FINJUS urge declarar emergencia nacional ante desorden del tránsito y proliferación de motocicletas
Santo Domingo, 18 de febrero. — La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió que el país no puede seguir postergando una reforma profunda del sistema de tránsito terrestre, al considerar que el crecimiento descontrolado de las motocicletas constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que la debilidad institucional y lo que definió como una actitud pasiva de las autoridades han permitido que gran parte del parque de motocicletas opere sin controles rigurosos. A su juicio, esta situación ha favorecido su vinculación frecuente con hechos delictivos y con los elevados índices de accidentes de tránsito.
Cifras que evidencian la magnitud del problema
Durante su intervención, Castaños Guzmán citó datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), según los cuales, a comienzos de 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
De acuerdo con estas estadísticas, las motocicletas representan alrededor del 58 % del parque vehicular nacional y mantienen un crecimiento superior al 6 % anual, lo que refleja una expansión sostenida que, según FINJUS, no ha estado acompañada de mecanismos eficaces de regulación y fiscalización.
El jurista también citó informes de plataformas internacionales como World of Statistics, que ubican a la República Dominicana entre los países con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en términos per cápita, con 65 fallecimientos por cada 100,000 habitantes. En ese contexto, los motociclistas figuran como el grupo más vulnerable y con mayor incidencia en las estadísticas de víctimas.
Falta de control y debilidad en la aplicación de la ley
Entre las principales causas del deterioro del sistema vial, FINJUS enumeró la violación recurrente de semáforos en rojo, la circulación en vías contrarias y sobre aceras, así como la escasa efectividad en la aplicación de la normativa vigente.
La organización también cuestionó la inexistencia de consecuencias contundentes para los infractores y la limitada coordinación entre las instituciones responsables de regular y fiscalizar el tránsito, factores que —según señaló— alimentan un clima de impunidad y desorden.
Propuesta de emergencia nacional
Frente a este panorama, Castaños Guzmán instó al Gobierno y a los distintos sectores sociales a asumir decisiones firmes e inmediatas, incluyendo la posibilidad de declarar una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta contempla la convocatoria de actores públicos y privados para consensuar soluciones integrales, así como la implementación de un régimen de sanciones efectivas que desincentive la conducción temeraria y fortalezca el respeto a la ley.
Para FINJUS, la reorganización del sistema de transporte no debe entenderse únicamente como un asunto de movilidad urbana, sino como una condición esencial para preservar la seguridad y la calidad de vida de la población dominicana.
