Fiscal implicado en caso de soborno habría presionado a testigo clave en investigación vinculada a SENASA
Santo Domingo, 30 marzo. – El Ministerio Público investiga a un fiscal acusado de presuntamente exigir sobornos a un testigo clave en una investigación de corrupción vinculada al Seguro Nacional de Salud (Senasa), en un caso que ha generado preocupación por el posible uso indebido de poder dentro del sistema judicial dominicano.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara habría solicitado inicialmente la suma de 200 mil dólares a Roberto Antonio Canaán, exgerente de Atención al Usuario de Senasa, quien figura como testigo relevante en las pesquisas sobre presuntas irregularidades administrativas dentro de esa institución.
Según el expediente, el encuentro entre el fiscal y el testigo se produjo el pasado 13 de marzo en el parqueo de un establecimiento comercial, donde el representante del Ministerio Público habría utilizado información privilegiada para presionar a Canaán, con el objetivo de obtener beneficios económicos a cambio de influir en el curso de la investigación.
Las autoridades sostienen que la exigencia inicial fue posteriormente reducida a 150 mil dólares, aunque el fiscal habría añadido condiciones adicionales, incluyendo la entrega de un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450, de color negro. De acuerdo con el documento, incluso rechazó propuestas de menor valor, como vehículos de otras marcas, insistiendo en sus requerimientos.
El Ministerio Público, encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, señala que el fiscal mantuvo una presión constante sobre el testigo mediante llamadas telefónicas reiteradas, en las que exigía concretar el pago. En ese contexto, habría fijado el 24 de marzo como fecha límite, advirtiendo que, de no cumplirse con lo solicitado, procedería a judicializar el caso en su contra.
Este elemento es considerado particularmente grave por los investigadores, ya que Canaán no solo es un exfuncionario, sino también una fuente clave de información dentro del proceso que busca esclarecer posibles actos de corrupción en el sistema de salud pública.
En sus declaraciones ante las autoridades, el testigo ha ofrecido detalles sobre el funcionamiento interno de estructuras administrativas y procesos de contratación en Senasa, incluyendo la presunta existencia de mecanismos irregulares en la adjudicación de contratos y la influencia de actores externos en decisiones institucionales.
Asimismo, sus testimonios han permitido identificar conexiones entre funcionarios, suplidores y estructuras de poder que, según el Ministerio Público, podrían haber operado de manera coordinada para obtener beneficios económicos indebidos.
En ese contexto, la presunta actuación del fiscal adquiere una dimensión aún más delicada, al tratarse de un funcionario encargado precisamente de investigar y perseguir delitos, lo que, de comprobarse, constituiría una grave violación a los principios de legalidad y transparencia.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción de la justicia, la jueza de instrucción especial Isis Muñiz Almonte autorizó el allanamiento de la residencia del fiscal, ubicada en el Residencial Amanda II, en Santo Domingo Este, como parte de las diligencias investigativas.
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara enfrenta cargos preliminares por presuntas violaciones a los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, relacionados con corrupción y cohecho, así como a disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La autorización judicial se sustentó en evidencias iniciales presentadas por el Ministerio Público, entre ellas una nota de inteligencia y la autorización de una entrega vigilada de dinero emitida el 27 de marzo, lo que forma parte de las estrategias utilizadas para documentar el presunto acto ilícito.
