Estados Unidos despliega fuerzas militares en el sur del Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico
Washington, 14 agosto. – El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ordenó este jueves el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe, en una operación justificada como parte de la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
La medida, confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se enmarca dentro de una política impulsada por la Administración Trump que autoriza el uso de fuerza militar contra organizaciones calificadas por Washington como “terroristas”, incluyendo cárteles presuntamente operativos en México y Venezuela.
Según reportes de prensa estadounidense, sustentados en fuentes del Pentágono, la decisión busca frenar el flujo de cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense, responsabilizando directamente a estos grupos criminales de la crisis de salud pública asociada al narcotráfico.
La orden ejecutiva fue firmada de forma secreta por el expresidente Donald Trump y revelada recientemente por The New York Times, el pasado 8 de agosto.
La directriz autoriza no solo operaciones marítimas, sino también incursiones militares en suelo extranjero, lo que amplía significativamente las atribuciones del Pentágono en escenarios de combate al crimen organizado transnacional.
Se estima que el despliegue incluirá buques de guerra, aviones de patrullaje y drones de vigilancia, con un foco particular en las rutas marítimas que conectan el Caribe con Centro y Sudamérica.
Rubio, quien confirmó la operación en una entrevista con el canal NTN24, señaló que uno de los principales objetivos es enfrentar estructuras como el llamado Cártel de los Soles, organización que Washington vincula al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
El legislador republicano también mencionó como objetivos secundarios a grupos como el cártel de Sinaloa y el ya desarticulado Tren de Aragua, utilizado frecuentemente en la narrativa oficial como ejemplo de amenaza transnacional.
Recompensa millonaria y acusaciones contra Maduro
En una intensificación de la presión diplomática y militar sobre Caracas, el gobierno de EE.UU. ofreció el 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, calificó esta medida como “histórica” y acusó al mandatario sudamericano de utilizar organizaciones como el cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas y violencia en suelo estadounidense.
“Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”, afirmó Bondi en un video publicado en la red social X (anteriormente Twitter), una declaración que refuerza la línea dura de Washington hacia el régimen venezolano, aunque sin aportar pruebas concluyentes.
Venezuela responde con rechazo y denuncia de injerencia
El gobierno de Venezuela reaccionó con firmeza a las acciones anunciadas por Estados Unidos. A través de diferentes voceros, el Ejecutivo de Nicolás Maduro condenó lo que considera una nueva escalada intervencionista por parte de Washington.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó las maniobras militares estadounidenses como “arremetidas del imperialismo” y convocó a la “lealtad nacional y unidad patriótica” durante la transmisión de su programa televisivo Con el Mazo Dando.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez acusó directamente a la Casa Blanca de emitir “amenazas directas de intervención militar” y de mantener una “obsesión por el control del hemisferio occidental”, en lo que considera un intento de desestabilizar políticamente a Venezuela bajo la excusa de combatir el narcotráfico.
En paralelo, el gobierno venezolano ha informado en los últimos días sobre la ejecución de operativos antidroga que, según sus autoridades, han resultado en incautaciones históricas de cocaína. También ha reiterado su disposición a establecer mecanismos de cooperación con Colombia para enfrentar de manera conjunta el problema del narcotráfico en la región.
Cuestionamientos sobre el enfoque estadounidense
Si bien la Administración Trump –cuyo legado en política exterior continúa influyendo en decisiones actuales– justifica esta expansión militar como una estrategia de seguridad hemisférica, analistas y críticos señalan la ausencia de autocrítica en relación con los fallos internos en el control del narcotráfico en Estados Unidos.
La orden ejecutiva firmada por Trump sostiene que “los carteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no solo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”.
Sin embargo, desde la Casa Blanca no se ha hecho referencia al papel de las redes de distribución domésticas, ni a los vacíos en la regulación de medicamentos y químicos precursores dentro del territorio estadounidense, factores claves en la proliferación del fentanilo y otras sustancias.
Organizaciones civiles y expertos en política internacional advierten que estas acciones podrían ser interpretadas como una forma de intervención velada, ya que amplían el margen de acción del aparato militar estadounidense en zonas tradicionalmente consideradas como esferas de soberanía nacional de otros países.
Un nuevo capítulo en la proyección de poder regional
El despliegue de fuerzas en el Caribe recuerda episodios anteriores en los que Estados Unidos ha recurrido al poderío militar para proyectar influencia y perseguir objetivos de seguridad nacional más allá de sus fronteras.
En este caso, el uso del narcotráfico como argumento central se entrelaza con intereses geopolíticos más amplios, especialmente en países con gobiernos adversos a Washington.
La inclusión del Cártel de los Soles en esta operación refuerza la narrativa de criminalización del gobierno venezolano, mientras que la ausencia de detalles sobre mecanismos de verificación y cooperación bilateral profundiza las tensiones diplomáticas.
En términos estratégicos, el despliegue permite a EE.UU. ampliar su presencia militar en el Caribe y posicionarse mejor frente a cualquier escenario de crisis en la región, bajo el manto de una campaña contra el crimen organizado transnacional.
