Finjus y Participación Ciudadana exigen amplio debate nacional sobre la Reforma Constitucional en República Dominicana

Santo Domingo, 22 de agosto – La propuesta de reforma constitucional actualmente en curso en el Senado de la República Dominicana ha suscitado un amplio debate entre diversos sectores del país. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana (PC), dos de las organizaciones más influyentes en el ámbito cívico y jurídico, han manifestado la necesidad de un diálogo inclusivo que involucre a todos los sectores de la sociedad para asegurar que las modificaciones propuestas a la Carta Magna respondan a las necesidades colectivas y fortalezcan la democracia en el país.

Mediante comunicados de prensa separados, ambas organizaciones expresaron su respaldo a la iniciativa del presidente Luis Abinader de someter un proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y convoca a la Asamblea Nacional Revisora para discutir las posibles modificaciones.

Sin embargo, tanto Finjus como Participación Ciudadana coinciden en que los cuatro temas principales de la propuesta deben ser objeto de un análisis profundo y de una discusión abierta con la participación de todas las partes interesadas.

Finjus, en particular, subraya la importancia de que la reforma constitucional sea abordada con la mayor seriedad, destacando que cualquier cambio en la Constitución, que es la ley fundamental de la nación, requiere un consenso amplio y sólido.

La organización enfatiza que las reformas en el marco normativo son inevitables y, en muchos casos, saludables, pero advierte que tocar el terreno de la Constitución es una labor delicada que debe garantizar la armonía y el equilibrio de los poderes del Estado.

Según Finjus, es crucial que las reformas promuevan reglas de representación equitativas y efectivas, al tiempo que preserven los derechos fundamentales de los ciudadanos sin comprometer la estabilidad jurídica del país.

Participación Ciudadana, por su parte, ha expresado su acuerdo con la necesidad de discutir cuidadosamente los cuatro temas planteados en la reforma. La organización insiste en que cualquier decisión debe orientarse hacia el fortalecimiento de la democracia dominicana, más allá de los intereses particulares.

Leidy Blanco, miembro del Consejo y Coordinadora de la Unidad de Análisis Político de Participación Ciudadana, resaltó el apoyo de su organización a varios puntos clave de la reforma, en particular las medidas destinadas a impedir la reelección presidencial y fortalecer la autonomía del Ministerio Público.

Blanco enfatizó la importancia de incluir disposiciones claras en la Constitución que impidan a cualquier persona beneficiarse directamente de las reformas que proponga.

En su opinión, esta es una medida crucial para asegurar la estabilidad y evitar que la Constitución sea modificada para satisfacer intereses individuales. Además, Blanco sostuvo que la Constitución ya establece límites claros sobre la reelección, pero agregó que incluir un artículo transitorio que prohíba a los reformadores beneficiarse de sus propios cambios fortalecería aún más este principio.

El proyecto de reforma constitucional tiene como objetivos principales garantizar la estabilidad de las reglas para la elección presidencial, robustecer la autonomía del Ministerio Público, ajustar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados y unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Estos cambios, según los defensores de la reforma, están diseñados para mejorar la eficiencia y representatividad del sistema político dominicano.

Finjus, al evaluar la propuesta de consolidación de la figura del procurador general de la República, destacó la importancia de definir claramente esta figura para asegurar que cumpla con sus funciones de manera independiente y eficaz.

La organización advirtió que el carácter de inamovilidad del procurador debe ser analizado con mucha cautela, ya que cualquier decisión precipitada podría tener consecuencias contraproducentes.

En cuanto a la propuesta de consolidar la independencia del Ministerio Público, Participación Ciudadana mostró su apoyo, subrayando la necesidad de proteger esta institución de cualquier tipo de politización. Aunque reconocen que es imposible garantizar una independencia absoluta del Ministerio Público, tanto Finjus como PC consideran crucial tomar medidas que minimicen la influencia política y aseguren que el Ministerio Público pueda desempeñar su papel de manera justa e imparcial.

Una de las propuestas que ha generado más controversia es la reducción del período de inamovilidad del procurador general de cuatro a dos años. Participación Ciudadana se opone firmemente a esta modificación, argumentando que podría poner en riesgo la independencia del procurador, permitiendo su destitución antes de que pueda cumplir con su mandato.

Según PC, la inamovilidad de jueces y fiscales es la columna vertebral de la independencia del Poder Judicial, y cualquier reducción en este período podría socavar la confianza en el sistema de justicia.

Leidy Blanco también cuestionó la propuesta de reducir el número de diputados en el Congreso Nacional mientras se aumenta el número de diputados nacionales de cinco a veinte. Para ella, esta medida es contradictoria y podría no lograr el objetivo de mejorar la representatividad en el Congreso.

Además, abogó por la eliminación del Parlamento Centroamericano (Parlacen), argumentando que este órgano representa un gasto innecesario para el Estado y no contribuye significativamente a la gobernabilidad del país. Blanco sugirió que la reforma constitucional era una excelente oportunidad para eliminar el Parlacen y reasignar esos recursos a áreas más productivas.

Por su parte, Finjus coincide en que la disminución del número de diputados en función de la densidad poblacional podría mejorar la eficiencia en la representatividad.

Sin embargo, también expresaron preocupación de que el aumento de diputados nacionales podría llevar a una desproporción en la representación de las diferentes demarcaciones del país. La organización recomendó que se utilice el debate constitucional como una oportunidad para reflexionar sobre la estructuración y beneficios del Parlacen, así como para evaluar si su existencia sigue siendo pertinente para los intereses de la República Dominicana.

Mientras tanto, aunque el proyecto de reforma constitucional aún no ha llegado a la Cámara de Diputados, algunos legisladores ya han adelantado que la propuesta será modificada durante su revisión en la comisión bicameral. Diputados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC) han expresado su apoyo a las discusiones sobre la reforma, pero también han indicado que se realizarán cambios antes de que el proyecto sea aprobado.

Participación Ciudadana ha reiterado su preferencia por mantener la separación de los comicios en el país, como se hacía anteriormente, con un intervalo de dos años entre las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Para la organización, esta separación es fundamental para asegurar que cada proceso electoral reciba la atención y el enfoque necesario por parte de los votantes y los partidos políticos, y para evitar la concentración de poder en un solo ciclo electoral.

Finjus, por su parte, insiste en que cualquier reforma debe ser planteada en términos claros y transparentes, con una evaluación exhaustiva de los posibles resultados.

Según la organización, es crucial que el proceso de reforma no se limite a la simple modificación de artículos de la Constitución, sino que se enfoque en fortalecer la estructura democrática del país y en garantizar que las reformas propuestas beneficien a la mayoría de los ciudadanos sin sacrificar la estabilidad jurídica y social.