Estados Unidos repatría a 135 dominicanos en nueva operación migratoria
Santo Domingo, 27 de enero. El gobierno de los Estados Unidos inició este lunes una nueva repatriación masiva de ciudadanos dominicanos indocumentados, como parte de su política migratoria restrictiva. Un total de 135 dominicanos fueron deportados desde territorio estadounidense bajo estrictas medidas de seguridad implementadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El avión, procedente de Luisiana, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas a las 11:19 de la mañana. La Dirección General de Migración (DGM), junto a un contingente de seguridad y agentes policiales, organizó un operativo especial en la rampa noroeste de la terminal aérea para garantizar el recibimiento seguro de los deportados.
Los repatriados habían ingresado de manera irregular a Estados Unidos, utilizando en su mayoría la ruta que cruza la frontera entre México y Estados Unidos, una de las vías más utilizadas por migrantes en busca de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. Según cifras oficiales, entre 250,000 y 300,000 dominicanos han intentado cruzar esta frontera en los últimos años, un dato que refleja la magnitud del fenómeno migratorio y los desafíos enfrentados por quienes buscan una nueva vida en el extranjero.
Además de la entrada irregular al país norteamericano, algunos de los repatriados enfrentaban acusaciones de violar leyes migratorias y cometer delitos federales durante su estadía en territorio estadounidense.
Tras su llegada, los 135 dominicanos fueron trasladados al Centro de Escogida Vacacional de Haina, ubicado en San Cristóbal. En este centro se lleva a cabo el proceso de registro y reintegración, donde los deportados son entrevistados por las autoridades dominicanas y se les ofrece asistencia para su retorno al entorno social y laboral.
Esta operación se alinea con las medidas migratorias restrictivas que han caracterizado la política de los Estados Unidos en los últimos años. Aunque el actual presidente Joe Biden ha implementado algunos cambios en comparación con las políticas más severas de Donald Trump, la deportación de personas que residen de manera irregular o que enfrentan cargos criminales sigue siendo una prioridad para las autoridades estadounidenses.
Durante el año 2024, más de 3,400 dominicanos fueron deportados desde los Estados Unidos, una cifra que ilustra la continuidad de estas acciones. La política migratoria estadounidense ha generado tensiones en las comunidades de migrantes y preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos, que denuncian posibles violaciones a los derechos de los deportados durante el proceso de detención y repatriación.
La deportación masiva de dominicanos no es un hecho aislado, ya que otros países de la región también han adoptado medidas similares. En Colombia, por ejemplo, el presidente Gustavo Francisco Petro recientemente impidió la entrada de dos aeronaves militares estadounidenses que transportaban ciudadanos colombianos deportados bajo acusaciones de migración irregular.
En Puerto Rico, por su parte, dominicanos residentes han denunciado arrestos durante redadas federales, incluso en casos donde los afectados tenían documentos en regla. Estas acciones han generado controversia y preocupación en las comunidades migrantes, que temen por la estabilidad y la seguridad de quienes buscan establecerse en nuevos territorios.
La repatriación masiva pone en relieve la complejidad del fenómeno migratorio, que combina factores económicos, sociales y políticos. Para muchos dominicanos, la emigración representa una oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, aunque implique atravesar rutas peligrosas, enfrentar riesgos legales y, en casos como este, ser deportados.
Las políticas restrictivas de los países receptores, como Estados Unidos, contrastan con los desafíos internos de las naciones emisoras, que deben lidiar con la falta de oportunidades económicas y la necesidad de reintegrar a los repatriados en sus comunidades.
La Dirección General de Migración en República Dominicana ha señalado que continuará trabajando en la asistencia a los deportados, aunque las organizaciones sociales insisten en la necesidad de políticas públicas más robustas que brinden apoyo económico y social a los retornados.
