Firma estadounidense representará a víctimas del colapso en Jet Set; plantean demandas en EE. UU. y señalan responsabilidad del Estado
Santo Domingo, 28 de abril de 2025.- La firma norteamericana Silva & Silva, P.A. anunció que asumirá la representación legal de las víctimas y familiares, tanto nacionales como extranjeros, afectados por el colapso del techo en el club nocturno Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril en Santo Domingo.
Durante una rueda de prensa, los representantes de la firma detallaron que los reclamos de las víctimas extranjeras, especialmente los ciudadanos norteamericanos, serán llevados ante la jurisdicción de Estados Unidos. Argumentaron que los propietarios de Jet Set y al menos 20 de las víctimas son estadounidenses, además de que la discoteca está registrada como una marca comercial en el Estado de Nueva York.
Respecto a los afectados dominicanos, los abogados recomendaron una estrategia diferente: presentar una demanda patrimonial independiente contra el Estado dominicano. Basan esta sugerencia en el limitado panorama financiero del propietario de Jet Set y de la empresa misma.
“Queremos lograr tres cosas para nuestros clientes: respuestas, compensación y cambio. Eso es lo que verdaderamente se necesita en este caso”, afirmó Benjamín Fernández, abogado litigante especializado en casos de lesiones personales catastróficas.
Para las acciones legales en República Dominicana, Silva & Silva trabajará en colaboración con el abogado local Ángel Lockward.
Posibles consecuencias penales para propietarios de Jet Set
Durante su intervención, los abogados señalaron la posibilidad de que los gerentes y accionistas de la discoteca enfrenten cargos penales. Según explicaron, podrían ser procesados por violaciones al artículo 319 del Código Penal dominicano, lo que permitiría a los familiares de las víctimas reclamar no solo indemnizaciones, sino también penas privativas de libertad de entre seis meses y dos años.
Lockward aportó detalles sobre la situación financiera de la empresa, subrayando que, aunque Jet Set facturaba entre 500 y 600 millones de pesos dominicanos anualmente —aproximadamente 70 millones de pesos mensuales—, su capital registrado como propiedad intelectual asciende apenas a 100,000 pesos.
“El seguro que tengan, si existe, repartido entre todas las víctimas, no alcanzaría ni para asegurar el meñique de una de ellas. Eso es responsabilidad del Estado”, expresó Lockward, advirtiendo que cualquier monto que pudiera pagarse desde los fondos de la empresa sería insuficiente para hacer justicia a los afectados.
En consecuencia, sostuvo que el Estado dominicano debería asumir una responsabilidad compartida como copagador, especialmente en beneficio de las personas de escasos recursos afectadas por el siniestro, considerando esta acción como un “acto de justicia”.
Críticas a la supervisión estatal
Finalmente, Lockward se refirió a las declaraciones recientes del presidente Luis Abinader durante «LA Semanal», donde este mencionó un posible «vacío legal» en cuanto a la supervisión técnica de construcciones privadas. Según Lockward, ese vacío no debería existir, ya que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, junto con sus viceministerios, tiene bajo su competencia la regulación, supervisión y control de las obras privadas, de acuerdo con las normativas vigentes.
Los abogados insistieron en que la falta de supervisión y la negligencia no solo deben ser imputadas a los propietarios de Jet Set, sino también al Estado, que debía velar por la seguridad de las construcciones de uso público.
El proceso legal ahora se divide entre dos frentes: el internacional, para los ciudadanos estadounidenses, y el nacional, en busca de una justicia que alcance a todos los afectados por esta tragedia que ha sacudido a la sociedad dominicana.