Este miércoles conocerán medida de coerción contra dueños de la Jet Set tras suspensión anterior
Santo Domingo, 18 junio. — La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles 18 de junio la solicitud de medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, colapsada el pasado 8 de abril durante un evento artístico, hecho que dejó un saldo de 235 muertos y más de 180 heridos.
La audiencia, programada para las 11:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, había sido suspendida la semana pasada a solicitud de la defensa, que pidió más tiempo para revisar el extenso expediente depositado por el Ministerio Público.
En la instancia depositada ante el tribunal, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva en contra de Antonio Espaillat y arresto domiciliario con impedimento de salida y presentación periódica para Maribel Espaillat. Asimismo, pide que el caso sea declarado complejo, debido a la gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas involucradas.
Los fiscales a cargo —Enmanuel Ramírez, Héctor García y Miguel Collado— acusan a los imputados de homicidio involuntario, violación a las normas de construcción y seguridad pública, así como obstrucción a la justicia, alegando que los propietarios de la discoteca permitieron la celebración del evento a pesar de conocer los riesgos estructurales del inmueble.
El expediente establece que la estructura del local había sido alterada con remodelaciones que comprometieron su integridad, incluyendo la eliminación de columnas esenciales y la sobrecarga del techo con equipos pesados, sin supervisión técnica adecuada.
Además, se afirma que los imputados ignoraron múltiples advertencias sobre filtraciones y grietas evidentes, lo que para el órgano acusador constituye una conducta de negligencia grave.
Defensa alega colaboración y arraigo
Por su parte, la defensa técnica de los hermanos Espaillat, encabezada por el abogado Miguel Valerio, rechaza la solicitud de prisión preventiva y sostiene que sus representados han mostrado total disposición de colaborar con la investigación. Alega que no existe riesgo de fuga ni obstrucción del proceso, por lo que considera desproporcionadas las medidas requeridas.
El abogado argumenta que se trata de una tragedia producto de una eventualidad estructural no intencional, y que el tipo penal aplicable sería el de imprudencia, para el cual considera que bastaría con una garantía económica o presentación periódica.
Clamor social y expectativas
El caso ha provocado un amplio repudio social por tratarse de una tragedia que pudo haberse evitado. Entre las víctimas se cuentan asistentes de distintas edades, personal del local y hasta el reconocido artista Rubby Pérez, quien amenizaba el evento la noche del derrumbe.
Familiares de las víctimas han solicitado justicia y sanciones ejemplares para los responsables, mientras organizaciones civiles piden una revisión exhaustiva de las normativas que rigen los espacios de espectáculos en el país.
