Dominicana”, agregó.
Paz advirtió que la continua exposición de casos de corrupción o narcotráfico puede generar una crisis de legitimidad en la política dominicana: “Si seguimos por ese camino, solo se profundizará la desconfianza ciudadana”.
En el mismo sentido, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti Jr., calificó la situación como “un golpe a la institucionalidad y al sistema de partidos”, e instó a las autoridades nacionales a realizar investigaciones más profundas sobre los hechos.
“Tenemos que ser mejores, empezando por el partido de gobierno”, dijo Mariotti Jr., al tiempo que exhortó a la justicia dominicana y a la estadounidense a actuar con determinación. “Muchos recaudadores, es decir, personas que manejaron dinero, deben empezar a rendir cuentas”, añadió.
Los casos bajo investigación
Las declaraciones de los dirigentes políticos se produjeron tras conocerse que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó sobre la investigación contra Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico del Poder Ejecutivo para las zonas francas, por parte de la DEA.
De acuerdo con las autoridades, las operaciones bajo investigación se habrían desarrollado entre 2003 y 2019. Tras notificarse el caso, el Gobierno emitió el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, mediante el cual se dispuso la desvinculación de Jorge-Puras de su cargo honorífico. La decisión se adoptó luego de que la DEA comunicara oficialmente la investigación a la DNCD.
También figura en las pesquisas Gaspar Antonio Polanco Virella, exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional y antiguo miembro del equipo de seguridad del expresidente Hipólito Mejía. Polanco Virella habría desempeñado funciones en la actual administración municipal encabezada por la alcaldesa Carolina Mejía.
Postura oficial del PRM
Ante la polémica, el Partido Revolucionario Moderno emitió un comunicado en el que reiteró que “ninguna conducta individual vinculada al narcotráfico podrá colocarse por encima de la ley, ni comprometer el prestigio de la organización”.
“El PRM no tolera, ni tolerará bajo ninguna circunstancia, acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que nos definen como organización política”, expresó la entidad oficialista.
Las declaraciones de los dirigentes se produjeron al término de una actividad organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, a la que también asistieron la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, quienes declinaron responder preguntas de la prensa sobre el tema.
