Expertos critican Código Penal: Más problemas que soluciones?
Santo Domingo, 18 julio – El debate en torno al nuevo Código Penal es intenso y polarizador. Según los destacados abogados Laura Acosta, Francisco Álvarez Martínez y María del Pilar Zuleta, quienes participaron en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el proyecto actual plantea más problemas de los que resuelve.
Desde su perspectiva, aunque el código introduce nuevos tipos penales como la violación de llamada al ser detenido, el robo de identidad, y la estafa piramidal, entre otros, estos avances se ven opacados por deficiencias significativas.
Laura Acosta advierte sobre la mezcla de elementos modernos con procedimientos jurásicos, lo cual podría llevar a consecuencias inesperadas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo, situaciones tan simples como un accidente laboral podrían resultar en implicaciones penales injustas para individuos o empresas, en lugar de abordarse conforme al Código de Trabajo vigente.
Para Acosta, el principal problema radica en los problemas procesales que surgirán debido a la redacción imprecisa y a la falta de claridad en varios artículos. Esta falta de precisión no solo podría complicar la aplicación del código, sino que también podría llevar a una injusticia generalizada.
María del Pilar Zuleta se une a la crítica, señalando que el código ha elevado a la categoría de delitos asuntos que ya estaban regulados por el Código Civil y otras legislaciones específicas, lo cual podría tener repercusiones negativas para toda la sociedad.
Francisco Álvarez Martínez, especialista en derecho penal, subraya la preocupación por la amplia discrecionalidad que confiere el nuevo código a funcionarios y profesionales como médicos y contadores, obligándolos a denunciar ciertas infracciones so pena de prisión. Esta medida, según Álvarez, podría generar un clima de temor e incertidumbre entre los profesionales.
Uno de los puntos de fricción importante es la terminología empleada en el código, que elimina la clasificación tradicional de crímenes, delitos y contravenciones, optando por categorías como infracciones graves, muy graves o leves según el daño causado. Esta simplificación, según Acosta, podría perjudicar la coherencia jurisprudencial y la interpretación clara de las leyes.
En cuanto a la constitucionalidad del código, Zuleta y Álvarez coinciden en que varios aspectos podrían ser cuestionados ante los tribunales, ya que parecen contravenir principios constitucionales y compromisos internacionales del país.
A pesar de estos desafíos, Zuleta reconoce ciertos avances positivos en el código, como la penalización del homicidio agravado y el reconocimiento del feminicidio, reflejando un esfuerzo por abordar problemas graves como la violencia de género.
