FMI destaca avances y urgencias de la República Dominicana, pero insiste en la necesidad de una reforma fiscal integral
Santo Domingo, 11 de septiembre – El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su consulta del Artículo IV con la República Dominicana, subrayando los efectos positivos de la recién promulgada ley de responsabilidad fiscal, pero advirtiendo sobre la necesidad de una «imperiosa» reforma fiscal.
El organismo internacional destacó la importancia de implementar una reforma integral que garantice el equilibrio de las finanzas públicas a largo plazo.
Un día después de que el presidente Luis Abinader anunciara que el Poder Ejecutivo presentará la reforma del gasto público y la eficiencia institucional la próxima semana, el FMI hizo públicos sus resultados, que sugieren que dichas reformas deben complementarse con una reestructuración tributaria que se implementará «más adelante».
Necesidad de una reforma fiscal integral
El FMI señaló la urgencia de una reforma fiscal completa que impulse los ingresos fiscales de manera sostenible, eliminando exenciones tributarias y ampliando la base impositiva. Además, sugirió mejorar la eficiencia del gasto público, lo que incluye la reducción de los subsidios al sector eléctrico y de las transferencias no focalizadas. Estas medidas son clave para generar el espacio fiscal necesario para inversiones en desarrollo, como infraestructuras resilientes a desastres naturales, promoviendo así un crecimiento más inclusivo en la República Dominicana.
El organismo también mencionó que, junto a otras reformas potenciales en los sectores educativo y laboral, se reducirían los riesgos que podrían afectar el desempeño económico a mediano plazo. En cuanto al crecimiento económico, el FMI proyecta que el país cerrará 2024 con un aumento del 5 % en su Producto Interno Bruto (PIB).
Avances en responsabilidad fiscal
El FMI reconoció los avances realizados por las autoridades dominicanas, específicamente con la promulgación de la ley de responsabilidad fiscal, que proporcionará un marco para anclar las políticas a mediano y largo plazo, asegurando la sostenibilidad de la deuda pública. Según el informe, la deuda del sector público consolidado ha superado el 50 % del PIB desde 2019, y se espera que en 2024 alcance el 58.4 %, una disminución de 0.9 puntos porcentuales con respecto a 2023.
El organismo calificó de adecuada la consolidación fiscal gradual prevista por las autoridades dominicanas, la cual, en línea con la nueva ley, permitirá posicionar la deuda en una trayectoria descendente y crear un mayor espacio fiscal.
Reforma tributaria en proceso
El Poder Ejecutivo también está preparando una reforma tributaria que podría incrementar los ingresos fiscales en un 1.5 % a 1.7 % del PIB, lo que equivale a unos 110,000 millones de pesos anuales. Entre las medidas propuestas se incluyen la simplificación del régimen tributario, la ampliación de la base impositiva y la reducción de la informalidad, con el objetivo de incrementar los recursos disponibles para infraestructuras y servicios públicos, y reducir el déficit fiscal.
Esta reforma tendrá un impacto significativo en el Estado, el sector productivo y los hogares, abarcando acciones en torno al manejo del gasto público, los impuestos y la recaudación.
Estabilidad macroeconómica y sugerencias adicionales
El FMI recomendó que, a corto plazo, las autoridades dominicanas continúen enfocándose en mantener la estabilidad macroeconómica y financiera, lo que incluye una mayor flexibilidad en el tipo de cambio y el uso de mecanismos de cobertura para mitigar choques en el mercado cambiario. Además, sugirió que el Banco Central debe ser recapitalizado para reforzar su autonomía y liberarlo de su deuda cuasi fiscal.
En el ámbito financiero, el FMI pidió un monitoreo cuidadoso del sector, debido a la posibilidad de tasas de interés más altas y un crecimiento acelerado del crédito. También hizo un llamado a implementar políticas de adaptación climática que promuevan un crecimiento inclusivo y resiliente, y a seguir avanzando en reformas clave en las áreas educativa, laboral y eléctrica.
