Exoneraciones legislativas: Un privilegio cuestionado que cuesta miles de millones al Estado dominicano
Santo Domingo, 19 de noviembre – Las exoneraciones fiscales que permiten a los legisladores dominicanos importar vehículos sin pagar impuestos siguen siendo objeto de controversia, ya que este beneficio se utiliza para traer al país unidades de lujo o, en algunos casos, es vendido a terceros.
Según un reportaje publicado por Diario Libre, en los últimos cuatro años se importaron 499 vehículos amparados en estas exenciones, de los cuales más de 170 son modelos de lujo y deportivos, incluyendo Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas, el Estado dejó de recaudar 2,140 millones de pesos en impuestos por estas importaciones entre 2020 y julio de 2024. El 73 % de los vehículos era nuevo, y entre los modelos más destacados figuran 68 Porsche, 51 Ferrari, 35 Lamborghini, 9 Rolls-Royce, 8 McLaren y 3 Aston Martin. Sin embargo, estos vehículos no suelen verse estacionados en el Congreso Nacional, lo que alimenta las sospechas de que el beneficio es frecuentemente revendido.
El privilegio, que data de 1966 y está regulado actualmente por la Ley 57-96, permite a los 190 diputados, 32 senadores y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano importar vehículos sin límites en cuanto a marca, modelo, precio o cilindraje.
La exoneración cubre todos los gravámenes, incluyendo el 20 % de impuesto aduanal y el 18 % del ITBIS. Estos vehículos, aunque deben permanecer en manos del legislador durante al menos dos años antes de ser transferidos, suelen venderse incluso antes de ese plazo a través de transacciones informales.
Este sacrificio fiscal ha representado un alto costo para el Estado. En 2021, Diario Libre reportó que entre 2010 y septiembre de 2021, las importaciones legislativas ascendieron a 1,148 vehículos, lo que supuso una pérdida fiscal de 2,649.8 millones de pesos. Ahora, en apenas cuatro años, el sacrificio ha sumado más de 2,140 millones, reflejando una tendencia al alza en el uso de este beneficio.
El diputado Rafael Castillo, vocero del partido Fuerza del Pueblo, reconoció que muchos legisladores venden estas exoneraciones. «Eso es lo más penoso: que muchas personas se dedican a venderlas», admitió. En su caso, explicó que en 2023 utilizó su exoneración para adquirir una yipeta Mercedes Benz del 2021, que ya estaba en el país, y pagó solo la diferencia tras entregar el beneficio a una agencia de vehículos. La transacción significó que el Estado dejara de percibir 4.3 millones de pesos.
En 2020, Castillo también figura como responsable de la importación de un McLaren del 2018, un carro deportivo usado, cuya exoneración representó un sacrificio fiscal de 6.4 millones de pesos. Estas prácticas son comunes entre los legisladores, quienes muchas veces prefieren monetizar su beneficio en lugar de importar un vehículo para uso personal.
Intentos fallidos de reforma
A lo largo de los años, se han hecho múltiples intentos por modificar o eliminar estas exoneraciones, pero todos han fracasado. En 2020, los entonces senadores Julio César Valentín y Tommy Galán propusieron eliminar el privilegio y, en su defecto, establecer un límite máximo de 70,000 dólares al precio del vehículo exonerado. Más recientemente, en 2023, el diputado José Benedicto Hernández sugirió reducir la exoneración a un solo vehículo con un precio de fábrica máximo de 150,000 dólares.
El gobierno también intentó eliminar este beneficio a través del fallido Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, presentado en octubre pasado. La iniciativa proponía derogar la ley de 1966 que originó estas exoneraciones como parte de un paquete de medidas destinadas a aumentar las recaudaciones fiscales. Sin embargo, la propuesta enfrentó una fuerte oposición y fue retirada.
Pese a las críticas, algunos legisladores defienden la vigencia de estas exoneraciones. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que este beneficio «no da ni siquiera para el inicial de un vehículo». No obstante, en la base de datos obtenida, aparece un Ferrari nuevo, importado a nombre de De los Santos en 2023, que representó una exoneración de 10.1 millones de pesos, así como una yipeta Lexus nueva del 2020, exonerada por 2.1 millones.
Por su parte, el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara Baja, Amado Díaz, también justificó las exoneraciones, señalando que otros sectores, como el empresarial y hotelero, reciben beneficios fiscales sin ser criticados. A su nombre figura la importación de un Ferrari nuevo, del 2023, que costó al Estado 12 millones de pesos en impuestos no percibidos.
Algunos legisladores proponen soluciones para reducir el impacto fiscal de estas exoneraciones. Rafael Castillo sugirió que estas se reemplacen por un bono único para adquirir un vehículo durante los cuatro años de gestión. Sin embargo, esta propuesta y otras similares enfrentan resistencia tanto dentro como fuera del Congreso.
