Fiscalía acusa a hermanos Espaillat de desprecio a la vida humana
Santo Domingo, 16 de junio de 2025 – En medio de un ambiente cargado de tensión y expectación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dio apertura este domingo al proceso judicial contra los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, quienes enfrentan graves acusaciones por el colapso del techo del establecimiento, una tragedia que ha marcado profundamente a decenas de familias dominicanas.
La audiencia de conocimiento de medida de coerción, que tuvo lugar en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, debió ser pospuesta tras la solicitud de la defensa, que alegó no haber sido debidamente notificada ni contar con acceso completo al expediente. El juez Rigoberto Sena acogió el pedido, fijando una nueva audiencia para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana.
El escenario en la sala de audiencias fue revelador. Maribel Espaillat fue la primera en ingresar, visiblemente afectada y con un semblante apagado. Vestía lo que parecía una pijama de rayas azules y blancas, y caminaba sostenida por un agente de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).
Minutos después entró su hermano Antonio, esposado, con casco protector y chaleco antibalas, mostrando una actitud serena, al igual que en el momento de su arresto. Vestía una chacabana blanca y jeans.
La defensa de los imputados argumentó que no había tenido acceso completo a las querellas presentadas por las víctimas, razón por la cual el juez otorgó un plazo hasta este lunes para que todas las denuncias sean debidamente formalizadas. Asimismo, autorizó que Antonio Espaillat pueda reunirse con sus abogados en la cárcel para definir su estrategia legal.
En la audiencia estuvo presente el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien no escatimó en calificativos al describir la conducta de los acusados. Según Camacho, el colapso en Jet Set no fue un accidente, sino el resultado de una serie de decisiones negligentes y una conducta que describió como “una muestra absoluta de desprecio a la vida humana”.
“Dos personas prefirieron poner sobre la vida y seguridad de sus clientes, sus intereses personales”, sentenció el magistrado a su salida del tribunal. Camacho también reveló que la solicitud de medida coercitiva está respaldada por más de 130 medios de prueba, que incluyen peritajes técnicos, testimonios de víctimas y documentación interna de la discoteca, los cuales —según afirmó— evidencian claramente la responsabilidad penal de los hermanos Espaillat.
Uno de los elementos más graves señalados por el Ministerio Público es la supuesta intimidación a testigos clave por parte de los imputados, lo que agrava el riesgo procesal y refuerza la petición de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel.
La tragedia del Jet Set ha dejado una profunda huella emocional y física en sus víctimas. Aracelis Santana, una de las afectadas, se presentó en silla de ruedas al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con lágrimas en los ojos, relató cómo el trauma la persigue desde aquella noche fatídica del 8 de abril.
“No se puede dormir en paz, todo se vuelve a revivir. Mucho grito, todo oscuro, gente pidiendo ayuda… Hay noches que despierto con ese recuerdo”, narró con voz quebrada, mientras exigía una justicia imparcial y transparente.
Otro testimonio estremecedor fue el de Crismarlin Encarnación, quien sufrió fracturas en la columna, piernas y un brazo. “No es fácil vivir con este dolor, con esta realidad. Solo pido justicia”, expresó.
El domingo también se conoció que 30 nuevas querellas fueron interpuestas por víctimas del colapso, sumándose a las ya existentes. El abogado Félix Portes, representante de varios querellantes, informó que las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público se centran en el delito de homicidio involuntario. Sin embargo, sus representados exigen una calificación más severa: homicidio voluntario con dolo intencional.
Portes argumentó que aunque los acusados no tuvieran la intención directa de provocar el derrumbe, estaban plenamente conscientes de las condiciones estructurales del local y aun así decidieron continuar operando. “Ellos sabían de los riesgos, pero optaron por seguir adelante por razones económicas, lo cual implica un dolo eventual”, explicó.
A raíz del alto número de víctimas y de la complejidad de los hechos, los fiscales también han solicitado al juez que declare el caso como complejo, lo que permitiría una extensión en los plazos procesales para la recolección de pruebas y desarrollo del juicio.
El caso Jet Set ha generado un fuerte debate público en torno a la seguridad de los establecimientos de entretenimiento en el país y la responsabilidad de sus propietarios. La tragedia ha puesto en evidencia las fallas en los sistemas de supervisión, así como la fragilidad de la infraestructura en espacios que albergan grandes concentraciones de personas.
