Esposa de dirigente del movimiento OLA que lideró Santiago Hazim en la pasada campaña recibió RD$1,600 millones de Senasa
Por la Redacción
Santo Domingo, 12 de diciembre de 2025 – El caso conocido como Operación Cobra continúa sacudiendo la vida institucional del país y ha puesto al descubierto una compleja red de corrupción y supuestos desvíos millonarios de fondos públicos destinados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el centro de este entramado están múltiples figuras vinculadas a una empresa privada, sobornos a altos funcionarios, contratos irregulares y servicios nunca debidamente prestados, lo que ha resultado en un presunto desfalco a las arcas del Estado dominicano, según ha determinado el Ministerio Püblico.
La investigación impulsada por el Ministerio Público ha revelado que Flavorheart Food Parts S.R.L., empresa que figura como participante principal en la red de corrupción, estuvo bajo el control efectivo de Manuel Enrique Ovalle Tapia, identificado por los fiscales no solo como empresario, sino como un activo colaborador del movimiento político OLA (Organización Luis Abinader), en el cual ha tenido una participación destacada y ha hecho aportes económicos relevantes.
Sin embargo, la persona que aparece oficialmente como propietaria registrada de la empresa es su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, quien se ha convertido en un eje central dentro del proceso judicial por su rol formal en la estructura societaria.
De acuerdo con el Ministerio Público, a través de Flavorheart Food Parts S.R.L. se habrían canalizado grandes cantidades de recursos estatales en contratos con Senasa, algunos de los cuales habrían servido para adquirir objetos de alto valor.
Entre estos destaca la compra de un reloj de lujo marca Rolex Daytona, con un valor estimado de USD$83,000.00, presuntamente adquirido por Ovalle Tapia y destinado al imputado Santiago Hazim, exdirector del Senasa. Esta pieza de alta relojería es solo uno de los ejemplos más notorios de los bienes y beneficios derivados de las maniobras investigadas.
En un giro significativo dentro del proceso, Heidi Mariela Pineda Perdomo admitió la noche del pasado jueves ante las autoridades judiciales su participación en los hechos que se le imputan y pasó directamente a colaborar con las autoridades en la investigación impulsada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), como parte del caso del Seguro Nacional de Salud.
Su colaboración representa un avance crucial para el Ministerio Público, que busca esclarecer las responsabilidades y seguir el rastro de los recursos supuestamente malversados.
El Programa “Nutrisalud” y el Papel de Senasa
El expediente de solicitud de medida de coerción contra los implicados en este caso describe cómo funcionaba el esquema de contratación irregular entre Senasa y Flavorheart Food Parts S.R.L.
Según los fiscales, la empresa fue incorporada al programa denominado “Senasa Cuida de Ti”, bajo el cual se ofrecían supuestos complementos nutricionales a afiliados del Régimen Subsidiado del seguro de salud.
Este programa operativo se llamaba “Nutrisalud”, y su propósito declarado era proporcionar complementos nutricionales a niños entre 5 y 15 años, así como a adultos entre 35 y 64 años.
Aunque la iniciativa fue presentada como una estrategia de atención preventiva y nutricional, la documentación recabada por la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público indica que nunca existió una supervisión adecuada por parte de Senasa ni un control riguroso sobre su implementación.
Según los registros incluidos en el expediente, Nutrisalud tenía inicialmente un alcance estimado de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo de RD$1,495.00 por afiliado.
Sin embargo, con el avance de la auditoría y las investigaciones se determinó que —sin control efectivo— el programa terminó “ofreciendo servicios” a un total de 350,545 afiliados, muchos de los cuales no cumplían con los parámetros de edad establecidos o ni siquiera estaban dentro del segmento objetivo definido para los servicios nutricionales.
Los investigadores advierten que estas cifras infladas y la inexistencia de mecanismos de verificación para determinar quiénes recibían los supuestos productos o servicios nutricionales habrían permitido la salida indiscriminada de recursos desde Senasa hacia Flavorheart Food Parts S.R.L., sin que quedara constancia verificable de resultados, impacto real en salud o prestación efectiva de beneficios.
Contratos Irregulares y Falta de Capacidades de la Empresa
El Ministerio Público ha determinado que el contrato entre Senasa y Flavorheart Food Parts S.R.L. fue suscrito el 22 de julio de 2021 bajo la figura de prestación de servicios farmacéuticos, atención primaria y servicios de emergencia, lo cual no corresponde con el objeto real y declarado de la empresa.
De acuerdo con la acusación, la compañía no contaba con la licencia para prestar servicios de consultoría de primer nivel de atención, un requisito indispensable para optar por contratos de este tipo.
Para agravar la situación, la empresa recibió del Ministerio de Salud Pública un Certificado de Registro de Distribuidora apenas un mes antes de la firma del contrato con Senasa, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y las condiciones en que se otorgó dicho documento.
