Exdiputado traficó más de 51,000 kilos de cocaína a EE. UU. en tres años
Santo Domingo, 3 enero – El exdiputado Miguel Gutiérrez confesó ser un narcotraficante que traficó más de 51,000 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos durante un lapso de seis años, comprendido entre 2014 y 2020. Utilizó como centros operativos Colombia y la República Dominicana.
A pesar de su rol como traficante, la Fiscalía General de Estados Unidos no lo consideró un líder de cartel, limitando su implicación al ámbito de gerencia y supervisión.
Gutiérrez, previamente electo como diputado representando a Santiago por el Partido Revolucionario Moderno, enfrentará una recomendación de sentencia de 192 meses de prisión. Sin embargo, esta recomendación, basada en sus colaboraciones, no garantiza su aceptación por parte del tribunal, dejando la posibilidad de que el acusado no pueda retirar su declaración de culpabilidad.
El exdiputado colaborará proporcionando información, testimonios, documentos y cualquier otra prueba necesaria, así como asistiendo a procedimientos judiciales y reuniones cuando sea requerido. También trabajará en operaciones encubiertas bajo supervisión de las fuerzas del orden y agentes judiciales, según el acuerdo alcanzado con los fiscales y que reseña el diario El Día, de Santo Domingo.
Además, renunció a proteger a cualquier individuo o entidad mediante información falsa u omisión, exponiéndose a cargos por perjurio si incrimina a alguien o divulga información confidencial.
Las autoridades estadounidenses confiscarán sus propiedades, incluyendo siete millones 500 mil dólares por tráfico de cocaína y seis millones de dólares por lavado de activos. Entre los bienes confiscados en República Dominicana se encuentran sumas en dólares y pesos, relojes de lujo, así como varios vehículos.
Una vez cumplidos sus compromisos, Gutiérrez será deportado de Estados Unidos.
Se declaró culpable de traficar cocaína en el sur de la Florida, República Dominicana y Colombia, enfrentando una posible condena a cadena perpetua o un mínimo de diez años de prisión seguidos por libertad condicional.
En cuanto al cargo de lavado de activos, la pena podría ser de diez años de prisión y al menos tres años de libertad supervisada. El tribunal puede imponer una multa de US$10 millones 500 mil entre ambos cargos.
Sin embargo, su confesión y disposición para colaborar no aseguran evitar una condena a cadena perpetua, y aunque renunció a ser formalmente acusado, el tribunal determinará la sentencia considerando los hechos, sin garantizar un período específico de reclusión. Se espera que el Gobierno de EEUU calcule una sentencia consultiva basada en la investigación, aunque el tribunal tiene la potestad de ignorar el acuerdo.
