Fiscal federal recomienda reducir a 65 meses condena a exdiputado narco
Santo Domingo, 4 enero – La Fiscalía Federal de Estados Unidos tomó una decisión en el caso de Miguel Gutiérrez, exdiputado de la provincia de Santiago, al acoger una moción presentada por este último, quien se encuentra detenido bajo cargos de narcotráfico en Miami. La fiscalía ha recomendado la aplicación de una condena de cinco años y cinco meses, equivalente a 65 meses de prisión, con efecto a partir del 1 de febrero de 2024.
Esta recomendación se fundamenta en la cooperación de Gutiérrez, quien se declaró culpable y se mostró dispuesto a proporcionar información sobre las operaciones de narcotráfico que llevó a cabo entre los años 2014 y 2020. Se estima que durante este período, Gutiérrez traficó más de 51 mil kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos.
Es importante destacar que las autoridades judiciales estadounidenses han manejado el caso de Gutiérrez independientemente del sistema judicial dominicano, el cual no ha presentado cargos contra el exlegislador por Santiago. Además, se desconoce el estado actual de sus bienes en la República Dominicana.
Miguel Gutiérrez, quien en 2020 se convirtió en el candidato a diputado más votado por la provincia de Santiago, tuvo una participación legislativa breve y poco destacada entre sus pares.
En un contexto electoral previo, el exprocurador general de la República y precandidato presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito, advirtió sobre la posible influencia del narcotráfico en las elecciones, generando alarmas en ese momento.
La Cámara de Diputados ha sido criticada por la lentitud en la aplicación de sanciones, ya que nunca se emitió una recomendación formal por parte de la comisión encargada del caso de Gutiérrez. La suspensión del exdiputado se logró mediante un acuerdo en el cual renunció a su curul.
En abril de 2022, EL DÍA informó sobre investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría, que involucraban a varios legisladores en una red de lavado de activos, resultado de la denominada Operación Falcón.
Entre los implicados, se encuentra la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos en conexión con una red supuestamente liderada por su esposo, Miguel López. En este caso, el PRM rechazó la candidatura de Pilarte, mientras que otros implicados en el caso Calamar no recibieron el mismo trato.
En junio del año pasado, el PRM anunció que intensificaría las evaluaciones realizadas a los aspirantes a cargos de elección popular, prometiendo una mayor transparencia en el manejo financiero de los candidatos y habilitando una herramienta en su portal web para investigar y reportar irregularidades por parte de los ciudadanos.
A pesar de estas iniciativas, no se han publicado resultados de estas investigaciones, y el tema parece haber caído en el olvido. La implementación de una ley de extinción de dominio y otra para regular su aplicación han sido propuestas para contrarrestar la influencia del crimen organizado en la política y reforzar el sistema legal.
