Familiares de expropiados desisten de querella contra Donald Guerrero y exigen pago pendiente: “Ya se hizo justicia”

SANTO DOMINGO, 13 sept.– En la audiencia celebrada este jueves por el caso Calamar, los abogados que representan a la familia Reyes y a otros querellantes sorprendieron al tribunal al presentar un desistimiento formal de la acusación contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

La decisión marca un giro importante en este proceso judicial, originalmente vinculado a presuntos actos de corrupción en el manejo de pagos por expropiaciones de terrenos.

Los representantes legales de los querellantes explicaron que, tras haber escuchado en su totalidad la acusación formulada por el Ministerio Público, concluyeron que las imputaciones de la Procuraduría General de la República no reflejan ni protegen los intereses reales de sus representados.

En lugar de ello, señalaron que las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Guerrero fueron transparentes, legales y en cumplimiento estricto de mandatos judiciales.

“El Estado, a través de Hacienda, ya pagó gran parte de lo que estaba ordenado judicialmente. Lo único que corresponde ahora es que se libere el 20% restante, para que nuestros representados, muchos de ellos envejecientes y en condiciones económicas precarias, reciban lo que por derecho les corresponde”, afirmó el abogado Patricio Mañón.

Mañón también denunció que la pretensión del Ministerio Público de declarar en decomiso las parcelas en disputa no solo perjudica a los propietarios legítimos, sino que favorece únicamente al Estado.

“No vamos a adherirnos a esas pretensiones. Nuestros clientes han esperado décadas para recibir lo que les pertenece. Esta medida los revictimiza y viola principios elementales de justicia”, declaró.

El abogado recordó que existen sentencias definitivas que obligan al Estado a completar el pago, pero que dicho proceso ha sido obstaculizado por la oposición del procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabeza la Dirección de Persecución del Ministerio Público.

Además, acusó al Ministerio Público de beneficiar con criterios de oportunidad a terceros que, según dijo, recibieron miles de millones de pesos, mientras las familias afectadas viven hoy en la miseria y enfrentan estigmatización social.

“Mientras otros se quedaron con el dinero, nuestros representados —gente de trabajo, en su mayoría envejecientes— viven con temor y necesidad. Esto es una injusticia que clama al cielo”, agregó.

Por su parte, el abogado Julio César Ventura hizo un llamado a garantizar la institucionalidad y el respeto a la Constitución dominicana. “Si el Estado se apropia de un bien privado, tiene la obligación de compensar a sus propietarios. De lo contrario, se rompe el principio de seguridad jurídica, y sin ella, la inversión extranjera se ve comprometida”, advirtió.

Ventura reiteró que el tribunal debe ordenar al Ministerio de Hacienda la liberación inmediata de los fondos pendientes. “El artículo 51 de la Constitución es claro: hay que indemnizar. Lo que pedimos es que se cumpla con la deuda social que arrastra el Estado con estas familias”, puntualizó.