La falta de supervisión por parte de Senasa quedó reflejada en diversos informes técnicos, especialmente en aquellos elaborados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).
Según estos informes, los productos nutricionales entregados no contaban con la evidencia completa de registro sanitario nacional y, en varios casos, se trataba de productos importados desde Europa sin la debida certificación que avalara su eficacia o seguimiento clínico.
Asimismo, no existían estudios validados que midieran el impacto de estos suplementos sobre la salud de los afiliados, ni indicadores de resultados clínicos o indicadores de trazabilidad que permitieran constatar que esos servicios nutricionales producían beneficios reales.
La ausencia de supervisión directa, la falta de infraestructura sanitaria adecuada para brindar servicios ambulatorios, la debilidad documental de los contratos y sus adendas —en muchos casos sin firmas ni sellos—, y las notorias deficiencias en el control y monitoreo de los afiliados atendidos, constituyen parte de las violaciones detectadas por los órganos de control.
Pagos Sin Soporte y Montos Elevados
Según el Ministerio Público, Flavorheart Food Parts S.R.L. habría recibido del Senasa un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95 como pago por servicios que, en gran parte, no se acredita debidamente con documentación probatoria ni con evidencia de prestación.
Adicionalmente, la empresa recibió RD$3,307,577.06 bajo un concepto etiquetado como “NO DEFINIDO”, lo que sugiere que estos recursos no se vincularon siquiera a un régimen o categoría específica de afiliados ni a un servicio determinado.
Esto indica un grave desorden en el manejo de fondos oficiales y apunta hacia irregularidades contables que comprometen la transparencia y legalidad del gasto público.
Revelaciones de Pagos de Sobornos y Confesiones
La investigación en el marco de la Operación Cobra ha generado admisiones contundentes de algunos imputados, quienes ante el juez han confesado que pagaron sobornos a funcionarios del Senasa, entre ellos al exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y a otros integrantes de esa institución.
Durante la audiencia de conocimiento de la medida de coerción solicitada para los implicados, tres de los imputados reconocieron abiertamente su participación en la red de corrupción y admitieron haber pagado sobornos a Hazim y otros funcionarios.
Estas declaraciones fueron resaltadas por la titular de la Pepca, procuradora de corte Mirna Ortiz, quien sostuvo que estas confesiones fortalecen el caso del Ministerio Público al aportar elementos de prueba adicionales y testimonios directos sobre la entrega de sobornos.
Ortiz calificó la medida de coerción como un hecho de gran magnitud y destacó que las admisiones de los imputados constituyen una pieza clave en el desarrollo del proceso judicial.
Según sus palabras, los imputados no solo han reconocido los pagos ilícitos, sino que han comenzado a colaborar con las autoridades aportando pruebas que sustentan las acusaciones.
Los Imputados y los Delitos que se Persiguen
Además de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, la lista de imputados en este caso incluye a varias figuras con diversos roles dentro de la ejecución del programa y la supuesta red de corrupción.
Entre ellos están Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Ante el tribunal, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el caso sea declarado de tramitación compleja, una figura jurídica que se aplica cuando la investigación implica múltiples víctimas, altos montos de dinero y estructuras organizadas que dificultan una resolución rápida de los hechos procesales.
Una de las razones argumentadas para la calificación de complejidad es la pluralidad de víctimas, pues el Seguro Nacional de Salud cubre a más de 7 millones de dominicanos, lo que implica que el impacto del supuesto desfalco no es menor ni limitado, sino que afecta directamente a una vasta población que depende de los servicios de salud públicos.
El Equipo del Ministerio Público y el Proceso Judicial
El equipo litigante que representa al Ministerio Público en este caso está encabezado por la procuradora Mirna Ortiz y el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. También forman parte del equipo los procuradores fiscales Héctor García, Rosa García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, quienes han integrado las pruebas documentales, testimoniales y periciales elevadas al tribunal.
Durante la audiencia, Ortiz explicó que la acusación cuenta con más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimonios y diversas pericias técnicas, lo que conforma un cuerpo robusto de evidencia para sustentar los cargos y enfrentar las defensas de los imputados.
La audiencia fue recesada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y se programó su continuación para este viernes a las 2:00 de la tarde, momento en el cual se espera que las defensas concluyan sus presentaciones y que el Ministerio Público realice su réplica final antes de que el tribunal emita su decisión sobre las medidas de coerción y otras determinaciones procesales.
Los Delitos que se Imputan y las Sanciones Buscadas
Entre los delitos por los cuales el grupo es acusado se encuentran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos. El Ministerio Público no solo busca que se impongan sanciones penales a los responsables, sino también que se ordene el decomiso de los recursos que fueron sustraídos irregularmente del Senasa.
