Estados Unidos sanciona a Jean Alain Rodríguez y a su familia por corrupción
Santo Domingo, 11 diciembre – El Departamento de Estado de Estados Unidos ha impuesto sanciones al exprocurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, y a su familia, acusándolos de participar en corrupción significativa, especialmente por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura e instituciones gubernamentales.
La sección 7031(c) de la Ley de Apropiaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2023 ha sido aplicada, lo que impide a estos individuos y a sus familiares directos el ingreso a los Estados Unidos. La medida se enmarca en un conjunto más amplio de acciones que Estados Unidos ha tomado contra más de 30 personas según lo establecido por la Sección 7031 (c) de la ley, y a dos individuos y 44 entidades de acuerdo con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, basada en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos.
Estados Unidos, al conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción y en coincidencia con la apertura de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, busca fomentar la responsabilidad de actores corruptos en todo el mundo.
En el contexto local, el Ministerio Público dominicano acusa a Jean Alain Rodríguez Sánchez de soborno, chantaje, extorsión, desfalco y estafa al Estado durante su gestión como procurador general de la República (PGR). Este señalamiento se enmarca dentro del caso Medusa, donde también están involucrados otros exfuncionarios y asesores.
Las acusaciones en Medusa incluyen cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa al Estado. El expediente apunta a un entramado de corrupción administrativa dirigido por Rodríguez durante su mandato.
La sanción también ha alcanzado a figuras de otros países como Haití, donde exfuncionarios como Jean-Max Bellerive y Nenel Cassy han sido designados por abusar de su cargo público en actividades corruptas. Esta acción también incluye a familiares inmediatos de los sancionados en Haití.
