Fanatismo y dictadura de las redes

Cristhian Jiménez

El predominio de gobiernos au­toritarios sobre los liberales en la historia nacio­nal, ha condicionado la con­ciencia ciudadana.

Difícil la democracia sin demócratas, suelo de­cir (frase que escuché a un entrañable amigo) ante la intolerancia y la incom­prensión sobre el rol de los órganos de control, de con­trapeso.

El vicioso presidencia­lismo criollo distorsiona el ejercicio democrático y eso se ha normalizado en extre­mos peligrosos.

Constitucionalmente ór­ganos de poder tienen inde­pendencia presupuestaria, administrativa y funcional, pero a la hora de asignar los recursos el Poder Ejecutivo decide que toca a cada insti­tución.

El colmo es que los presi­dentes, que siempre juegan un rol fundamental en los procesos electorales en fa­vor de sus partidos (cuan­do se trata de repostulación es más grave) resuelven la asignación del organizador y del árbitro contencioso de las elecciones y suelen co­mentar con compasivo ci­nismo: “si les falta dinero, yo lo busco”.

(La Suprema Corte de Justicia y los órganos cons­titucionales deberían dis­cutir sus presupuestos con los técnicos del Congreso Nacional, vigilados celo­samente por la Cámara de Cuentas. Ésta última bajo el ojo de los congresistas)

En el contexto de estas distorsiones, cuando la Pro­curaduría investiga o dispo­ne el apresamiento de un funcionario oficial se le im­puta dificultar la labor del gobierno.

Ocurre igual reacción si Contrataciones Públicas, otro organismo del Poder Ejecutivo indaga o cuestio­na compras dispuestas por funcionarios.

También acontece cuan­do la Junta Central Elec­toral o el Tribunal Supe­rior Electoral adoptan decisiones que desfavore­cen al partido de gobierno y siempre que el Tribunal Constitucional “tumba” un decreto o una resolución gubernamental.

Surgen de inmediato todo tipo de reproches y amenazas y hasta se “sa­caliña” el origen de los votos que posibilitaron aquellos cargos.

La semana pasada se des­ataron los demonios contra el Defensor del Pueblo, Pa­blo Ulloa porque ejercicio su función constitucional y de ley al continuar visitas a hospitales para verificar de­nuncias de alegados apre­samientos de parturientas en los alrededores y el inte­rior de centros de salud.

Esta segunda visita coin­cidió con la censura al país de la Comisión Interameri­cana de los Derechos Hu­manos, que expresó pre­ocupación sobre denuncias de supuesta expulsión de mujeres embarazadas de origen o ascendencia haitia­na. El gobierno dominicano respondió que el comunica­do era injusto e inoportu­no y que era irresponsable pretender una solución de la crisis haitiana a través de República Dominicana.

Ulloa fue recibido por el director de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, quien ofreció explicaciones y estadísticas y concluyó en que ese centro no se persi­gue o deniegan servicios a embarazadas extranjeras.

El Defensor del Pueblo emitió una nota en la que daba cuenta de la visita y las incidencias de la mis­ma. No acusó al gobierno central o a la dirección de Migración.

El cuestionamiento que escaló los peores insultos en las redes, sobre todo de lla­mados “nacionalistas” fue porque ejerció su función de verificación, como es lo correcto ante denuncias de periodistas y ciudadanos haitianos y dominicanos.

Se sumaron perremeis­tas, que entienden que se gobierna a partir de lo que dicten las agitadas redes y sus permanentes habitués.

El colmo es que le repro­charon que reveló también recibió denuncias de fun­cionarios de la ONU sobre la situación y que las inda­gó sin resultados positivos, o sea contrarios al país.

Al final de cuentas la ve­rificación de Ulloa, desde hace dos semanas presi­dente de la Federación Ibe­roamericana de Ombuds­man, beneficia al gobierno y a República Dominicana.

Pero el fanatismo y la pa­sión ciegan, tornan irracio­nales a los individuos.

Y frente al gobierno hay que insistir que no se puede gobernar a partir de lo que un grupito convierte en ten­dencia en las redes.

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